EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ
Durante estos días estamos asistiendo a las propuestas de los diversos partidos dirigidas a establecer la especificación de modelos programáticos en consideración a la formación de un nuevo gobierno coaligado en bloques de diferente estructura y acepción ideológica.
En el panorama económico y laboral se habla mucho y muy insistentemente de derogar, pero no se indica que medidas y cómo van a formularse a la hora de sustituir a las actuales leyes sentenciadas, así como de qué forma las van a promulgar. Reforma laboral, salario mínimo interprofesional, negociación colectiva… etc. En el fondo de todas las cuestiones nuestros políticos se hacen proclamadores de un modelo, el nórdico y más específicamente el danés. Pedro Sánchez no muestra, de momento, preferencias al respecto, pero tanto Pablo Iglesias, como Albert Rivera, si aparentan revelar sus predilecciones por el modelo escandinavo, especialmente el líder de “Podemos”, aunque la comparativa de su propuesta con la realidad de Dinamarca tenga muy poco, más bien nada, que ver.
Iglesias proclama: “Para parecernos a Dinamarca hay que subir salarios”. Y con eso, seguramente para Iglesias, ya estaría resuelta la comparativa. Pues arreglados vamos, habida cuenta que el modelo venezolano, otro alternativo que paradójicamente, defiende Podemos, tras proceder a una política de subidas continuadas del salario mínimo, al final acabó en un montante de 12 dólares mensuales, dándose la circunstancia de que, en el modelo nórdico, donde se circunscriben países como Dinamarca, Finlandia, Austria, Suecia y Noruega, no existe decretado el salario mínimo interprofesional y la flexibilidad laboral es absoluta en todos estos países.
Por consiguiente, habría que considerar la idea de que la mayor correspondencia que se observa entre la evolución de los salarios y de la productividad en cualquier país del mundo avanzado social y económicamente, sugiere que los cambios que se vayan a producir en el sistema de fijación de dichos salarios sean de fondo y que, por tanto, la tendencia deberá ser que éstos lleguen a mantenerse indefectiblemente durante los próximos años. Y es importante que así sea, ya que todo esto deviene imprescindible, por ejemplo, para que la economía española pueda afrontar con garantías los dos grandes retos que todavía tiene pendientes, tal y como viene a ser el seguir ganando competitividad para asegurar el superávit de la cuenta corriente que permita reducir la deuda externa, y aumentar consiguientemente el ritmo de creación de empleo. Para decirlo más claro, si los salarios no se fijan acorde a la competitividad que deben generar de forma simultánea, lo único que pueden producir es un aumento más que considerable del índice de desempleo.
Partimos de la base de que Dinamarca no decreta salario mínimo por ley, y frente al modelo de rigidez contractual vigente en nuestro país proveniente del franquismo, en el particular modelo danés tiene cabida un mercado laboral totalmente flexible a la vez que una fina red de seguridad social en caso de desempleo combinada con iniciativas destinadas a reemplear y reciclar a los desocupados. Dicho modelo que es el conocido como «el modelo flexicurity», en los últimos años ha sido objeto de seguimiento con considerable interés por parte de distintos países del mundo desarrollado.
Uno de los principales objetivos de la política laboral y educativa danesa es asegurar que en el futuro Dinamarca también disponga de una mano de obra cualificada y suficiente que le permita conservar su posición entre los países más ricos del mundo, para lo cual la formación y la práctica laboral universidad-empresa se constituyen como base indispensable para la formación integral de los titulados.
Lejos de imponer un modelo de relaciones laborales basado en la confrontación, las relaciones entre los sindicatos y la patronal son de cooperación. Los convenios laborales que fijan los horarios de trabajo y los salarios se negocian entre la patronal y los sindicatos, con una mínima implicación del gobierno, dejando plena libertad para acordar los estipendios salariales en el seno de cada empresa acorde a sus posibilidades. Todo este sistema tuvo su origen hacia finales de la década de los ochenta, donde el peso del proceso de formación de salarios recae cada vez en mayor medida, como anteriormente expusimos, en negociaciones específicas llevadas a cabo en el propio lugar de trabajo, mientras las organizaciones principales se ocupan de cuestiones de mayor envergadura tales como vacaciones, condiciones laborales y pensiones, además de regular temas de orden general. En consecuencia la política del mínimo intervencionismo estatal, se ha constituido como la fuente del verdadero progreso socio laboral en el estado Danés.
