La libertad no se consulta

EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

Asumimos últimamente de actualidad en nuestro municipio la reavivada polémica sobe la tauromaquia que Izquierda Unida se ha empeñado en llevar a cabo hasta el más encrespado enfrentamiento social. No pongo en duda la evidencia de que haya personas y, hasta entidades, que entiendan que oponiéndose a la actividad taurófila favorecen la mejor existencia de la especie taurina, seguramente ello habrá de ser así. Lo que me tiene plenamente convencido viene a ser la certidumbre de que los actuales grupos de extrema izquierda utilizan deliberadamente esta reivindicación con idea de apuntalar su tradicional estrategia de eliminar todo vestigio de cultura tradicional a efectos de sustituirla por el consabido sistema marxista, cercenador de libertades y establecedor de contrastadas miserias económicas y culturales, y de esa pretensión los ciudadanos tenemos la obligación y el derecho a defendernos.

La utilización de eufemismos y otros rodeos con los que Izquierda Unida asume el pertinaz ataque a la tauromaquia requenense viene a responder a la consiguiente estrategia expresada en el párrafo anterior: Prohibir, pero con otra apariencia, consultas públicas, etc., pero al final la pretensión de esquivar los preceptos de una ley que prohíbe expresamente los ataques en territorio nacional a esta actividad de nuestra cultura más atractiva y rentable.

El cuestionamiento y el consiguiente intento de dificultar la actividad de la tauromaquia en España puede conllevar a quienes lo practiquen a la vulneración de un precepto que ocupa un definido lugar de protección en el sistema jurídico nacional. Ya en su parte declarativa, la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, reconoce que “La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común”, y también se reafirma en que “el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen”.

Contrariamente a las argumentaciones peyorativas e, inclusive agresivas, que los extremistas o antitaurinos esgrimen contra la Tauromaquia, la propia ley la define como la actividad que revela la comprensión de “todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas en torno al espectáculo taurino, que van desde la crianza y selección del toro de lidia, a la confección de la indumentaria de los toreros (los llamados trajes de luces), la música de las corridas, el diseño y producción de carteles, y que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar; y en un diálogo fluido y cercano entre público y artista”.

En su tratamiento constitucional, la ley reconoce a la Tauromaquia como “un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la Tauromaquia, como actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del Estado y las Comunidades Autónomas. Consecuentemente con ello, implica de pleno a las administraciones públicas en su preservación y salvaguarda al manifestar textualmente: “En consecuencia, corresponde al Estado ordenar y fijar las directrices y criterios globales de ordenación del sector taurino, en su doble e inseparable aspecto de patrimonio cultural de carácter nacional y de sector económico y sistema productivo propio y bien delimitado en su contenido”.

En consideración a lo expuesto, ¿qué propósitos pueden esconder los conmilitones de la izquierda radical a la hora de fundamentar sus ataques institucionales a la tauromaquia? Pues para ello me remito a lo expuesto en el principio de este comentario, que no viene a ser otro sino la intención de eliminar todo vestigio de cultura tradicional a efectos de sustituirla por el consabido sistema revolucionario marxista. Un propósito establecido a superior nivel, que trasciende a la influencia y la acción de cada grupúsculo local, el cual viene a ser utilizado al efecto por predominio verticalista clásico en formaciones de inspiración tanto comunista, como fascista.

No viene a ser esta una actitud nueva, es una filosofía que inspiró en su día el ideólogo Max Weber y que vino a hacer suya el propio Lenin. Dicho pensamiento se basa en el siguiente fundamento: “…Si en la base de muchos de los fenómenos generales puede haber procesos de movilización social y de formulación de demandas desafiantes del poder político, su captura estatal equivale a un reemplazo tendencial de criterios de definición fundados en la deliberación y en la lucha por criterios técnicos normativamente determinados. Lejos de constituir formas más conscientes de control social, suponen la subordinación de los asuntos comunes a la lógica ciega de la razón instrumental autonomizada”.

La estrategia empleada en el caso del, llamémosle desmonte de razones que propicien la subordinación de los “asuntos comunes” a la lógica ciega de la razón instrumental autonomizada, viene a basarse en la evidencia de que los políticos antitaurinos son conscientes que en la propia ley existe una premisa que puede favorecer a medio y largo plazo su desafío al poder político a efectos de llevarle hacia la determinación de abolir definitivamente esta parte esencial de nuestra cultura.

Para ello no dudan en manipular y atacar solapadamente el principio dispositivo incluido en el preámbulo de la propia ley y que manifiesta el siguiente tenor: “La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se mantenga la afición popular y de que la misma sea capaz de renovarse en las nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Pero en todo caso, será desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa la cultura, no cercenando el acceso a ésta”.

