sábado, 27 julio
EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ
Ignoro si el propósito de Pablo Iglesias a la hora de enviar a los partidos políticos su nueva propuesta, que el mismo viene a denominar “Un país para la gente”, sería la de intentar seriamente confluir en un gobierno serio y de futuro para España, o tal vez un nuevo farol para seguir intentando el enredo a Pedro Sánchez con tal de conseguir fagocitar a su principal rival en el monopolio de la izquierda española, el cual, una vez absorbida IU es el único obstáculo que permanece visible a la siniestra de nuestro panorama político. Cualquier cosa puede hacerse real en la mente de este encantador de serpientes, teólogo del marxismo más retrógrado y radical, pero gestor de nubles de vapor más proclives al agujero negro que a un cacareado “progreso social” que no se divisa por parte alguna.
No debe de ser muy contundente lo nuclear de sus propuestas, cuando a los dos días de su presentación ya se aprestó a modificar algunas de ellas acuciado por las fuertes críticas de los jueces y los fiscales, en referencia al método de elección de los puestos clave de Justicia, para los que se exigía adhesión ideológica a la hora de ser nombrados, así como el control desde Moncloa de magistrados y fiscales encargados de la lucha contra la corrupción.
El documento de Iglesias tuvo el considerable acierto de poner de acuerdo a las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras y progresistas, en un aluvión de críticas recogidas por el diario El País, reaccionando sobre lo que ellos mismos denuncian como un velado ataque hacia la independencia judicial.
No obstante, el empecinamiento retromarxista de Iglesias y sus congéneres, sigue quedando de manifiesto tras la rectificación en orden a mantener el estricto control judicial, como consecuencia de que el documento sigue conservando vigente el precepto de control sobre los jueces al indicar que «Los equipos de gobierno encargados de elegir a estos cargos de máxima responsabilidad estén compuestos por personas «comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio». Es decir; que quienes les nombren acrediten que estén alineados política e ideológicamente con el Ejecutivo que él mismo se postula para controlar atribuyéndose de forma explícita las funciones de «coordinación» de los agentes implicados en la «investigación».
Además de las labores de control judicial, la vicepresidencia de Iglesias se arroga igualmente la potestad de controlar los nombramientos de los altos cargos institucionales del Estado, que, en este caso, deberán recaer en personas que, a su juicio, se muestren inequívocamente «comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio». Entre dichos cargos «comprometidos» se encontraría el del Gobernador del Banco de España, el Fiscal General del Estado, el director del CIS, el del CNI y el director general de la Policía, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Así como también, por ejemplo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar o puestos diplomáticos de relevancia, como por ejemplo el embajador ante EE.UU.
Para imponer su total capacidad de control institucional, Pablo Iglesias propone la creación de una “Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado” que dependería directamente de la vicepresidencia que el mismo ejercería, o lo que viene a ser lo mismo, amplios poderes para controlar a todo el mundo, menos a los propios controladores, los cuales escaparían de dicho control institucional.
Y para que todo lo anterior tenga sustantividad, Iglesias plantea en el documento susodicho, que inmediatamente subordinado a su Vicepresidencia y a la Secretaría de Estado exista un director general al mando de una unidad adscrita de investigadores conformada por miembros de la Policía, la Guardia Civil, Hacienda y Aduanas. Esta unidad actuaría como una «auténtica policía judicial» con dependencia funcional (no orgánica) «de forma que permita tener el control de las investigaciones policiales que en cada instrucción o procedimiento penal deban realizarse, así como el control directo de medios personales y materiales aplicados». Esta nueva unidad dependiente en último término del vicepresidente, agruparía competencias que ahora dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda.
En su propuesta de adoctrinamiento cultural, Podemos basa su política educativa sobre un nuevo concepto del fomento de la plurinacionalidad, pretendiendo promover los cambios pertinentes desde el ámbito educativo, reinventando la historia tal y como se ha venido haciendo en Cataluña desde el principio de nuestra democracia. Para ello propone la “revisión” de los contenidos educativos en las materias de historia y ciencias sociales, mediante el propósito de integrar una visión plurinacional del proceso de construcción y ordenación del Estado, con el objetivo de superar la “visión homogeneizadora de la historia de España”. Todo ello bajo la intención subyacente de construir un relato sobre los acontecimientos del pasado que contribuyan a la consolidación del concepto de España como «nación de naciones». Para su llevada cabo, desarrollarían también la «promoción de elementos simbólicos que faciliten el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado en documentos oficiales». Una reivindicación proveniente de sus socios catalanes de “En Comú Podem” quienes han exigido que en los futuros DNI incluyesen un nuevo apartado que recogiese para el caso el específico de “nacionalidad catalana”.
Si examinamos la propuesta económica y fiscal, el despropósito alcanza visos espeluznantes. El documento presentado por Podemos para negociar el próximo gobierno de España constituye un golpe fiscal a las clases medias en toda regla, puesto que una de las formulaciones que vertebran dicha propuesta viene a ser la aprobación de una reforma fiscal que supondría una de las mayores subidas de impuestos de la historia de España. En el IRPF se plantea un aumento estructural de la recaudación de 10.000 millones de euros, lo que se traduciría en una media de 500 euros por declaración (2.000 euros por declaración a lo largo de la legislatura), lo que viene a traducirse en un 30% más sobre la parte estatal del gravamen directo por excelencia. A esto habrá que añadir el recargo autonómico que, recordemos, tras la última reforma aplicada por el actual gobierno tripartito valenciano, nuestra comunidad se sitúa en el segundo más alto del estado, tras Cataluña.
