EL OBSERVATORIO DEL TEJO
El estallido producido por la publicación del affaire de las eufemísticamente denominadas “tarjetas Black” de la entidad Caja Madrid, ha encolerizado el ya sobrecargado panorama de indignación social que desde hace un tiempo, demasiadamente extenso, se viene produciendo en España. La desvergüenza y el sentido de insolidaridad y utilización de ventajas otorgadas simplemente por el desempeño de un cargo que se supone de servicio público, por una serie bien definida de personajes del mundo político, financiero, social y empresarial, ha llegado a unos límites que la propia sociedad ha decidido cortar de raíz y sin ninguna consideración por lo desmesurado del tema.
Resulta patética la aparición pública de alguno de los implicados poniendo cara de circunstancias y ratificando de forma tan hipócrita como frívola su total “honorabilidad” y desconocimiento de algo que consideran actuación “legal· a todas luces. Manifestaciones las cuales, si fueran efectuadas por ciudadanos corrientes ya tendrían poca credibilidad, habrá que mirar en consecuencia como suenan en boca de ciertas “personalidades” provenientes del mundo de la economía, la empresa, la política, el mundo financiero y el sindical. Verdaderamente impresentable y repugnante.
Llevados ante el juez Fernando Andreu los tres principales imputados sobre el particular, Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj, han reconocido que las tarjetas B, o Black, estaban adscritas a gastos personales y no han tratado de justificarlos como gastos de representación. El matiz está en cómo denominaban esa especie de retribución, en consecuencia, Sánchez Barcoj reconoció ante el juez la tipificación de esos gastos como «complemento retributivo flexible», Blesa los denominó «complemento retributivo de libre disposición» y Rato ha dicho que eran simplemente «retribución». Es decir, el ex vicepresidente del Gobierno quien, recordemos, podría haber llegado a Presidente, ha indicado que no era ningún complemento, sino que su uso se descontaba del “salario asignado”.
En resumidas cuentas lo que queda, nunca dejó de quedar meridianamente claro, viene a ser el concepto de salario que se le reconoce a las cantidades percibidas mediante la utilización de la denominada tarjeta Black, cuya funcionalidad trató de disimular la propia entidad, pretendiendo ocultar su rastro fiscal mediante su contabilización en el pasivo de la cuenta de liquidación INTERESES Y QUEBRANTOS, una bazofia contable, pero que parece ser que hasta hoy vino a resultar más que efectiva por cuanto la Agencia Tributaria no pudo detectar toda esta maraña de movimientos aún por escandalosos que aparenten.
La Ley General Tributaria deviene meridianamente clara a la hora de significar la clasificación de los ingresos y de la forma que éstos deben de ser considerados en referencia a su personificación en renta:
“Los ingresos constitutivos de renta son los ingresos que recibe la persona o empresa en el desarrollo normal de sus actividades y que pueden representar aumentos netos en el patrimonio”.
“Los ingresos no constitutivos de renta son aquellos que no representan un incremento neto en el patrimonio de una persona u organización y, por lo tanto, no son considerados para la aplicación de los impuestos establecidos por la ley.
Deviene meridianamente claro el carácter de ingreso tributable que los directivos y ex consejeros de la entidad financiera percibieron de forma irregular durante el periodo que va desde el 2003 al 2012 y que llegó a ascender a más de quince millones de euros, pero estos se hacían los tontos y todavía se lo siguen haciendo algunos, insultando a la inteligencia de las personas con manifestaciones como ésta: “A mí me han engañado. La caja me ha engañado. Esas tarjetas eran una remuneración para los consejeros, era parte de nuestro sueldo. Así se pactó. Nos dijeron que lo metían en nuestra declaración de la renta y que ellos pagaban su parte a Hacienda”. Así de tajante se muestra un consejero de Caja Madrid a El Confidencial Digital en relación con el escándalo de las tarjetas black.
No entiendo que justificación pretende hacer constar esta gente en referencia a lo anteriormente expuesto. En consideración fiscal, la empresa debe abonar el estipendio pactado a la otra parte y antes de su abono retraer la cantidad correspondiente a cuenta del IRPF, la cual deberá ingresar en el plazo establecido en la cuenta de la Agencia Tributaria, al tiempo que, facilitar al empleado el documento (nomina, recibo, etc.) donde se especifique la cantidad abonada y el descuento efectuado al efecto. Todo ello tendrá su conclusión al final del ejercicio anual, haciéndole llegar reglamentariamente un documento donde se especifique claramente la totalidad de ingresos percibidos así como los descuentos efectuados y entregados en cuenta a Hacienda, a los efectos de formalizar la oportuna liquidación de IRPF por el propio interesado en el plazo establecido. Eso lo sabe cualquier persona con mayor o menor cualificación en todo el estado español.
