Cuando el gobierno que preside Mariano Rajoy planea alguna acción de trascendencia, siempre suele mandar por delante a algún “sobresaliente” que haga de señuelo para sondear a la opinión pública.
De esta guisa, el sobresaliente ha sido el actual Gobernador del Banco de España Luis María Linde, quien el pasado jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, se despachó a gusto dando su personal versión hacia un problema sensible como es la manida reforma de las pensiones que debe requerir, a mi juicio, un tratamiento mucho más realista, sensitivo y profundo que la visión de un señor que aparenta ajeno a la realidad social del país.
En primer lugar Linde basa su reflexión sobre un problema ya muy usado al alegar como motivo principal a un contumaz recorte en las pensiones una reflexión tan porfiada como “Tenemos un problema demográfico muy claro, de caída muy brusca y profunda de los nacimientos y una mayor esperanza de vida”, explicó Linde, quien agregó además que “eso no lo resuelve un Gobierno con una ni varias leyes”. Esta afirmación me suena a algo parecido a lo manifestado por la ínclita Presidenta del F.M.I. Christine Lagarde quien dejó caer la siguiente y personalísima reflexión sobre el mismo tema: “que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. (¿) Podría existir al efecto otra solución, pero supongo que la señora Lagarde no se atreverá a proponerla públicamente.
Continúa el Sr. Linde con sus “lindezas” en la mencionada comparecencia matizando a su manera su sugerencia: “El sistema público de reparto es imprescindible, ningún otro sistema puede reemplazarlo por razones obvias, pero siempre que se pueda hay que ir a ahorrar más por la parte privada, algo que en modo alguno significa que la parte pública deje de ser la base del sistema”.
Continuó el Gobernador su disertación añadiendo otra perla: “La parte privada de las pensiones es muy pequeña y sería bueno estimularla”, y justificó su opinión mediante una amonestación: “No está justificada la irritación cuando hace este tipo de recomendaciones”. O sea, para resumir, otra vuelta de tuerca a la idea de bajar la aportación pública del sistema de pensiones públicas, pasando la pelota al incremento de las aportaciones privadas a los planes de pensiones.
El señor Linde, aparenta muy ligero de cascos a la hora de proponer soluciones a un sistema del que dependen para subsistir más de nueve millones de personas, la mayoría de ellas actualmente sin otra posibilidad de ingresos para mantenerse ellos mismos y, en muchos casos, sus familias hasta la tercera generación. Pero claro, la solución que propone es brillantísima, que se cree la gente un plan de pensiones. ¿Con que dinero Sr. Linde? o, ¿acaso cree que todo el mundo dispone de un salario como el que disfruta usted?. Porque además sigue recomendando, y así lo manifestó en la comparecencia mentada, que “hay que evitar subidas salariales que no tienen en cuenta la situación de la empresa”. Bajo estas premisas Sr. Linde explíquenos usted como un trabajador, más o menos cualificado, para el asunto da lo mismo, cuyo salario, con suerte, no pasa de los 1.200 euros en bruto al mes, puede hacer el milagro de mantenerse él y su familia, correr con los gastos de educación y demás analogía para sus hijos y, además que le sobre para sufragarse un plan de pensiones que le cubra una asignación digna en el momento de su jubilación que, desconocemos hasta cuando pueda llegar a efectuarse de conformidad con la situación actual del empleo. Consideraciones las que usted quiera señor Gobernador, pero milagros no pida, por favor.
Si a ello añadimos que los planes de pensiones son cotizaciones dobles al sistema y que su rescate obliga a incrementar el IRPF como si fuesen cantidades devenidas de salarios ajenos a la hora de rescatar un plan el cual, habida cuenta de lo anteriormente mencionado únicamente podrían llevarlo a cabo un número muy reducido de cotizantes, gran parte del ahorro iría directamente a las arcas del estado y no a sufragar las necesidades perentorias del pensionista. Esto tampoco lo menciona el señor Linde.
Desde que comenzara la actual legislatura, el gobierno no deja de tirar del fondo de reserva de la Seguridad Social, de modo que en la hucha de las pensiones cada vez hay menos ahorros. El informe anual del fondo facilitado por la ministra de Empleo Fátima Báñez al Congreso de los Diputados, confirma que sólo quedan ya 41.634 millones en la hucha, cuando hasta 2011 había acumulados 66.815 millones. Es decir, en tres años de legislatura el Ejecutivo del PP se ha gastado un 38% del fondo y no todo ha sido en pensiones contributivas, pues habremos de recordar que hasta 2013, las pensiones no contributivas no fueron sufragadas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado vía IRPF, como debería haber correspondido, puesto que venían abonándose a cargo del mentado fondo de reserva de pensiones contributivas, recursos sagrados por haberse aportado por la cotización de los propios futuros pensionistas para asegurar la viabilidad en su día de su propia pensión.
Hay que recordar a este respecto que el precepto estipulado en los acuerdos de 1995 del Pacto de Toledo, emplazaban a dejar la Seguridad Social única y exclusivamente para la financiación de las pensiones contributivas y también que posteriormente se efectuó una regulación efectuada de acuerdo con lo estipulado en el RDL 28/2012, que viene a regular el uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social previsto para caso de que exista un déficit de operaciones no financieras, habida cuenta que, hasta 2013, la Seguridad Social ha estado abonando en torno a 6.000 millones de euros anuales en concepto de pensiones y prestaciones no contributivas y otros conceptos.
Para aflorar el verdadero déficit de la Seguridad Social en referencia a pensiones, sería conveniente tener presente el deslinde en referencia a lo que son pensiones contributivas de lo que no lo es. Incluso dentro de las pensiones, separar la parte que no es contributiva, por ejemplo, los complementos a mínimos o las mejoras en razón de los ingresos del perceptor de la pensión y no cargar al sistema conceptos de solidaridad que corresponden a la generalidad de los contribuyentes.
Hay que ser un poco más exhaustivo y serio a la hora de efectuar valoraciones y proposiciones imposibles de cumplir por parte de quien ha de constituirse como el destinatario de la imposición, y mucho más tener la sensibilidad social suficiente para no alarmar poniendo en jaque la situación de personas que ya están pasándolas más que moradas a efectos de poder atender su sistema de vida, más la de sus descendientes en una situación más que angustiosa, Y, por otra parte, no desesperar a las masas de cotizantes jóvenes, a quienes se les plantea un panorama más que afligido, como consecuencia de una situación actual de empleo precario y bajo poder adquisitivo, pintándoles un panorama de futuro más que imposible en orden a su jubilación.
Los poderes públicos están para ofrecer soluciones realistas a problemas sociales específicos, los alarmismos y los populismos, no aportan a la ciudadanía más que preocupación y engaño y ya estamos hartos tanto de lo uno como de lo otro. A problemas reales, soluciones inteligentes, o dejen paso a quienes aporten otra forma de remedios que no se atraquen en reiterar lo reiterado, eso ya lo conocemos.
Julián Sánchez