Uno de los motivos de que Dinamarca se constituya como un lugar atractivo para los inversores de otros países, viene a ser su capacidad para ofrecer una mano de obra cualificada y muy motivada, además de una situación económica y política estable, algo totalmente opuesto a la situación sociopolítica española del momento, y a ésta circunstancia no deviene extraño el nivel coste de los gastos salariales totales que devienen mucho más reducidos que en la mayoría de los países europeos. El impuesto de sociedades, situado en el 28%, es bajo dentro del contexto internacional. Además, su desarrollada infraestructura y su situación geográfica pueden resultar muy interesantes y contribuyen a que estudios como los del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) y el Foro Económico Mundial sitúen a Dinamarca entre los países más competitivos del mundo.
En lo referente a las propuestas populistas sobre renta básica o complemento salarial garantizado, en primer lugar, sería conveniente analizar con qué medios vamos a acometer dicha propuesta, caso de llegar a acometerla, así las condiciones económicas y recursos para afrontarla, en comparativa con la situación pretendida en referencia a España con el país nórdico.
La deuda pública en Dinamarca ha disminuido en el tercer trimestre de 2015 en 1.317 millones de euros y se sitúa en 110.670 millones. Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 41,70% del PIB en Dinamarca, mientras que en el trimestre anterior, segundo trimestre de 2015, fue del 42,70%.
En España la deuda pública ha crecido noviembre en 11.103 millones de euros respecto a octubre, de forma que ha pasado de 1.056.749 millones a 1.067.852 millones de euros prácticamente el 100% del PIB, y el presupuesto para 2016 se presentó con un déficit oculto de 10.000 millones de euros, denunciado por la UE.
Ante la perspectiva de posible gobierno con el PSOE, Podemos, según manifestaron a Europa Press fuentes del partido, hacen pública la versión definitiva de la propuesta “Ley 25 de emergencia social” aduciendo que es la que se reflejó en la carta a los diputados, una propuesta con «coste cero» y con posibilidad de ser puesta en marcha de forma inmediata, ya que no depende de una cuestión «presupuestaria» sino de la «voluntad política» de los nuevos integrantes del Congreso, puntualizando que el plan de renta garantizada, que sí tiene un coste, según la formación, de unos 15.000 millones de euros durante los dos primeros años de implantación, versión mucho más reducida en referencia a los 145.000 millones de euros que habría de suponer la anterior propuesta efectuada en las elecciones europeas, se desarrollará más adelante y por separado. (¿).
En este mismo orden de referencia, la propuesta de Ciudadanos pretende que esa renta sea complementaria a los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos. Ciudadanos calcula que hasta 5 millones de hogares se beneficiarían de esta renta y que tendría un coste equivalente al 1% del PIB, o sea, unos 10.000 millones de euros.
Si a los 10.000 millones de ajuste presupuestario previsto y denunciado por la Unión Europea, añadimos otros 10 o 15.000 más de las propuestas hechas a “mínimos” por los partidos emergentes, habría que preguntarse de conde habrían de salir los recursos para afrontarlas. ¿Acaso del manido exhorto a la lucha contra el fraude o impuestos a los ricos? Pues lo realmente cierto viene a ser la evidencia de que mediante estos procedimientos nunca en ningún país del mundo han aflorado ni el 1% del PIB aun recurriendo al máximo de aplicación, correspondiendo más del 40% de la recaudación más a nuevas subidas de impuestos que a la corrección del fraude fiscal.
Por resumir, las medidas mentadas, tanto la subida del salario mínimo, que expulsa del empleo a los trabajadores peor pagados, o una renta garantizada que desincentiva el trabajo, además de estimular la permanencia de los sectores menos productivos ante los de mayor esfuerzo en la competitividad, deviene claro que nuestro país se necesita algo más que demagogia a la hora de afrontar un futuro esperanzador de verdadero progreso, manido término populista que no viene a significar otra cosa sino perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento se ha de lograr con algo más que con demagogia y ganas de acometer el poder por el poder sea como fuere.
Si el espejo es Dinamarca, que cambien sus propuestas ipso facto y las vayan situando acorde al acreditado discurrir del país nórdico. Si por el contrario el modelo ha de ser Venezuela o algo similar, al menos que no escondan sus intenciones, sencillamente porque al final todo va a quedar retratado en su justa realidad. Lo peor de la cuestión pueda ser el enorme roto que se llegue a infligir al tejido social español durante todo este desbarajustado tránsito.
Ni populismo, ni corrupción, sino más ortodoxia y afinación, no vaya a ser que el tan cacareado “progreso” se vaya a convertir en un fulminante “regreso” hacia la zapatilla de esparto y lona vigente en la España de los años cincuenta.
El Dr. Thomas Sowel, eminente catedrático de economía de la universidad de Chicago deviene claro en su veredicto: “La asistencialidad hace confortable la pobreza, y penaliza cualquier intento de salir de la misma”. En consecuencia, bajo este supuesto, ¿qué horizonte real se nos presenta en este esperpéntico laberinto a que nos llevan las trasnochadas propuestas políticas en la España actual?
Julián Sánchez