sábado, 27 julio
EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ
Por las reacciones acaecidas a derecha e izquierda del controvertido panorama político español, el acuerdo firmado la tarde del pasado miércoles entre los máximos representantes de los partidos políticos PSOE y Ciudadanos aparenta haber hecho bastante daño en las expectativas tanto del Partido Popular como de Podemos y sus confluencias. No había más que escuchar las sucesivas apariciones de algunos/as miembros nobles del PP, así como las expresiones de Iñigo Errejón, flanqueado por sus “Sabandeños”, para darse cuenta que el acuerdo había hecho daño.
Y comenzaron las descalificaciones. Los “peperos” acusaban Albert Rivera de haber sacado su verdadero rostro izquierdista y los “podemitas”, perfectamente escudados por su nuevo delfín Alberto Garzón, lanzaban su indignación en un poco disimulado ataque de celos ante lo que consideraban un agravio, bajo la estudiada pretensión de dejar en pública evidencia un supuesto desplazamiento de Pedro Sánchez hacia los postulados de la derecha más cavernaria. Lo de siempre, palabrería y pataleta rebuscada y poco imaginativa. Lo cierto viene a ser que unos y otros menospreciaron previamente la genuina capacidad de Sánchez y pretendieron hacerle pasar por el hueco de su canuto, sin darse cuenta de que el socialista no pensaba en momento alguno en dejarse meter la mano por la espalda y hablar por boca de otro.
En consecuencia, visto lo visto, Pedro Sánchez demostró ante su Comité Federal que dispone de suficiente nivel político e intelectual, no únicamente para liderar a su partido, sino que también puede postularse para hacer frente a retos superiores.
Queda claro que las cuentas son lo que son, y que en matemáticas dos y dos no pueden sumar cinco, pero lo que Sánchez y Rivera escenificaron el pasado día 24 era más que un supuesto pacto de gobierno, habida cuenta que el acuerdo vino a poner de manifiesto ante la opinión pública no refractaria de la ciudadanía española, que es posible entre diferentes el diálogo sin imposiciones, así como el acuerdo sin fisuras, en aras de la consecución de un programa de progreso y reforma que comenzase a vislumbrar la modernización de una sociedad que está siendo actualmente amenazada por la corrupción de unos y la propuesta retrógrada y fracasada de otros. Los ciudadanos demandaron en las urnas negociación y acuerdos y queda claro que Sánchez y Rivera fueron los únicos que entendieron en su justa medida este dictamen sufragial.
Ahora se podrá discutir la conveniencia mayor o menor de determinadas propuestas, pero seguramente los que menos podrán pronunciarse al respecto habrán de ser quienes desde un principio se han negado a converger en el acuerdo de un programa común negociado. Los miembros del Partido Popular no hablaron nunca de programa, sino de ejecutar la composición de una mayoría parlamentaria compuesta por el PP, PSOE y Cs siempre bajo la indiscutible directriz de Mariano Rajoy, bajo su subjetiva opinión de que esa es su legítima responsabilidad, tras ser la formación política más votada, olvidando que un Gobierno, en el actual panorama político de España, siempre ha de ser legal y reglamentariamente sobre el resultado de la conformación de una mayoría parlamentaria. Mariano Rajoy no aceptó otro juego y, en consecuencia, se excluyó asimismo de la posibilidad de toda negociación fuera de la pretendida, rechazando inclusive la propuesta del Jefe del Estado de iniciar las conversaciones oportunas ante los diferentes grupos de la Cámara.
Lo de Pablo Iglesias y sus confluencias ya vino a ser de otro cariz. El menosprecio y ninguneo mostrado a Pedro Sánchez y a su partido en su propuesta previa, ya vino a rayar en lo grotesco, al pretender imponerle el gobierno y el programa y dejarle reducido a una figura institucional prácticamente ornamental. Y para guinda de la concurrencia, solicitar su agradecimiento porque “el destino había propiciado que Iglesias accediera a hacerle Presidente”. En toda una vida siguiendo la política había presenciado un intento de humillación más ostensible.
En consecuencia: ¿Qué vienen a reclamar ahora a un lado y otro del panorama político? ¿A qué viene este rasgarse las vestiduras con descalificaciones trasnochadas y rebuscadas, propias del más rancio de los sentidos? Pedro y Albert hicieron lo que tuvieron que hacer, entre otras cosas demostrar a los intolerantes que la iniciativa la tomaban ellos y sus equipos y que lo hacían para demostrar al país que no estaban dispuestos a aceptar lo que los ciudadanos no demandaban, que no era otra cosa que eludir la imposición y la chulería.
