Impuestos y déficit

EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

En una reciente comparecencia del Presidente Mariano Rajoy ante los medios de comunicación, manifestó tajantemente que va a bajar los impuestos en la próxima legislatura, caso de salir elegido para gobernar, así como también el propósito firme de no propiciar más recortes en los pilares básicos del estado de bienestar, tal y como podemos considerar a pensiones, sanidad, educación y dependencia. España recauda un porcentaje de PIB similar al de EE UU y Reino Unido y es imposible tener un estado del bienestar similar al de Francia o Alemania. El propio Gobierno estima que el déficit estructural en 2019 será del 2% del PIB y en cambio la Comisión considera que será del 3% del PIB, un poco complicado de situar de forma adecuada las piezas de este complicado puzle.

Pero la gallina ya está escaldada y del agua fría huye. Recordemos que, previo a las elecciones generales de 2011, el actual presidente en funciones también hizo pública su firme promesa, extensiva a toda la campaña, de bajar los impuestos y todos los economistas y líderes del PP se reafirmaron en ella. Pero, recordemos igualmente, que el 30 de diciembre, apenas unos días de concluida la campaña electoral y, tras sus resultados, una vez proclamado el nuevo gobierno del P.P., en su primer Consejo de Ministros, Rajoy subió el IRPF y, no precisamente en forma y características liberales, habida cuenta que Izquierda Unida había propuesto un tipo máximo del 49% y el PP lo subió hasta el 52%, similar al que propone Podemos.

Las consecuencias de la brutal subida ya las conocemos y, muy especialmente las clases medias, habida cuenta que las sufrimos de forma más que constatable, simplemente porque todo ello nos llevó la fuga de capitales, de depósitos, así como al temido rescate que, para evitarlo hubo que subir el IVA en todos sus tramos. Hacienda procedió a la brutal elevación del valor catastral de los inmuebles y muchos ayuntamientos se vieron forzados a subir los tipos del IBI. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, gobernada por el PP desde que comenzó la crisis, hubo hoteles que pagaron cinco veces más IBI que en 2007. Rajoy demostró en unos días que la subida de impuestos no viene a ser patrimonio único de las izquierdas.

En los dos años posteriores, el esfuerzo fiscal por evitar el temido rescate, unido a la fuga de capitales y de depósitos agravó la latente recesión, con la terrible consecuencia de la destrucción de más de un millón de empleos. La intervención del BCE evitó que España saliera del euro, en 2013 la Comisión nos dio nos años más para cumplir el objetivo de déficit del 3% del PIB, en 2014 el alivio ficticio llevado a cabo por BCE comprando masivamente deuda pública española.

Pese a estos antecedentes, las manifestaciones o promesas de bajada impositiva planteadas en estos momentos por Mariano Rajoy, son respaldadas desde Hacienda. De esta forma, fuentes del Ministerio de Hacienda, aseguraron que la rebaja del IRPF que promete el Partido Popular no solo es factible, sino que podrían comenzar a aplicarse en enero de 2017. Esa es la postura que defendieron este jueves rechazando al tiempo la idea de que la situación económica y la senda de consolidación vayan a impedir aprobar incentivos tributarios.

Pero el Ministro de Economía y Competitividad en funciones Luis de Guindos va mucho más allá, y se ha permitido afirmar que es “perfectamente posible y compatible una reducción del IRPF con el cumplimiento de la reducción del déficit comprometido con Bruselas”. Por consiguiente, el ministro cree que rebaja de dos puntos en el IRPF “reduce la cuña fiscal y favorece la oferta y la demanda de empleo”.

Esta afirmación del ministro la podría haber hecho perfectamente el propio Perogrullo. Claro que es evidente que las rebajas impositivas reducen la cuña fiscal y facilitan el empleo, lo difícil es aplicarlas sin consecuencias graves sin que dicha aplicación obtenga la oportuna compensación en la partida de gastos del presupuesto.

