domingo, 1 septiembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
Establecíamos en el artículo anterior las matizaciones de fundamento que sufrieron los sistemas socioeconómicos liberal y comunista tras ser “invadidos” ideológicamente por teorías emanadas de las corrientes demócrata-cristianas y socialdemócratas, las cuales vinieron a impulsar el establecimiento de algo tan fundamental en Europa como vino a ser el hoy tan castigado estado de bienestar, víctima propicia de la adulteración del sistema establecido, a golpe de esfuerzo, en todo nuestro contexto europeo.
La corrupción, así como la vuelta de tuerca propiciada por los estamentos duros de las ideologías dominantes, han propiciado la puesta en cuestión de un sistema, que nunca debió de perder sus directrices, las cuales espero podamos recuperar en aras a un futuro más racional y asequible para un mundo en global convulsión.
Si no referimos a los planteamientos ideológicos que hoy observamos vienen invadiendo los postulados de la actual derecha que hoy obtiene la etiqueta de neoliberal, éstos se han endurecido hasta límites alarmantes. Es frecuente escuchar en las variadas tertulias mediáticas los planteamientos, sin tapujos ni cortapisas, de personajes ultradefensores de la economía de mercado, los cuales preconizan un retorno a planteamientos más propios del siglo XIX.
Para un pensante ultraliberal actual, cualquier concesión de concepto al estado de bienestar, viene a ser considerada como un auténtico acto de rapiña al bolsillo del contribuyente y los derechos consolidados del sistema público de pensiones una concesión gratuita e innecesaria que grava el sistema impositivo lastrando las posibilidades de los emprendedores. Este viene a ser, en líneas generales, un pequeño ejemplo de la mentalidad que gran parte de los “modernos” ultraliberales al uso denotan sobre cualquier avance social aún lejanamente establecido y hasta se jactan en defenderlo por cuantos medios y tribunas asaltan con su impertinente presencia.
Vuelven los ultraliberales a asumir la vieja teoría capitalista consistente en la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción y medios de desarrollo colectivo (sanidad, educación, transporte público, servicios sociales), para ellos, todo lo que uno no alcance a propiciar para sí mismo, viene a ser una apropiación indebida efectuada a costa del esfuerzo individual. Luego veremos que no todo es asumido de forma tan estricta, según su propia conveniencia.
Para ellos, la rentabilidad social no cuenta. Todo se cuantifica en virtud de su rendimiento económico y de los beneficios que produce al capital inversor, aunque éste sea el propio estado. No tienen nunca en cuenta la idea de que no es factible el progreso social si no va íntimamente relacionado con una efectiva política de redistribución de la riqueza generada mediante el esfuerzo de todos, y que han sido estas tremendas desigualdades, que ellos mismos preconizan y favorecen, las causantes de esa devastadora crisis socioeconómica actual que ha llevado al desempleo y a la ruina económica a cerca de seis millones de ciudadanos en nuestro país.
El pensamiento de ésta gente no acierta asumir que resulta inviable una política reductora de salarios y pensiones, pretendiendo al tiempo la mejora de un consumo imprescindible para reactivar el sistema económico. Ni tampoco que se pretenda la eliminación del avance en la política de transportes colectiva encareciendo el coste de los desplazamientos a costes extremamente prohibitivos y como contrapartida lanzando masivamente a las autovías a millones de vehículos particulares bajo la amenaza de cobrarles una tasa de desplazamiento por las vías de tráfico públicas con la única pretensión de privatizar en aras a rentabilizar los beneficios de unos pocos.
Si en lo económico, ésta política denota estos desajustes, en lo social no se queda a la zaga. No se puede pretender el establecimiento de unos sistemas públicos de educación y sanidad de calidad, así como un sistema de protección social que solvente las desigualdades y agravios actuales, sin la realización de un pacto político de consenso previo que evite la superposición continua de unas leyes sobre otras según sea el color del partido dominante, Para ello y volviendo otra vez al matiz económico, esta política no tiene visos de factibilidad, sin el acometimiento de un sistema tributario justo, progresivo y equitativo en la recaudación y restrictivo en el despilfarro generalizado y la corrupción descontrolada. Fue la inclusión social y la superación de las desigualdades enraizadas lo que vino a propiciar la expansión económica y social y, en consecuencia, el establecimiento de las mayores capacidades de desarrollo general en la Europa de finales de siglo pasado.
El AVE será rentable cuando deje de ser un instrumento para desplazamiento estricto de las clases privilegiadas y pase a ser asequible a su cotidiana utilización por la ciudadanía común. Las vías de transporte público de masas son el exponente de un desarrollo ordenado y potencial de toda economía en expansión.
Si consideramos al trabajo, no como una maldición bíblica, sino como el principal medio de inserción social con que cuenta la ciudadanía, así como su fuente de contribución a su manutención y desarrollo individual, familiar y colectivo, se deberá admitir que el mismo se haga compatible de forma equilibrada, armonizando los intereses de empresas y trabajadores mediante el respeto igualitario a los intereses intrínsecos a las partes que componen el mundo del trabajo, procurando evitar con ello que el contexto laboral se convierta en una anarquía sin orden ni control.
Pero para que el desarrollo en el área social y económica resulte viable y efectivo, deviene imprescindible acometer un proceso jurídico internacional para el control de la explotación de las multinacionales en el tercer mundo, donde actualmente es habitual la utilización de mano de obra a precio de semiesclavitud, sin derechos sociales, ni salarios justos, propiciando el desequilibrio competitivo en referencia a otros países donde la armonía socioeconómica prima ante el menor atisbo de desigualdad. Los actuales niveles de explotación son la causa del enorme desajuste social, donde la abundancia de unos pocos se impone propiciando la miseria de la mayoría.
Para que los recursos públicos se distribuyan sin merma ni quebranto, deviene necesario establecer una política de tolerancia cero con la corrupción devenida. La corrupción pone en evidencia la degradación de nuestras instituciones y los ciudadanos debemos exigir a nuestros representantes públicos la instauración de un sistema legal que erradique definitivamente esta lacra que se perpetúa en el abuso, la rapiña, el privilegio y la desigualdad social. En consecuencia, la persecución implacable de esta práctica deviene imprescindible de carácter extremadamente urgente.
El camino que actualmente viene tomando el gobierno de España es significativo, toda vez que, como ya comentamos, se decanta por lo progresista en lo impositivo y reaccionario en lo social. El sistema fiscal español está actualmente en niveles prácticamente confiscatorios, complica la internacionalización de nuestras empresas y espanta a ejecutivos competentes e inversionistas extranjeros. Paralelamente, se acometen leyes de marcado matiz intervencionista tal y como podemos considerar la actual “Ley de Seguridad ciudadana” a la que el propio Consejo de Europa ha calificado de “altamente problemática” y se pretende hacer lo mismo con el tráfico de las entidades financieras, mediante un proyecto de ley de matices propias a un intervencionismo cuasi marxista, pero con nulas contrapartidas en lo referente a su reversión en el orden social.
No se pueden, ni, por supuesto, se deben mezclar churras con merinas. Ni liberalismo capitalista duro, ni marxismo decadente, ¿Por qué no volver a los incomprensiblemente superados conceptos que hicieron posible la gran Europa de los ochenta? Libertad y democracia, pero de verdad. Progresividad en los impuestos, pero revirtiendo en el desarrollo integral que propicie una sociedad libre e igualitaria, ¿Es tan difícil efectuar el despeje de la incógnita de esta simple ecuación?
Julián Sánchez
