EL OBSERVATORIO DEL TEJO/JULIÁN SÁNCHEZ
Comienzan a ponerse nerviosos en Europa como consecuencia de la pasividad con que España y Portugal están llevando el acometimiento del compromiso del déficit público en referencia a su compromiso con el estamento superior europeo. En consecuencia el grupo de la Comisión Europea (CE) partidario de castigar a los dos países ibéricos por incumplir el objetivo de déficit en 2015, que ya fracasó en julio en su intento de imponer una sanción multimillonaria a ambos estados, vuelve a la carga con intención de tomarse la revancha proponiendo una congelación parcial de los fondos estructurales de 2017 de hasta el 20%.
El documento filtrado, recoge una propuesta de Valdis Dombrovskis vicepresidente letón de la Comisión, bajo la consistente amenaza de que, si España y Portugal no cumplen con las nuevas exigencias presupuestarias, ya de por sí muy rebajadas, “la Comisión avanzaría en la segunda parte de la decisión y no dudaría en recomendar una suspensión parcial de los compromisos financieros de los fondos estructurales”. Dombrovskis matiza con contundencia, indicando que la suspensión de los fondos debe ser automática y, por tanto, no habrá margen para una nueva batalla como la que perdieron en julio.
Si nos remitimos a la estricta observancia del espíritu de la normativa europea a este respecto, se constataría que, en casos como éstos, habría que imponer una suspensión de hasta el 50% de los créditos de compromisos, es decir, los contratos o subvenciones que aún no se han firmado. En el caso de España eso podría afectar a unos 5.000 millones de euros. Pero la norma también contempla atenuantes, como la tasa de paro y los años de recesión, lo que rebaja sustancialmente la cantidad susceptible de ser congelada.
A este respecto, el propio ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, durante su última comparecencia en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, cifró la posible pérdida en unos 1.325 millones de euros, que tampoco resulta una cifra baladí, y aunque la cifra no llegase a afectar a partidas ya en ejecución y podría recuperarse tan pronto como España presente medidas de ajuste aceptables para la Comisión, lo cierto es que deben tomarse de inmediato las oportunas medidas a efectos de impedir la susodicha congelación de fondos. El Gobierno confía en que el anunciado aumento de la retención del impuesto de sociedades, para recaudar 6.000 millones de euros más al año, bastará para que la CE levante la suspensión de los fondos, pero eso únicamente la medida alcanza a ser un parche, que además hipotecará el ejercicio siguiente donde supuestamente se deberán devolver a las empresas parte de la mencionada retención.
En este mismo sentido se manifiesta el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Carlos Ocaña, asegurando que la prórroga de los Presupuestos llevará los números rojos del déficit al 3,6%. La previsión ya contempla que el Gobierno en funciones aprobará un real decreto para elevar los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades. Aun así, ello resultará insuficiente y, según Funcas, España deberá acometer nuevos ajustes para cumplir con las exigencias de Bruselas. Ocaña no quiso entrar en qué tipo de medidas se podrían adoptar, pero insistió en la necesidad de que se desbloquee la situación política.
Y ¿cómo se desbloquea esto? Pues no se atisba en el horizonte la clave para poner fin a dicha situación. Hemos conseguido converger a estas alturas de nuestra democracia en la aparición de una amalgama de políticos en orden a índices de mediocridad, corrupción, incompetencia y escasa visión política desde el mismo inicio de la transición, y con estas perspectivas resulta prácticamente imposible encontrar un camino que lleve a la ejecución programática del mandato institucional enviado por la ciudadanía en las urnas. Se persigue el voto mediante simples ofertas asistencialistas o consignas guerracivilistas y nadie apunta ninguna medida de modernización de las estructuras socioeconómicas o educativas de fondo. Se ignoran los preceptos o cánones provenientes de las entidades supranacionales, como la propia UE, y se persiste en el desencuentro con argumentos propios de unas ideologías adecuadas a finales del siglo XIX. Aquí no hay quien se entienda y las políticas del “y tú más” y rojos vs fascistas recobran vigencia como si estuviéramos en pleno año 37 de la centuria pasada. Lo peor de todo es que esto no aparenta apuntar solución de continuidad.
Y, mientras los políticos a la greña sin aclarar mínimamente una posible salida al futuro. Los estamentos comunitarios continúan sus avances, las comunidades de los estados nórdicos sosteniendo con sus impuestos las veleidades y ocurrencias de nuestros mediocres próceres, ¿hasta cuándo?, pues hasta que se les hinchen definitivamente las narices y, ya no se limiten a imponer un bloqueo de fondos, sino que la proposición podría ser similar a la adoptada en su día con Grecia y acabar con la indisposición y chulería de esta pandilla de mediocres.
No resultaría una mala medida, si no fuese porque sus consecuencias no las habrían de sufrir precisamente sus señorías, sino el pueblo harto a quien cuyos derechos y mandatos tanto dicen preservar y acatar, pero que su observancia queda en la práctica reducida a lo que depositamos cada noche en el contenedor municipal de las inmundicias. Esa es la auténtica realidad que los ciudadanos españoles estamos soportando en estos últimos tiempos, y luego se extrañan del mosqueo de Europa.
Julián Sánchez