Si no se está dispuesto a eliminar gastos corrientes de las AA.PP., difícilmente se va a alcanzar a propiciar el mantenimiento de la calidad del estado de bienestar sin tocar el déficit al  alza, por mucho que se invoque el crecimiento, un parámetro muy alegremente conjurado, pero que, en realidad, no suficientemente asegurado si nos atenemos a los indicios, habida cuenta que la confianza de consumidores y empresarios continuó a la baja en España según se constató en un informe presentado al efecto en el mes de mayo, cuando perdió 0,4 puntos respecto al mes anterior, de modo que se situó en 105,7 puntos, según el indicador de Sentimiento Económico (ISE) publicado por la Comisión Europea (CE). De esta manera la confianza retrocede a niveles de diciembre de 2014, cuando acumulaba 105,6 puntos, de acuerdo con idénticas valoraciones.

Alarma que surge, si efectuamos comparación con el indicador de confianza del conjunto de la UE que vino a experimentar en el mismo periodo un avance de 0,5 puntos, hasta 104,7 puntos, según el Indicador de Sentimiento Económico. En cuanto a los socios de la moneda única, la confianza mejoró 0,7 puntos hasta 105,7.

El crecimiento, y como consecuencia la rebaja del déficit y del endeudamiento, no se propicia mediante el establecimiento de políticas asistencialistas, y propuestas demagógicas dirigidas a la captación de los votos de las capas sociales más desfavorecidas, para crecer y propiciar el sostenimiento y mejora del Estado de Bienestar es necesario aplicar políticas que favorezcan la progresión del tejido productivo desde su propia base. Ofrecer dinero que no se posee para posteriormente mirar para otra parte por no poder efectuar cumplimiento de lo ofrecido, únicamente conduce hacia la frustración y el desengaño y, en todo caso, al descrédito del sistema democrático.

A tal efecto, podría ser mucho mejor para el propio sistema el afrontar de una vez mucho más seriamente el futuro de nuestro trasnochado sistema económico cuyo estancamiento ya crónico nos lleva a situarnos en lugares de auténtico descenso deportivo en el rol de la UE, donde únicamente Grecia nos mira por la espalda. A este respecto la pasada semana el Banco de España vino a hacer público un informe mediante el cual, en un epígrafe dedicado a las características del capital humano nacional, se viene a resaltar que los empresarios españoles están peor preparados que sus homólogos de otros países europeos. Y no sólo los empresarios, también señala la imperiosa necesidad de reforzar la formación de los trabajadores asalariados y por cuenta propia.

Es por ahí por donde nos coge el toro, pero la escasa visión y la inexperiencia de nuestros políticos actuales no les lleva a ver más allá que del chascarrillo y la demagogia. Deviene meridianamente claro que crecer y crear empleo es condición necesaria, pero no factible si no nos decidimos a acometer la innovación y mejora de las políticas estructurales y de fondo que nos lleven en el medio y largo plazo a elevar nuestra posición en el ranking de consideración en la economía mundial.

El nuevo Gobierno salido de las urnas del 26/J, aplicará recortes en el presupuesto de 2017 y subirá los impuestos para cumplir con Bruselas. Da igual cual o cuales sean el partido o los partidos que compongan o lo apoyen en el Parlamento. Debido a la gestión nefasta con que se ha llevado, el actual gobierno deja en quiebra el sistema de pensiones públicas y además económicamente vivimos conectados al respirador automático del BCE. En consecuencia, todos los ofrecimientos y dádivas que nos van a llegar a izquierda y derecha del panorama político nacional, habrán de ser palabras huecas y sin el menor sentido o aplicación real. Los juristas del Consejo Europeo ya se han pronunciado al respecto, rechazando la posibilidad de prolongar el plazo de España para cumplir el objetivo de déficit sin emitir un veredicto sobre la desviación de ocho décimas registrada el año pasado.

Es cierto que el pronunciamiento de dichos juristas puede considerarse en calidad de una evaluación “no vinculante” del procedimiento, pero habrá que considerar en este mismo sentido que, en la práctica, supondrá que el Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE), no aprobará la prórroga hasta que la Comisión se pronuncie sobre la posible multa. Ambas decisiones, por tanto, se adoptarán al mismo tiempo, en el mes de julio como muy pronto. Es decir, que la posible prórroga tendrá que esperar hasta después de las elecciones del 26 de junio, por lo que, el nuevo Gobierno puede encontrarse con un plazo muy ajustado para rebajar el déficit y, además, con una multa de unos 2.000 millones de euros por la desviación de Rajoy en 2015, recarga para un déficit más que desbocado.

Así que, para dádivas precisamente, no creo que podamos estar.

Julián Sánchez