Y por ahí es por donde esta gente pretende cercenar y forzar la evolución del pensamiento y la actitud social del futuro, tratando imponer su particular criterio, preconizando la retirada de subvenciones y ayudas de cualquier género, precisamente al sector menos subvencionado del estado y que, contrariamente a la situación, el que más recursos aporta al PIB y al erario público.

Pero no suele quedar aquí la cosa, porque en todas las autonomías y estamentos donde han asumido el poder, han comenzado a legislar sobre la base de que a los menores de edad se les prohíba la asistencia a los espectáculos taurinos, aduciendo una supuesta recomendación de la ONU a este respecto. Ello no responde a otra idea sino la de ir apartando a la sociedad emergente de cualquier acepción libre hacia la afición taurina, a efectos de impedir la capacidad de renovación que, según expone la ley, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Una actitud muy marxista, pero muy poco diferenciadora de la que se aplicaba en el franquismo de los años cincuenta, cuando se nos impedía a los jóvenes el asistir a las salas de cine “por nuestro bien moral” aduciendo peregrinamente que el contenido de la película podría dañar a nuestra formación íntegra. Quiero reseñar a este respecto que a mí me expulsaron del cinema Astoria por considerar que “La ventana Indiscreta”, obra maestra del gran Alfred Hitchcock, podría haber perjudicado mi formación o mi moral. Evidentemente las dictaduras, sean de mano extendida o de puño cerrado, suelen asumir siempre idénticos procedimientos; “la subordinación de los asuntos comunes a la lógica ciega de la razón instrumental autonomizada”.

Pero es que, inclusive, viene a darse el caso de que, esa tan invocada recomendación de un organismo tan desacreditado como inoperante como viene a ser la ONU, queda dinamitado por la fuerza de la razón científica y psicológica, cuando el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, haciéndose eco de tan controvertida recomendación, encargó al efecto un detallado informe a un amplio grupo de psicólogos y psiquiatras de distintas universidades (País Vasco, A Coruña y Madrid, entre otras), los cuales llevaron a cabo el estudio mediante un objetivo claro: averiguar si los toros tenían posibles repercusiones psicológicas sobre los niños menores de 14 años. Javier Urra, el entonces Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, lo encargó al poco tiempo de que Cataluña diera el primer paso en la batalla contra la Fiesta y prohibiera a los menores la entrada a la plaza de toros (único lugar en el mundo en el que ocurre), cuyo resultado transcribo íntegramente tal y como fue publicado:

«No se puede considerar peligrosa la contemplación de espectáculos taurinos y no hay una base suficiente para sustentar científicamente la prohibición de los menores de 14 años a los toros». Resolución sin fisuras: «Es difícil la identificación del niño con la violencia cuando lo que ve es la lucha y muerte de un animal en un ambiente festivo, de forma esporádica, con unas reglas del juego aceptadas, y una aceptación social del entorno por parte de los padres… Por lo que se refiere a otras alteraciones emocionales, ansiedad, pesadillas, no hay ningún apoyo empírico firme de que un espectáculo con carácter lúdico y ritual, enraizado en nuestra cultura (…) genere una interferencia emocional en el niño», afirma el estudio, que data de 1999. Poco ha cambiado la Fiesta de los toros. Una de las pocas artes que mantiene sus valores intactos. En cambio, mucho se ha publicado acerca de los efectos nocivos que produce la violencia sobre la formación de los niños.

En todo caso, nuestros poderes públicos, y aquí estoy incluyendo deliberada y fundamentalmente a los locales, deben tener en cuenta que el artículo 3 de la ley, exige el cumplimiento del deber de protección pública de la Tauromaquia, especificando textualmente que “En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”. Y que su artículo 4 prescribe que Ministro de Educación, Cultura y Deporte, se constituye en órgano de participación y colaboración de las Administraciones Públicas -y aquí las incluye a todas-, con competencias sobre la Tauromaquia y de los sectores vinculados a la misma.

“La libertad no se consulta”, es el slogan que exhiben orgullosos los actuales defensores de la Fiesta, pero lamentablemente tengo que decirles que la libertad es un concepto que deberemos conquistar día tras día si queremos cohabitar como personas que piensan y deciden, porque hoy nos quieren quitar nuestra cultura, mañana será el voto y después hasta la propia condición de persona. Pero eso sí, no nos preocupemos, siempre lo harán para preservar nuestra buena condición moral, la moral que ellos conciben y prescriben como únicos fedatarios y proclamadores de los principios y fundamentos de la verdad eterna. Esa es la cuestión.

Julián Sánchez