Informes a la carta

EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ

Si algún lector tuviese la curiosidad de acudir a la biblioteca y solicitase un ejemplar del libro “Hacia una nueva política económica española”, editado en 2011 por Alianza Editorial, bajo la declarada autoría de un autodenominado “Equipo Económico” y además se molestase en verificar el rol de economistas que figuran en su portada, podrían advertir que, algunos de ellos, especialmente uno, D. Manuel J, Lagares, a la sazón presidente de la famosa comisión de los denominados sabios, encargada por el gobierno del estado para la confección del informe donde se vaya a sustentar la reforma del sistema tributario español, con intención de propiciar con ello el desarrollo económico y la bajada del desempleo y procediese a examinar atentamente lo que dicha publicación expone, podría poco menos que llegar hasta la alucinación.

También podrán comprobar que, situado en octava posición del rol que dicho equipo presenta en la propia cubierta del tratado, figura también el nombre de D. Cristóbal Montoro; ¿les suena el nombre? Pues bien, si se siguen molestando en ir leyendo las indicaciones que dicho equipo económico va desgranando por dicha publicación, alcanzarían a acceder a indicaciones como ésta: “Debería descartarse de inmediato que una próxima reforma de los impuestos en España tomase como objetivo primario el aumento de la recaudación mediante la subida de tarifas, pues esas subidas podrían poner en peligro la consecución del objetivo del crecimiento y empleo…” Lo que viene a significar que el propio Lagares. En aquel entonces, venía a reivindicar que la futura reforma fiscal en España debería ser aplicada como parte de una política socio económica cuyos objetivos fundamentales habrían de ser fundamentalmente el crecimiento económico y empleo. Descartando, por lesivo, que la reducción del déficit pudiese provenir de un aumento de los impuestos.

En su desarrollo posterior, el propio Lagares propugnaba, contrariamente a lo que ahora aparenta indicar, que la reducción del déficit público, para que ésta fuese efectiva y no dañina, debería efectuarse únicamente sobre la reducción del gasto público hasta alcanzar una rebaja total que llegase al 38% del P.I.B. (actualmente estamos en prácticamente el 100%).

Como el libro indica, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, no únicamente figura inscrito entre los expertos inductores de las conclusiones del tratado mentado, sino que además, viene a ser el autor del propio prólogo del libro, por lo cual: “Haced lo que os digo, pero no hagáis lo que yo hago”. Congruente que viene a ser el caballero.

El pasado artículo ya comentamos una serie de indicaciones procedentes del “Informe Lagares” las cuales causaban alarma en referencia a la cuestionable rebaja fiscal, pero no venían a ser las únicas, por ejemplo; El informe de la Comisión Lagares propone, entre otras, una reorganización de los productos y servicios en su tributación por el impuesto sobre el valor añadido (IVA). No exige en principio una subida de tipos, pero sí trasvasar la gran mayoría de los productos desde el 10% del tipo reducido al 21% del tipo general, por ejemplo: En la propuesta de los expertos encargados por el Ministerio de Hacienda de hacer sugerencias para la reforma fiscal, en materia de IVA, el trasvase que más repercusión tendría sería el de los alimentos elaborados del 10% al 21%,(Carne, pescado, aceite, embutidos, cereales, galletas, yogures, helados, sal, pan tostado, zumos, etc.

En su propuesta nº 93, la Comisión recomienda el establecimiento de un sistema perceptible con efectos de regular la implantación de una tasa por el uso de infraestructuras del transporte (carreteras y demás viales), y propone el establecimiento de un peaje que habría de abonarse cada 50 kilómetros de recorrido. En propuesta número 99 la Comisión asegura que debería sustituirse los actuales cánones autonómicos de vertidos por un impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas, que podrían variar los tipos dentro de unos límites fijados por la ley estatal y que permitan tener en cuenta los costes de las infraestructuras de depuración así como los costes medioambientales y los costes del recurso. Recordemos que la Diputación Provincial de Valencia tiene asumidas, en nuestro caso, las competencias de reciclaje de residuos y la Generalitat los de depuración a través de EGEVASA y su repercusión en las tasas públicas no son especialmente bajos en relación con otras provincias o comunidades.

Además proponen el establecimiento de un sistema que establezca la creación de un impuesto estatal sobre el depósito de residuos de la construcción, residuos peligrosos e incineración de residuos. Si actualmente estamos observando la proliferación de obras ilegales, así como el vertido indiscriminado y diseminado de restos de dichas obras, no habrá más que seguir por éste camino para profundizar en tamaño despropósito.

Como ya manifestamos en el artículo anterior en su recomendación 85 en el capítulo de impuestos especiales, la comisión recomienda tomar una medida auténticamente revolucionaria en España, tal y como viene a ser la posibilidad de establecer un impuesto sobre el vino tal y «como recientemente se ha puesto en vigor en Francia».

En referencia los alcoholes en general establece que se “deberían incrementar progresivamente la imposición sobre el alcohol hasta alcanzar la media de la Unión Europea y revisar periódicamente los tipos específicos para conseguir que se mantenga el peso de la imposición sobre el precio final».

El informe también propone que se incorporen al IRPF todos los rendimientos de los bienes inmuebles, ya sean imputados o reales, incluidos los de la vivienda habitual en propiedad. También se propone que todos los rendimientos procedentes de los inmuebles queden gravados en el IRPF dentro de la base del ahorro y no en la tarifa progresiva, equilibrándose así su tratamiento fiscal con el de los rendimientos procedentes del capital mobiliario. O sea que, además de estar pagando un IBI realmente expoliatorio como venimos haciéndolo en nuestro municipio ahora, además, otro impuesto sobre lo mismo como si de un beneficio del capital supusiese. Mayor abuso es impensable.

Por lo que estamos comprobando, la política que Lagares y Montoro defendían en 2011, ha venido siendo sustituida por una de signo contrario que ha elevado el gasto público improductivo, subido los impuestos hasta en cincuenta ocasiones y destrozando el empleo hasta límites insostenibles. En contra de sus propias propuestas, el ministro Montoro no acometió una imprescindible reducción del gasto público y procedió a elevar los impuestos, dificultando la recuperación, reduciendo nuestras escasas posibilidades de crecimiento y contribuyendo a un dramático nivel de paro. Las medidas que se propugnan en este informe deberían implicar una severa reducción de las cargas fiscales, propiciando el urgente e intenso programa de reducción del gasto público, así como la liberalización y dinamización de nuestro sistema económico en su conjunto, con intención de aliviar las terribles cargas que soporta nuestro sector productivo.

Las medidas propuestas en el informe Lagares, seguramente inspiradas a la carta por el propio gobierno, de ser aplicadas únicamente beneficiarían a las rentas más altas y con más capacidad de nivel de ahorro y perjudicaría a las rentas más bajas y a las viviendas habituales, medidas muy “sociales” como bien podemos apreciar.

Esperemos acontecimientos, seguramente no inmediatos (hay elecciones de por medio), pero mal huele el guiso para una vez concluyan los comicios. La credibilidad del gobierno y de nuestros políticos en general, no vienen a propiciar cosa buena. El gato ya ha quedado escaldado en demasiadas ocasiones.

Julián Sánchez