El acuerdo en sí recoge un principio de gestión que no deviene en definitivo. En un documento de 66 páginas que acumula medidas y cesiones de ambos partidos, las formaciones de Pedro Sánchez y Albert Rivera se comprometen a unir fuerzas y escaños en la votación de investidura, que con este texto alcanza de momento los 130 votos a favor.
Seguramente, y debido inclusive al mantenimiento de intereses personales el acuerdo, especialmente por parte del PSOE va a tener distinta contestación ante la militancia, muy especialmente en el tema de la supresión de las diputaciones, donde estos antiguos “nidos de privilegios” acotan mayor nivel de clientelismo. En consecuencia, ya han comenzado a tener las primeras disensiones. El Presidente de la Diputación de Jaén ya ha recomendado a los militantes jienenses que no voten en modo alguno a favor del acuerdo. También por los distintos medios se están comenzando a escuchar opiniones en el mismo sentido de pesos pesados del PP, alegando la excusa de siempre, tal y como viene a ser la supuesta “desasistencia” a los pequeños municipios, evasiva que no se sostiene por sí misma, habida cuenta que los pequeños municipios de las comunidades uniprovinciales que no disponen de diputaciones, tales como Madrid, Cantabria, La Rioja, etc., también tienen municipios pequeños y son atendidos perfectamente por la propia Comunidad Autónoma. Lo que sucede es que eliminar las diputaciones habría de conllevar manifiestamente la supresión de muchos enchufismos y privilegios partidistas que vienen a ser la fuente y el sentido por el que muchos han llegado a la política, y ya conocemos lamentablemente cual ha venido a ser el resultado de estas actitudes, muy especialmente en nuestra propia Comunidad.
Sería muy prolijo enumerar aquí todos los puntos del acuerdo, pero sí me gustaría citar iniciativas interesantes tales y cómo podríamos considerar el establecimiento de la elección directa de los cargos más importantes de los partidos. Vincular la financiación que los partidos reciben del Estado, además de al resultado electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia interna de los propios partidos. Establecer la obligación para los Partidos políticos de publicación de la liquidación de gastos e ingresos electorales, teniendo en cuenta un techo de gasto. La despolitización de las altas instituciones. El cambio radical de la manera en la que se escoge a los miembros de altos órganos del estado adoptando una “convocatoria pública” de las vacantes a cubrir, impidiendo acudir a esta convocatoria quienes en los últimos dos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos de las Administraciones Públicas, según el propio documento.
También recoge el documento el establecimiento para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes, así como incentivar una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios. Acabar con el sistema de voto rogado desde el exterior. Plena transparencia en contratos públicos, imponiendo obligaciones específicas de transparencia a las entidades que participan en la prestación de los servicios públicos, en especial en los de educación, sanidad y servicios sociales. Incluir, en la legislación de conflictos de intereses, un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos destinado a evitar el fenómeno de puertas giratorias. Anulación de los contratos públicos obtenidos a través de comisiones. Cese de Altos Cargos, cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso. Suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio oral por asuntos similares al anterior. Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento. Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos. Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos. Eliminar a los aforamientos. Limitar los mandatos institucionales. Reducción a diez del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial, asícomo la supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva. Incidir en el incremento de la inversión I+D. Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, etc.
Todo esto simplemente para dar una idea de que se puede converger en un programa el cual, lejos de la consabida palabrería de un “progreso” mal concebido, acoja las diferentes posibilidades de modernización funcional, económica y social que nuestra ciudadanía demanda y que, por supuesto, deviene mucho más acorde de la Europa del siglo XXI, qué de la sovietizada del pasado siglo XX, tal y como preconizan algunos.
La inacción de los unos y la arrogancia desdeñosa de otros, han propiciado la reacción de quienes han sabido confluir en un programa de altura de miras dejando para el final el reparto de responsabilidades y sillones ante la primacía del bien común. ¿Qué no cuadran los guarismos parlamentarios?, bueno pues eso es algo que ya no depende, hoy por hoy, de los inspiradores del proyecto. Pero lo cierto y verdad viene a ser que los españoles han podido tomar nota y han situado a cada cual en su justo lugar.
Ya conocemos las pretensiones e intenciones de unos y otros, el acuerdo sigue abierto a nuevas aportaciones, podrán llegar o no, pero si la palabra vuelve a tomarla el pueblo, a lo mejor alguien pueda acarrear alguna sorpresa al frespecto. Aguardemos acontecimientos.
Julián Sánchez
