El viaje a ninguna parte

EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

Al final de la tertulia radiofónica del pasado jueves, el moderador propuso a los tertulianos que indicásemos nuestro personal veredicto mostrando nuestra opinión sobre quién presumíamos ostentando las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno de España, tras las consultas abiertas por S.M. Felipe VI. Los miembros de cada partido, como no podía ser de otro modo, mentaron a sus propios líderes como respuesta, pero cuando me tocó a mí dar mi propia versión manifesté que, de acuerdo con lo que se iba percibiendo, veía a Pedro Sánchez de presidente, pero de una forma muy singular, al modo de un Rockefeller en manos de su ventrílocuo José Luis Moreno (Iglesias) moviéndole al compás que él le marque.

Como no podía resultar de otra forma mi buen amigo Adelo Montés protestó, manifestando que Sánchez sería presidente sin manejos. No había pasado ni veinticuatro horas, cuando Pablo Iglesias se presentó ante el Rey de España con el traje del muñeco perfectamente confeccionado y el agujero en la espalda para meter su mano. Evidentemente a mi amigo Adelo le había fallado, no únicamente su fuerte que son las matemáticas, sino que también la psicología, habida cuenta que no había considerado en su justa magnitud las capacidades de un leninista persuadido como resulta ser el líder de Podemos.

En consecuencia, siguen todavía más sonoros y vigentes los dimes y diretes y demás comentarios a la luz del momento, en consecuencia la incógnita más persistente sigue campeando sobe el futuro político y económico de España en un momento especialmente delicado. Se habla mucho del mandato ciudadano, pero dicho mandato aparenta ser interpretado, no conforme a la voluntad del núcleo emisor, sino a partir de las subjetivas entendederas de los intereses de cada cual y esa viene a ser realmente la cuestión de fondo a considerar.

La sopa de letras anticapitalista que va desde Podemos hasta la CUP, pasando por las esencias más combativas de la progresía más separatista, abominan del capitalismo vigente, circunstancia que aparenta ser tragada por sus compañeros de viaje, la rancia burguesía nacionalista tapándose la nariz, aceptándoles en calidad de molestos, pero necesarios, compañeros de éxodo hacia su particular Ítaca. Pedro Sánchez, quien está jugando su primer, y quizás, su último cartucho político en un envite que no le va a ofrecer una segunda oportunidad, se encuentra entre la encrucijada del respeto a la normativa constitucional que vertebra el estado de derecho, o el entregarse a la deriva del viaje a ninguna parte que le propone el populismo y su conglomerado de intereses contrapuestos cuya imposibilidad de armonizar ha quedado en evidencia desde el primer momento. Únicamente el odio nunca disimulado hacia Mariano Rajoy y lo que representa viene a constituirse como el exclusivo eje vertebrador entre el representante actual de la socialdemocracia española, el nacionalismo separatista y la extrema izquierda.

Los anticapitalistas de Podemos, abominan del capital, pero paralelamente ya reclaman mediante la interposición de su renombrada Ley 25 de emergencia social, la puesta sobre la mesa de 20.000 millones de euros para ir dando cabida a una serie de reivindicaciones sociales, mediante lo cual, ya comienzan por lanzar a la sociedad opiniones contrarias a la auténtica realidad socioeconómica del país, habida cuenta que Bruselas advierte firmemente que a la economía española, lejos de aumentar los programas de gastos públicos presupuestarios, lo que le viene a hacer falta actualmente para cuadrar sus balances son más ajustes. Así, al menos, lo ha asegurado recientemente el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en la cumbre de Davos. “Hay que comparar sus cifras con las nuestras y creemos, de hecho estamos convencidos, que aún hay una brecha y que podrían ser necesarias medidas adicionales». Esto es lo que aseguró el comisario en declaraciones a Bloomberg desde la cumbre de Davos.

Moscovici apuntilló su afirmación mediante el siguiente anuncio: «En primavera tendremos que enfrentarnos a esta cuestión, y tendrá que hacerse de una forma seria, porque la economía española lo está haciéndolo bien en términos de crecimiento, pero en finanzas públicas también tiene que ser clara y cumplir nuestras reglas, que están perfectamente definidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento».

Lo que el comisario pretendió exponer, vino a ser la realidad de que España precisa urgentemente un gobierno estable que le otorgue legitimidad para elaborar un nuevo presupuesto o, como mínimo reestructurar el actual mediante el recorte de, al menos, 10.000 millones de euros. En consecuencia vino a hacer hincapié en la necesidad de “encontrar una solución urgente” a la actual situación política en España. Moscovici, eso sí, matizó que están a la espera de datos definitivos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea para pronunciarse definitivamente al respecto.

