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Requena (20/11/20) Fuente elconomista.es/Gonzalo Velarde
Tras cuatro años de negociación y casi una década del último acuerdo alcanzado entre los partidos políticos, el Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones. Con la culminación de la aprobación del texto, el mandato para la modificación de la ley de Seguridad Social se hace efectivo y el Gobierno deberá ir abordando las reformas que se reclaman para garantizar el futuro de las jubilaciones en nuestro país durante los próximos meses, dando cuenta de las decisiones a los partidos representados en la Comisión parlamentaria.
«Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social», manifestó la presidenta del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que cree que este sistema «es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política». Además, durante su intervención, ahora al acuerdo entre Gobierno, organizaciones sindicales y patronales.
El texto, según adelantó elEconomista, sale del Congreso en los mismo términos en los que se cerró en la Comisión parlamentaria ya que ninguno de los votos particulares que se han introducido en las últimas semanas ha recogido el apoyo suficiente para sustanciarse. De hecho, según fuentes cercanas al Pacto de Toledo, confirman que solo los votos particulares que se referían a la conservación de los incentivos fiscales a los planes privados de pensiones han estado a punto de fructificar, si bien no habrían logrado sumar los apoyos necesarios.
Cabe recordar, no obstante, que se trata de un mero trámite que se espera pasar sin sobresaltos ya que las votaciones de los grupos en el Congreso debería reproducirse tal cual se dio en la Comisión. De modo que el único voto en contra fue el de la CUP, mientras se constataron las abstenciones de Bildu, ERC y BNG, a las que se sumaron la de Vox y Foro Asturias, mientras que sí suscitó el apoyo del resto fuerzas, incluido el PP -que tan solo ha introducido una enmienda al texto en la recomendación 16 sobre los sistemas de previsión social complementaria (sobre los incentivos a los planes privados)-. Donde el PP buscaba suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pide más transparencia, y pedía apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no «eliminar» ni «reducir» sus deducciones fiscales.
En este sentido, el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Cabezón, aseguró que «los grupos estamos de acuerdo en lo fundamental, en la defensa del sistema público de pensiones, del cual nos sentimos orgullosos», señalando que llegar a acuerdos «requiere de mucha empatía y generosidad, hacer renuncias y no a dar nada por sentado». En este punto advirtió el portavoz popular que su partido «no consentirá ningún trágala» del Gobierno sobre la reforma y que estarán «vigilantes» para que las medidas abordadas por el Ejecutivo estén en línea con las recomendaciones. Además, aseveró Cabezón sobre la petición de gestión de la Seguridad Social de ERC al Gobierno a cambio de los Presupuestos que «el PP no permitirá que se rompa la Caja Única de la Seguridad Social».
Como se ha mencionado, el texto votado este jueves en el Congreso incluye las 21 recomendaciones elaboradas por los partidos para la reforma de pensiones. Sin embargo, y aunque el mandato para el Gobierno era previsible se sustanciara una vez alcanzado el pacto en la Comisión, el Gobierno ya ha puesto en el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 las primeras piedras de la reforma con el comienzo en la separación de fuentes de financiación (aprobación de transferencias para hacer frente a los gastos impropios de la Seguridad Social) y el traslado de los incentivos fiscales a los planes individuales de pensiones hacia los planes de empleo del segundo pilar.
Pero estos son solo dos de los principales cambios en la jubilación que la reforma introducirá paulatinamente a partir del próximo año. La primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo es donde se prevé la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero mencionado, mientras que en la recomendación número seis se pide que la financiación de los incentivos al empleo no puedan hacerse con cargo a las cotizaciones sociales. Ambas medidas servirán para mitigar el desequilibrio financiero del Sistema y liberar gastos impropios de la Seguridad Social, y cerrar el déficit estructural de 18.000 millones de euros de aquí a 2023. Como ya avanzó elEconomista, el Gobierno realizará una transferencia de 14.000 millones para estos gastos impropios que podrían ser financiados con los Presupuestos Generales y saldrían del pasivo del Sistema.
La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio.
Otra cuestión que quedará fija una vez el Congreso apruebe el texto durante el día de hoy, es la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones. De este modo, las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.
Tal y como ya ha avanzado Escrivá, también se buscarán las formas de articular incentivos positivos para el alargamiento de la vida laboral, de modo que se vaya acercando la edad real de retiro del mercado laboral a la estipulada por ley. Hoy esta edad se encuentra en los 65 años y 10 meses si bien la media de jubilaciones se produce a los 64 años y 6 meses. En 2027, la edad legal de retiro será de 67 años en virtud de los acuerdos de la reforma de 2011, y según los cálculos de la Seguridad Social, por cada año que se le gane a la edad real de jubilación se recortaría un cuarto del déficit de la Seguridad Social (enquistado en 18.000 millones antes del impacto de la pandemia) por lo que se pasarían a ingresar 4.500 millones de euros más al año.
En este sentido, además de respaldar medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.
Por último, el punto que se refiere a la recomendación 10 sobre el impulso de los planes de ahorro complementarios para la jubilación, que ha sido avanzado en los Presupuestos con el recorte de incentivos en sistema individual de un 75%, reduciendo el máximo exento de IRPF a los 2.000 euros anuales, ha puesto al Gobierno de frente al sector privado de previsión social, gestoras y aseguradoras de los ahorradores. Además está la aprobación de un fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo y elevar así el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. Con estas medida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da respuesta a uno de los mandatos del Pacto de Toledo que reclama que se incentive el ahorro de los trabajadores en el seno de la empresa, a través de modelos de fondos colectivos de pensiones como ocurre en el sistema NEST de Reino Unido o con las EPSV del País Vasco.
