domingo, 22 diciembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
Lo dijo Alberto Ruiz Gallardón: “la regeneración de la Administración de Justicia comenzará «por la cúspide» con la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que serán escogidos por miembros de la propia Magistratura para acabar así con la «politización» de la Justicia y con el actual «sistema perverso» de elección. «La división de poderes a efecto del ciudadano está vulnerada por la lucha partidista» (25/1/2012).
Pronunciamiento parecido empleó el presidente Mariano Rajoy en su discurso de investidura al referirse a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero nuevamente las promesas y aseveraciones de los populares en el gobierno vuelven a caer en evidencia, habida cuenta que el pasado martes día 19 de noviembre de 2013, un minuto antes de las 20 horas, momento en que debía expirar el plazo de consenso, los principales partidos políticos del país, P.P. incluido, anunciaron un acuerdo mediante el cual dichos partidos se han vuelto a repartir las cuotas de control del poder judicial del Estado. Tonto el último y a la sazón, el reparto de la tarta quedó como sigue: 10 vocales para el P.P., 7 para el PSOE, 1 para IU, 1 para CIU y 1 para el PNV.
En su editorial del día siguiente, el diario El País, defendió el acuerdo concluyendo la misma mediante la siguiente afirmación: “…la alternativa a la intervención política en los nombramientos consiste en que los jueces se gobiernen a sí mismos, una opción nada deseable, porque un poder del Estado no debe ser un órgano corporativo, sino vincularse, directa o indirectamente, a la soberanía popular”.
El recurso a este eufemismo, es utilizado igualmente por el portavoz de justicia del grupo vasco en el Congreso de los Diputados Emilio Olabarría, quien viene a justificar el compromiso mediante la argumentación consistente en que “depositar la elección de los vocales del CGPJ en manos de jueces y magistrados contraviene los consensos políticos que se venían dando en los últimos años». Y apostilla en la idea defendida por El País mediante la afirmación de que “la composición de un órgano de gobierno de un poder del estado no puede designarse al margen de la voluntad de la soberanía popular y de las instituciones donde ésta reside, como son las Cortes Generales»
¿Hasta cuándo van a seguir justificando nuestros políticos y aláteres sus tejemanejes y apaños mediante la manida y eufemística utilización aparente del concepto “soberanía popular”, cuando la única soberanía que se ejerce de forma efectiva en nuestro parlamento es la que les pasa por las entrañas a sus señorías, o sobre quien éstas dispone políticamente hablando?
¿Se puede concebir como idea de soberanía popular la obligación de emitir un voto en una papeleta en la que previamente han sido designadas, por parte de los comandantes de cada partido político las, personas a las que se debe obligatoriamente votar y su orden de prelación?
¿Es acaso fruto de la soberanía popular la realidad establecida consistente en que un sufragio emitido en Requena o en Almería, ofrezca unos resultados cuantitativos de orden inferior al que se emite en Cataluña o el País Vasco?
¿Se puede considerar que los votantes que emitieron su sufragio al partido ganador por mayoría absoluta en el último proceso electoral general, lo vinieron a efectuar bajo la voluntad de que les aplicaran la mayor presión fiscal sin contrapartidas de toda la democracia, el recorte de sus salarios, pensiones, educación, sanidad, asistencia social, oportunidades de empleo y toda una amalgama de derechos sociales, económicos y laborales, obtenidos durante muchos años de sacrificio y conquistas democráticas establecidas a base de sangre, sudor y lágrimas? ¿Es todo esto lo que la voluntad popular demanda a nuestros parlamentarios?
¿Son todas estas consideraciones fruto de la voluntad popular o más bien de unas actitudes más propias de un actualizado concepto de despotismo ilustrado donde su acepción más célebre consistía en la frase “todo para el pueblo pero sin el pueblo”?
Que no sigan utilizando la falacia y el eufemismo para justificar su incompetencia y agravio manifiesto al resto de la ciudanía que hoy por hoy en éste país la única soberanía que obtiene efecto viene a ser la de los privilegios que sus señorías atesoran y que les son hurtados consecuentemente al resto de la ciudadanía española.
Cubiertos bajo la capa de la soberanía popular, estas gentes derivan sus responsabilidades penales hacia su resolución por los tribunales cuyos miembros ellos mismos se sirven en nombrar y hacen de la justicia un estamento de utilización política en cada momento que sus intereses partidistas convengan: “hoy por ti, mañana por mí” y “vaya yo caliente…” y en esto sí que suelen ponerse las diversas “sensibilidades” de acuerdo. Para conceptos básicos y fundamentales como vienen a ser la educación, la sanidad, y los servicios sociales no, eso no les repercute precisamente a ellos, pero para encorsetar la justicia y crear un agravio desmesurado entre su voluntad y la de los ciudadanos en general, para eso si que están todos de acuerdo, una forma como otra de blindarse ante posibles actuaciones futuras.
Vuelvo a traer a la palestra la frase expresada por el propio Ruiz Gallardón al que cito al principio del artículo: “La división de poderes a efecto del ciudadano está vulnerada por la lucha partidista». Si el actual Ministro de Justicia cree de verdad en el sentido de su afirmación debe dimitir de ipso facto a consecuencia de ceder sobre una vulneración social que el mismo reconoce y denuncia. Si por el contrario, no cree en lo por él manifestado, debe dimitir igualmente por mentir a la ciudadanía a la que debe representar y sus intereses defender.
En una auténtica democracia, la división de poderes deviene básica en orden a preservar la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de un estado. En España los poderes del Estado están todos sometidos a la única voluntad de la persona que ostente en cada momento el control de la mayoría parlamentaria, y dicha voluntad en la mayoría de ocasiones dista mucho de ser aquella que los ciudadanos asumimos como tales. En consecuencia, mediante su actual encorsetamiento democrático en nuestro país hemos pasado de admitir las consecuencias de una “democracia” denominada eufemísticamente “orgánica”, a sobrellevarlas mediante otra “democracia tutelada”, lo cual dista bastante de obtener el derecho proporcionado y consecuente que hoy debe primar en las actitudes democráticas de una ciudadanía moderna y responsable.
Que se atengan a las consecuencias los que después se quejan de las decisiones de los altos tribunales, politizados hasta la médula, cuando ellos han estado siempre dispuestos a poner la mano para recoger las migajas sobrantes del banquete.
Que cambien el vinilo que este ya suena a rayado. Mientras tanto, entonemos un respetuoso réquiem por el asesinado y varias veces enterrado Montesquieu.
Julián Sánchez
