domingo, 22 diciembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
En un país donde prácticamente muy pocos conocen quien es Antonio Muñoz Molina, pero donde casi todo el mundo sabe quien es Jorge Javier Vázquez, no se puede ocultar que su casta política venga a constituirse en un reflejo muy representativo del índice cultural que el país ofrece. En consecuencia no podemos evitar ponernos, un día sí y otro también, la cara roja ante observadores extranjeros, los cuales ya han perdido toda facultad de mostrar aturdimiento por las salidas de “pata de banco” que continuamente vienen sacando a luz pública nuestros más significativos próceres políticos.
Continuando el affaire de la factura de la luz que comenzamos a tratar en esta misma página la pasada semana, consideramos que no podemos dejarlo pasar sin mostrar nuestro estupor a consecuencia del anuncio de suspensión de la nueva aplicación de subida de tarifas cuyo índice quedó establecido tras la última subasta de mercado. Intervención que justifica el ministro Soria alegando “indicios fundamentados en la manipulación de los precios durante la mencionada subasta” y, por lo tanto, el propio gobierno (alegó Soria) establecería en fecha próxima el tipo de aumento real a aplicar en lo referente a la mencionada tarifa, la cual habrá de entrar en vigor a partir del próximo primero de enero.
Sin pérdida de tiempo alguno y aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, sin encomendarse a nada ni a nadie, se ha apresurado a lanzar su mantra de máximos sobre el particular, solicitando la nacionalización del sector de las eléctricas bajo un liderazgo público, alegando para ello su “regulación profundamente perversa” y solicitando, de carambola, la dimisión del propio ministro por su “desastrosa gestión”. Tal para cual, la derecha y la izquierda hispánicas en su mejor versión panderetesca versión siglo XIX. Esta es nuestra España actual que pronto va a renovar sus fundamentos humanos en Europa. Miedo me da.
Comenzando por la derecha, habremos de considerar que el jardín en que se ha metido el ministro Soria está, más que mojado, encharcado, y ya veremos cómo va a salir de él. En primer lugar, el propio ministro ha pretendido salir al paso de un desbarajuste el cual ha sido propiciado a consecuencia de una nefasta política energética establecida y mantenida por varios gobiernos de ambos colores del bipartidismo, atribuyendo a las eléctricas la comisión de un delito realmente flagrante, por lo que, en consecuencia, lo primero que debería haber hecho, como responsable público del sector, debía de haber sido el enviar a la fiscalía las pruebas de su acusación para que actuase en consecuencia. En un estado de derecho esa debió ser la primera actuación y no volver a intervenir, anunciando la modificación de los precios sin otorgar solución a la forma de liquidación del enorme lastre económico que el supuesto incremento de déficit que la nueva situación habría necesariamente de agravar.
Que la alegación del ministro no resulta muy convincente como consecuencia de que la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), entidad dependiente de forma directa de su propio ministerio, no vino a detectar in situ ninguna irregularidad en el desarrollo de la subasta y el informe en las primeras conclusiones publicadas en el BOE no alude, en absoluto, a una «manipulación burda de los precios» y sí, en cambio, a errores técnicos.
Que según manifiesta la propia Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), “las condiciones de la subasta las fija el regulador y las empresas eléctricas tienen un papel absolutamente marginal en el precio resultante de esa subasta, por no suponer más allá del 10% de la oferta total, puesto que el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y traders extranjeros de energía”. Además señala que “han declarado muchas veces que no son favorables a que un mecanismo financiero determine casi la mitad de la tarifa eléctrica”. En consecuencia, el asunto aparenta más una huída hacia a delante del propio gobierno dejando de manifiesta la idea de que esta subasta es el fracaso de la reforma emprendida por el ministro; una reforma que, por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios, está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de los Gobiernos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico», según ha afirmado el representante de la propia Unesa.
Esta es la situación real en que se encuentra nuestro sector eléctrico, una porción básica de nuestra economía que da ocupación a más de 180.000 personas y cuyo buen funcionamiento deviene imprescindible para el impulso vital de nuestra sociedad. Con un déficit tarifario de cerca de 30.000 millones de euros, lo cuales habrán de ser satisfechos, de una forma u otra por los propios consumidores, vía factura o vía impuestos, con el agravante de tener pendientes unos procesos jurídicos por aplicación ilegal de la política energética, los cuales están próximos a resolverse a nivel nacional e internacional. A eso es donde nos ha llevado la impericia y la irresponsabilidad de nuestros gobiernos y todavía desde la izquierda más radical, se impele hacia la gestión de dicho sector por mediación de un “liderazgo público” ¿más público aún? ¿Es que ha sido poco el desastre que la intervención pública ha infligido al sector más determinante de nuestra economía? Pues sí que nos aporta buena solución el Sr. Herrera.
Ya lo dijo Eduard Bernstein, padre del revisionismo y uno de los principales fundadores de la socialdemocracia europea: «Una buena ley industrial puede ser mejor que cien nacionalizaciones», pero no parece ser que ni a derecha ni a izquierda de nuestro panorama político quieran enterarse de tal aseveración.