En dicho documente también se recoge la propuesta de aumentar de manera agresiva la fiscalidad que soportan las empresas, proponiendo el aumento del Impuesto de Sociedades a un total del 50% de la actual recaudación, a razón de entre 8.000 y 12.000 millones de euros «extra» cada año por empresa. Además, el documento plantea también un repunte del 60% en el tipo efectivo que soportan las grandes empresas, que pasarían del 18-19% al 30%».
La ansiedad confiscatoria de Podemos no queda únicamente ahí, con la fiscalidad que pretenden aplicar al Patrimonio, las Sucesiones y las Donaciones, esperan conseguir un total de 2.000 millones de euros más. Si tenemos en cuenta que estos impuestos aportan entre 3.000 y 3.800 millones de euros en las Comunidades del régimen común, dicha propuesta supondría un aumento confiscatorio de la recaudación que podría oscilar entre el 50% y el 70%». Esta subida afectaría a todo tipo de activos, inclusive a la vivienda, donde se concentra depositado lo fundamental el ahorro de las familias españolas.
En el aspecto económico y fiscal el documento no deja títere con cabeza e igualmente prevé el aumento de los ingresos por tasas medioambientales, aprobación de un gravamen a las transacciones financieras, creación de un nuevo impuesto a los bancos que reduciría sus beneficios a más del 50%, así como su estructura patrimonial.
Otro capítulo del desatino demagógico de Podemos lo viene a recoger el apartado relativo a las pensiones públicas. En lo referente a la propuesta de reforma de las pensiones, Podemos destaca la propuesta de recuperar la edad de jubilación a los 65 años (recordemos que actualmente está fijada en los 67).
Pero no queda únicamente en esto, además, proponen recuperar la indexación de las pensiones a los precios (IPC) y derogar la regulación del llamado Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones.
Con un procedimiento de reparto como es el actual, donde las pensiones denotan un índice de insostenibilidad que les arroja a la quiebra, las previsiones más realistas sitúan la recaudación para este apartado en el entorno de los 100.000 millones de euros en el 2015, mientras que el gasto por el mismo concepto en unos 132.000 millones. En consecuencia, los recursos que aún quedan en la hucha de las pensiones, 40.000 millones en números redondos podemos concluir que el déficit de la Seguridad Social podría solventarse durante los próximos años con el Fondo de Reserva. Sin embargo, este fondo sólo cubriría este déficit hasta el año 2019, momento a partir del cual se produciría la quiebra del sistema, tal y como se conoce, y quedaría únicamente la apelación al déficit público, en un determinado porcentaje del PIB.
Dicho déficit será creciente y supondrá ya el 1,4% del PIB el año siguiente a aquel en que se agote el Fondo de Reserva. Pero quince años después, en 2035, superará el 3% del PIB (al margen del déficit público que generará de forma natural con nuestra economía). En consecuencia, puede concluirse que el gasto en pensiones con cargo a los PGE será cercano al 5% del PIB del año 2050, y ello no será compatible con los acuerdos que tiene España con Europa, y que se plasmaron en la reforma constitucional del año 2011. Debido a lo cual será claramente insostenible, produciéndose la quiebra inapelable del sistema.
Las previsiones más optimistas anuncian que la cantidad precisa para financiar este castillo de despropósitos alcanzaría, de llevarse a cabo, un montante de 122.000 millones de euros, que habrá que añadir al recorte a practicar del desfase presupuestario, próximo a los 10.000 millones de euros habilitado en los actuales presupuestos por el gobierno anterior. Todo ello sin tener en cuenta las innumerables pérdidas de ingresos fiscales que originarían los inapelables cierres de empresas, salidas de capitales y ausencia de inversión, así como el consecuente y desbocado aumento del desempleo que dichas medidas originarían. La previsión es un aumento del déficit anual en un 14’4%. En una economía que arrastra un endeudamiento del 100% de su PIB (aproximadamente un billón de euros), que alguien explique cómo se cuadra este círculo.
La ciudadanía española está pasando desde la realidad del “expolio sistemático” propiciado por la corrupción, a la propuesta del “expolio institucional”. La diferencia entre el uno y el otro viene a ser que el primero se practica de espaldas al sistema y con el riesgo de que si te descubren puedas acabar en la cárcel. En cuanto al segundo, la pretensión es el efectuar el saqueo al ciudadano con todo el apoyo institucional, lo cual deviene en inapelable e ineludible, sin que medie ningún sistema de defensa, por lo que el estado de derecho queda reducido a la pantomima de un estado represor. Por consiguiente, no debemos olvidar quienes fueron los diseñadores del actual estado chavista de Venezuela, ni tampoco sus consecuencias.
El diseño ya ha sido publicado, las consecuencias únicamente podremos evitarlas los ciudadanos. ¿Somos verdaderamente conscientes de ello? Esto es lo que me hace dudar.
Julián Sánchez