Si consecuentemente con lo expresado, tenemos en cuenta que Bruselas reclama a España un recorte de gasto de unos 10.000 millones de euros como consecuencia de la inflación del presupuesto presentado, y la alternativa que exterioriza el posible gobierno de izquierdas es, solo en principio, un incremento de 20.000, estamos hablando de unas diferencias de 30.000 millones de euros, las cuales deberemos buscar en un mercado que en modo alguno se va a mostrar dispuesto a financiar, sencillamente porque ni dicho mercado, ni por supuesto Bruselas, van a permitir de repente un repunte del déficit de 3 puntos completos sobre la norma establecida. La alternativa solo es una; subir, y no poco, los impuestos, cuando apenas se había iniciado, al calor de la fortaleza de la demanda y del crecimiento y la ampliación de bases imponibles, una ligerísima rebaja que comenzó a despertar el consumo, el empleo y la esperanza de recuperación económica. No está tan lejano el ejemplo de Grecia al este respecto.

En consecuencia, todo ello no propiciará ningún buen estímulo ni para la confianza institucional, ni para el consumo, ni para la inversión ni para el empleo, y además propiciará irremisiblemente el aumento del diferencial del entre la prima de riesgo del bono español, propiciando con ello el incremento de los tipos de interés de una deuda que está en el 100% del PIB (más de un billón de euros), hasta hacerse prácticamente infinanciable. En consecuencia, vamos a tirar por tierra los principales parámetros que precisa nuestra economía para alcanzar a salir plenamente de la crisis social en un país como el nuestro con una tasa de paro que aún sobrepasa nada menos que el 21%, y con cinco regiones españolas, con Andalucía a la cabeza, contabilizando la mayor tasa de paro de la Unión Europea.

El mundo de los negocios temeroso de la posibilidad de que existen probabilidades de que se conforme al final un gobierno que llegue a contar con el populismo y su  adláteres, han paralizado preventivamente sus inversiones quedando a la espera de acontecimientos para decidirse a desembarcar, o no, en España, y, aunque el proceso de freno del crecimiento sea todavía algo lento, a consecuencia de que la inercia de la economía es muy fuerte, y sigue amparada por un crudo muy barato, lo cierto y verdad es que la desaceleración se producirá y el desbarajuste social que dicha circunstancia pueda producir deviene presumible, simplemente porque el Estado en manos de un gobierno de inspiración radical, cuestionada su integridad por parte de algunos grupos políticos que en teoría le lleguen a sustentar y con mucho peso parlamentario de postulados revisionistas de la economía de mercado, es lógico que termine otra vez cuestionado en los mercados, como ya sucedió en 2011, y su recomposición ulterior alcance a ser mucho más que complicada.

El mantenimiento de la confianza, así como el evitar escenarios de vulnerabilidad son cuestiones absolutamente prioritarias para España, lo que hace indispensable que haya un gobierno estable que no varíe el rumbo emprendido en los últimos años en materia de política económica. Estamos escuchando estos días una catarata de propuestas de derogación de leyes, pero ninguna alternativa sostenible que propicie una mejor opción al respecto. Se habla de quitar leyes, pero para hacerlo hay que propiciar otra en su lugar y todavía se desconoce la naturaleza de la ley opuesta, como tampoco explican de donde van a obtener los recursos oportunos para satisfacer sus millonarias propuestas sociales. ¿Subidas impositivas?, pues las consecuencias ya las hemos reseñado; menos inversión, menos consumo y más desempleo. ¿Es esta realmente una política real de progreso?

Para disfrutar de la riqueza primero hay que crearla, en consecuencia si se abomina del capital, no es lógico que se recurra a él para sustentar nuestras propuestas. Para que haya un río debe de contener agua, de lo contrario únicamente la aridez se hará presente. Si deseamos empleo hay que atraer la inversión. Si por contra la asustamos, simplemente se marchará hacia lugares más seguros. No se puede pretender ser Dinamarca siguiendo los patrones de Venezuela, y en este simple razonamiento está la realidad de la cuestión. En resumen, no emprendamos conscientemente un viaje a ninguna parte.

Si alguien puede esperar algo positivo de un supuesto consorcio, donde sus dos principales miembros viertan públicamente, hasta ayer mismo, opiniones enfrentadas del siguiente tenor:

Pablo Iglesias a “20 minutos”: «Podemos no entrará en ningún gobierno presidido por el PSOE«. O, en “La Nueva España”: «PP y PSOE no tienen más patria que su dinero«.

Pedro Sánchez a “Europa Press”: «Podemos no encaja en mi programa. No podemos pactar con los que amenazan el Estado del Bienestar». Y en “Diario Público”: «Podemos es populismo y busca llevar al país por la senda de la Venezuela chavista«.

Yo lo dejo ahí, la inteligencia del lector/a que saque sus conclusiones.

Julián Sánchez