jueves, 21 noviembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ
Que los políticos actuales se han creído que todo el campo es orégano y que a consecuencia de ello se han montado una serie de privilegios a los que únicamente pueden acceder quienes son tocados por el dedo mágico de su todopoderoso establishment, es un hecho. Y que toda esta iniquidad ha elevado el nivel de corrupción en nuestro país hasta límites de verdadera náusea, pues todo ello no creo que a estas alturas alguien con una mentalidad media sea capaz de negarlo.
El affaire Soria ha colmado, a mi juicio, todas las expectativas de falta de respeto social y de chulería política que un gobierno, aún considerado en funciones, ha podido perpetrar. A dos días de haberse comprometido en un pacto de regeneración política e institucional llevado a cabo con luz y taquígrafos ante toda la ciudadanía española salta la noticia: José Manuel Soria, el exministro que dimitió cuando el diario EL MUNDO reveló que fue administrador de una sociedad familiar en el paraíso fiscal de Jersey, circunstancia que él previamente había negado, es promovido para alto cargo directivo en el Banco Mundial, cuyo desempeño lleva aparejada una retribución de 226.500 euros libres de impuestos- Y todo ello, pese a que el Partido Popular, ve pender sobre sus responsabilidades políticas, administrativas y penales una serie de argumentos jurisdiccionales que puede dejar en evidencia su más que cuestionada honorabilidad política.
La patochada de un nombramiento tan despótico como inoportuno, pretendiendo camuflar la puerta giratoria hacia un excusado cargo que venía a recompensar una salida por la puerta falsa del servicio político a una persona la cual vivía espléndidamente del dinero público mientras administraba sociedades que eludían sus impuestos en reconocidos paraísos fiscales. Desconocemos si el cuestionado nombramiento puede deberse a un acto de chulería irresponsable, o acaso a un menosprecio a la inteligencia de los ciudadanos que acudimos regularmente a realizar nuestro consabido derecho al sufragio, pero lo cierto viene a ser que no deviene ya posible el observar algo tan inverosímil como lo acaecido con el caso Soria en un periodo de interinidad política como el que actualmente estamos experimentando. Si como al final aparenta ser que el autor del nombramiento ha sido Luis de Guindos, no es difícil asumir que la capacidad política que se arroga de Guindos a efectos de medir el impacto de una decisión de esta envergadura ante la opinión pública acontece de muy baja condición.
Las formas empleadas en el nombramiento del exministro, evidencian una significativa falta de respeto a la moral política, simplemente porque el Ejecutivo ha ocultado hasta el último momento y deliberadamente un nombramiento injustificable. En consecuencia, debió ser consciente de que su decisión podría generar un contundente rechazo de la mayor parte de la ciudadanía, la cual, enormemente escandalizada por situaciones anteriores, saldría indubitativamente a mostrar su repulsa y desagrado hacia el hecho de que se premie con un cargo de esta naturaleza a un representante carente de una mínima ejemplaridad.
Luis de Guindos ha quedado retratado en la gestión del escandaloso nombramiento, toda vez que el pasado mes de junio desmintió la posibilidad de que su amigo y compañero José Manuel Soria estuviese entre los elegidos para ocupar un puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, justificando dicha aseveración en que su destino habría de ser la docencia.
Lo que nadie puede negar a este respecto es que Soria cometió una imprudencia a raíz de los ‘Papeles de Panamá’ y se vio sorprendido mintiendo ante la opinión pública. Él mismo consideró, con buen criterio, que la única forma de compensar su error y la pérdida de confianza producida entre los ciudadanos era su renuncia a la política. Debido a esta circunstancia, lo que la ciudadanía no puede entender, ni va a entenderlo nunca, viene a ser la facilidad con que se pasa de la política a la función pública en España, creando con ello una situación en la que conductas que en política merecen el más absoluto rechazo, resultan aceptables en el funcionariado de alto standing. Esta contradicción la opinión pública la percibe y la rechaza.
José Manuel Soria es miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (TECO), organismo que ostenta la responsabilidad en la elaboración y ejecución de las políticas económica y comercial del gobierno español. Sería conveniente considerar que el cargo de Director Ejecutivo en el Banco Mundial no forma parte de nuestra Administración Pública, como no forma parte de ésta tampoco el puesto de consejero del Banco Central Europeo (BCE). En consecuencia, al desempeño del cargo al que se designó Soria podría haber ido destinado a un economista del Banco de España, o también a uno de Hacienda o a un experto en cooperación y desarrollo, actividades éstas a las que se dedica preferentemente el Banco Mundial. Otros países prefieren designar a expertos en desarrollo mientras que al FMI destinan a expertos en macroeconomía o política monetaria.
A este respecto es conveniente conocer también, que la Comisión de Evaluaciones actúa bajo la presidencia de la Secretaría de Estado de Economía, y la integran la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y la Dirección General de Política Económica, o sea que es un órgano absolutamente controlado por los propios “tecos”. En consecuencia, el organismo decisorio está bajo la supremacía de un cuerpo de la Administración que es capaz de definir sus propios intereses.
Sería conveniente considerar también aquí, que cuando se realiza un concurso en la administración pública, este debe ser transparente, diáfano y público, pero, en este caso, la actuación de la Comisión de Evaluación de candidaturas, cuyo resultado se conoció el viernes 2 de septiembre poco antes de las nueve de la noche, no ha sido transparente, habida cuenta que, entre otras circunstancias, no se conocen los candidatos que se presentaron (si es que llegó a presentarse algún otro) ni las votaciones que se produjeron, ni el acta de la reunión, ni las minutas de los asistentes. Lo que sí quedó patente vino a ser la confirmación de que Soria se habría beneficiado de su condición de exministro (un cargo de designación política), para sumar puntos para acceder al puesto según las reglas sui generis de la burocracia española.
No vienen a ayudar todos estos enmarañados asuntos que impiden el ejercicio prescrito en el derecho constitucional en referencia a la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, así como a la consideración de la transparencia y limpieza de actuación que todo servidor público tiene el deber de acreditar en todo momento. No debe extrañarnos, si nos pronunciamos sobre la base de esta consideración, que a los ciudadanos les quede la sensación de que el Partido Popular, pese a haber aprobado en esta legislatura un paquete de medidas encaminadas a luchar contra la corrupción, no ha alcanzado a entender lo que se juega la democracia española si no ataja de raíz las prácticas abusivas, así como la falta de ejemplaridad en las conductas de los representantes públicos, cuya reiteración se constituyen en la afrenta y hazmerreír de todo el contexto democrático europeo y mundial, y da alas al populismo para postularse hacia la fundamentación de sus reivindicaciones extremistas. Ya lo manifiesta Jean-Claude Juncker; “El populismo no resuelve los problemas, los agrava”, por lo que, en nuestro caso, la solución puede llegarnos inapelablemente a la “venezolana”.
Disipemos los desmanes y la corrupción aplicando la Constitución y la ley, con firmeza y ejemplaridad, no con ocurrencias y salidas por la tangente. La primera norma de transparencia debe sustanciarse sobre el fundamento básico de que un gobierno debe comparecer ipso facto al control de las cámaras democráticamente elegidas esté o no en funciones, así lo viene a indicar el artículo 110. 1 de la vigente Constitución Española donde se otorga la potestad a las Cámaras y a sus Camisones a “reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”, sin que dicha potestad haga mención a que el miembro, o miembros, en cuestión estén, o no, en funciones. En democracia la transparencia es un parámetro básico y fundamental para la credibilidad política, y nadie debe contravenirlo sin menospreciar o contravenir el estado de derecho.
Julián Sánchez