Ninguna empresa puede hacer la declaración por ninguno de sus trabajadores, ni supongo que nadie hace su renta confiando que su empresa lo haya hecho por él, simplemente porque se trata de una acción de carácter personalísimo. Estoy seguro que ninguno de estos, llamémosles ex consejeros, realizó su declaración de renta sin repasar exhaustivamente todas y cada una de las cantidades y conceptos atribuidos en su declaración. Y, en consecuencia, seguramente se dieron perfecta cuenta que esas indecentes y suculentas cantidades que extraían tan alegremente de los verdes cajeros de la entidad, ninguna figuraba en el apartado de ingresos tributables. Hombre, de haber sido así, seguramente habrían sido extraídas con menor ligereza y profusión. Menudos son éstos que no abren el puño ni para rascarse la nariz.
Alguno ya se ha aprestado a presentar las correspondientes declaraciones paralelas ante la Agencia Tributaria. Que no vaya a pensar nadie que lo hace por buena fe o estricto sentido de la rectificación, nada de eso, lo hace porque es perfectamente conocedor de que el pastel se ha descubierto y que si no comparece voluntariamente para enmendar el entuerto, le puede caer encima una multa consistente en una cantidad de hasta tres veces el importe de lo no declarado y eso todavía le puede doler más. Lástima que la mayor parte de este dispendio no pueda ser requerido por Hacienda, toda vez que al haber sido obtenido en periodo anterior a 2010 legal y reglamentariamente se considera prescrito el periodo de reclamación.
Lo que más duele viene a ser de la forma tan vil y rastrera en que se pusieron todos de acuerdo. Gentes militantes desde la extrema izquierda hasta el mayor extremo de la derecha, todos agazapados bajo la morada bandera del euro de 500 y nadie acusaba a nadie. Una verdadera vergüenza que lo hiciesen mientras millares de ancianos y personas de buena fe eran estafados de la forma más impune y repugnante mediante el fraude de las “preferentes”. Millares de familias eran desalojadas de sus viviendas a las cuales se habían negado a admitirles siquiera la entrega a cuenta, porque tuvieron la desgracia de perder el trabajo como consecuencia de una crisis de la que aquellos fueron parte de su aparición e incremento, y volviendo a estafar a miles y miles de de pequeños ahorradores a quienes en el acto de aparición de Bankia en bolsa, hicieron creer que adquirían unas acciones a un coste de 3’75 euros como un buen negoci0 y, al cabo de un año se denunció que la salida de la entidad a cotización bursátil fue sobrevalorada y que el coste real de la acción era de apenas unos céntimos. A nadie se le devolvió ni un euro de sus cuantiosas pérdidas, ni nadie fue a la cárcel por ello, claro que, se me olvidó decir que la operación estaba amparada e impulsada por el propio Banco de España, cuyo Gobernador era Miguel Ángel Fernández Ordoñez.
Pero la guinda del pastel podría aplicarse a que la propia entidad financiera tuvo que reflotarse mediante la aportación de dinero público que tuvimos que aportar la total de la ciudadanía para evitar que la mala gestión propiciada por esta misma gente desembocase en una debacle financiera. ¿Dónde se ha podido contemplar un despropósito semejante?
Este es el culmen del “milagro económico español” los unos disfrutando safaris, grandes hoteles, joyas, lencerías y prebendas gratis total, simplemente por estar allí, y los otros expoliados, desahuciados, exprimidos de su ahorros de toda la vida, simplemente por actuar como personas de buena fe y confiar en quienes deberían haber sido sus perfectos administradores y consejeros. ¿Podrá experimentarse algo que produzca mayor repugnancia?
Ahora que lo recapaciten si es que les queda un mínimo de conciencia, que lo dudo. Pero en cualquier caso que no aparezcan más por ningún estamento ni esfera social ni económica de todo el país, que caminen errantes como zombis y que se den cuenta de una vez, ellos y nosotros también, que nada puede ni debe hacerse pasando por el sudor ni la miseria de nadie y que el único privilegio que puede asumir un servidor público es de dar su esfuerzo por conseguir el bien, el progreso, la equidad y la justicia de todos. Lo que ha hecho esta gente y quienes lo han consentido, no puede tener ningún amparo, ni moral ni legal, o aplicamos directamente la catarsis sin paliativos, o habrá quien nos la aplique de forma más contundente, a lo mejor duele más.
Julián Sánchez