Nuestra casta política no ha evolucionado ideológicamente ni un ápice desde la época de la pre-guerra civil. Treinta años en Europa aparentan no haber servido de mucho para quienes han concebido la política como la arrogación de un medio de vida y elevación de privilegios propios, lo que ha impedido la llegada al medio de personas con mejor preparación y mayor espíritu de filantropía. Ello nos ha precipitado en condiciones de improvisación hacia la vorágine de una crisis, la cual hubiese sido mucho más soportable en otras circunstancias y, lo peor de todo, con estas perspectivas la salida del trance se antoja imprevisible. Ante la excesiva política intervencionista de una derecha dura y demorada, se oponen unos planteamientos de una izquierda caduca atascada en políticas ampliamente superadas por la propia evolución social y que ya no se aplican en ninguna economía que ofrezca garantías de bienestar y desarrollo económico y social.
En este sentido, el grupo de presión internacional “Americans for Tax Reform”, entidad que propicia el indicador del resultado del análisis de diez variables que están comprendidas sobre tres criterios: Entorno legal y político (independencia jurídica, gobierno de la ley, estabilidad política y control de la corrupción); derechos de propiedad física (protección de los derechos de propiedad física, registro de la propiedad y acceso a préstamos); y derechos de propiedad intelectual (protección de los derechos de propiedad intelectual, protección de las patentes y piratería de los derechos de autor), que utiliza más de setenta centros propios de investigación a nivel internacional, ha publicado el informe referente a 2013 en referencia a su evaluación a 131 países, entre ellos España, bajo cuatro aspectos fundamentales: Independencia judicial, imperio de la ley, estabilidad política y control de la corrupción. Además de otros análisis también tenidos en cuenta a la hora de la confección del informa, tal y como se puede considerar la fortaleza de la propiedad privada, las condiciones legales del mercado del crédito, la calidad de los registros de la propiedad y la protección de los derechos de la propiedad intelectual, patentes, etc. Pues bien, sobre un índice de evaluación del 0 al 10, nuestro país ha sido clasificado con un 6’5 en el lugar 33 del ranking, a nivel de “potencias” tan “significativas” como podemos considerar a la República Checa, Malasia y Bahrein y muy lejos de democracias ampliamente consolidadas como vienen a ser Finlandia (8,6), Nueva Zelanda (8,4), Suecia (8,4), Noruega (8,3), Países Bajos (8,2) ,Suiza (8,2), Luxemburgo y Singapur, con 8,1 puntos, y a Dinamarca y Canadá, con 8.
Verdaderamente, cuanto más nos exponemos a las comparativas externas, mayor evidencia ofertamos hacia la consideración de estar conducidos por verdaderos mastuerzos incapacitados para afrontar los desafíos de una sociedad donde la honradez, la capacidad, la cultura y el civismo hayan de constituirse como motores fundamentales del comportamiento social y económico. Un país donde la derecha se afana por aferrarse a unos privilegios que en ningún modo ha propiciado para el conjunto de la sociedad a nivel de igualdad de derechos y libertades y una izquierda que oferta el asalto a los supermercados y a la propiedad en general como solución a la vía de las necesidades públicas, poco pueden ofrecer a una sociedad cuya pretensión es situarse a unos niveles dignos de convivencia y competencia económica de amplio reconocimiento internacional. Un país, donde cuatro nacionalistas de comportamiento poco claro, sitúan en jaque al propio estado empujando a su propia sociedad a una deriva hacia ninguna parte. Un país, donde en lugar de favorecer una auténtica ley de consenso educativo, se propugnan sectorialmente políticas de adoctrinamiento más propias de regímenes dictatoriales que de un estado moderno y con perspectivas de futuro, muy poca credibilidad puede acertar a ofrecer dicho país a nivel internacional y, como consecuencia, hacia la atracción de políticas de inversión y desarrollo, las cuales, a consecuencia de la inseguridad jurídica progresivamente generada, quedan cada día más inaccesibles de llegar a establecerse con regularidad en dicho país. Esta viene a ser la lupa con la que se nos mira desde el exterior, no podemos quejarnos de inconsecuencia ajena precisamente.
La campaña para las elecciones europeas está a la vuelta de la esquina y volveremos a observar la estrategia de siempre, en lugar de personas preparadas, limpias y con perspectivas de futuro, las listas irán plagadas de viejas “vacas sagradas” ya cansadas de pulular por los vetustos prados de la política nacional, quienes exigen ir a Europa a seguir medrando bajo la ley del mínimo esfuerzo. Políticos venidos a menos cuya única pretensión consiste en obtener un puesto donde se trabaje poco (aún menos) y el índice salarial se eleve, todo ello hasta alcanzar un retiro dorado del que el resto de la ciudadanía estamos lejos ni de soñar.
Estas son las perspectivas, después no le pidamos al olmo que de peras, porque ni con injertos sería posible.
