La gran mentira

Requena (14/02/20) Julián Sánchez // El observatorio del Tejo

El pasado viernes, cuando el presidente del gobierno anunció oficialmente que el lunes día 13 se llevaría a cabo, de forma gradual, la reincorporación al trabajo de las actividades no esenciales en referencia al sistema económico nacional, mantuve una conversación con un compañero de grupo de actividad en wappsap, sobre la conveniencia, o no, de tan significativa medida. El compañero alegaba que la decisión suponía una temeridad, así como otra nueva y peligrosa improvisación, a lo que yo tuve a bien alegar, recurriendo al popular refrán de “a la fuerza ahorcan» y me explico.

Evidentemente que mi amigo tenía razón, al mostrarme su más que fundamentado temor a que la terrible pandemia seguramente habría de repuntar, al abrir paso a toda una ingente serie de personas derivadas hacia la iniciación de sus interrumpidas tareas cotidianas y, todavía más, si tenemos en cuenta  que el gobierno aún no ha acertado en proveer a cada ciudadano de las oportunas medidas que pudiesen propiciar la conveniente salvaguarda de su salud pero, la realidad obliga y, toda la aprensión que su, cada vez más preponderante ideología populista, ha venido dedicando a la iniciativa privada, ha quedado en evidencia, ante la cruda realidad consistente en la constatación de que todo sector público que pretenda producirse con eficacia, necesita imperativamente de la aportación sustancial de los oportunos recursos que, mediante su cotidiana actividad,  le viene aportando la capacidad intrínseca proveniente desde la iniciativa privada. Y toda esta circunstancia tiene su historia.

El impulso socioeconómico que acaeció en la Europa de la década de los años 60 de la pasada centuria, vino favorecido como consecuencia de la preponderancia de dos conceptos ideológicos prevalecientes en el contexto político la época, los cuales alcanzaron a propiciar, mediante su natural alternancia, el desarrollo de las libertades individuales y colectivas, así como a establecer la creación del denominado estado del bienestar que originó el perfeccionamiento armónico del desarrollo social y el fortalecimiento de la propia democracia.

La “socialdemocracia” por la izquierda y la “democracia cristiana” por la derecha, alcanzaron a desmontar las agudas aristas que el comunismo y el fascismo habían esgrimido desde épocas anteriores en orden al sometimiento político de las voluntades populares. Estas nuevas ideologías emergieron a efectos de intentar someter y socavar las resistencias que impedían las legítimas aspiraciones de la propia sociedad a ser liberadas del yugo opresor y se organizaron mediante la consiguiente acción de compromiso hacia la consolidación democrática de unos estados prósperos erigidos sobre conceptos basados en las libertades individuales y colectivas.

El estado de derecho, emergente mediante la separación del poder judicial de la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo, había hecho acto de presencia y, consecuentemente, la evolución social comenzó a alcanzar cotas hasta estos momentos inéditas. El comunismo y el fascismo quedaron excluidos automáticamente de su posible convergencia en este nuevo sistema de convivencia y, consiguientemente, los países en los que todavía subsistían, fueron presos del más pertinaz atraso en el orden político, social y económico.

La muerte de Franco en España y posteriormente la caída del insostenible “Muro de Berlín”, vino a suponer la liberación de los estados que conformaban este impasse democrático y, consiguientemente, sus nuevos dirigentes solicitaron adherirse a la prerrogativa democrática imperante en la Europa moderna  a  cuyo sistema de bienestar legítimamente aspiraban.

Mediante una transición nada fácil, preconizada ejemplarmente por el estadista ex franquista Adolfo  Suárez, España comenzó a consolidarse en la democracia mediante la promulgación de la Constitución de 1978, pero faltaba el acometimiento corrector de algunas formalidades de suma importancia, cuya subsanación habría de situar a nuestro país en la órbita de los estados más desarrollados de Europa. Este protocolo no venía a consistir en otra cosa que ponerse al nivel democrático  suficiente para alcanzar la incorporación  de hecho de nuestro país a las estructuras de la Unión Europea.

La irrupción del partido socialista en el poder en 1982, habría de propiciar dicho objetivo. Pero para llegar hasta allí, el PSOE tuvo que dirimir obstáculos fundamentales. El primero de ellos consistía en eliminar de sus estatutos el concepto corporativo que le venía encadenando como institución a las viejas estructuras comunistas de la época anterior. Este trámite no era otro que el eliminar de sus principios institucionales el concepto de “marxismo» ideológico, procedimiento que afrontó en el congreso extraordinario de septiembre de 1979, celebrado en Madrid bajo el lema “Forjando el socialismo”. En este congreso se abandonó el marxismo como concepto ideológico oficial del PSOE, quedando bajo la definición oficial de “partido democrático estructurado de carácter federal”.

El segundo y no menos importante trámite, consistía en liberalizar la obsoleta industria pública franquista, la cual, como en todas las dictaduras de uno u otro signo  ideológico, se significaba por su escasa eficacia y nula competitividad. El ministro Carlos Solchaga fue el encargado de efectuar dicha reconversión en tiempo record, lo que supuso la gran ruptura entre las instituciones hermanas del PSOE y la UGT, propiciando la dimisión de Nicolás Redondo y Antón Saracibar como diputados socialistas en el Congreso de los Diputados. La entrada de España en la Unión Europea había quedado resuelta.

De esta forma quedó incorporado el Partido Socialista a las estructuras básicas de la socialdemocracia europea, propiciando, de esta forma, la incorporación de la España en que gobernaba a las estructuras de la  Unión Europea, con todos sus derechos y obligaciones en el orden  político, social y económico.  Mediante ello, la progresiva experimentación en nuestro país del ansiado estado de bienestar que la libertad y la democracia habían propiciado en la Europa democrática fue alcanzándose de forma progresiva.

Pero, lamentablemente, con el tiempo, las ideologías dominantes en este dilatado periodo están viéndose sustituidas por algo mas abstracto, lo que se ha venido en llamar “La ideología invisible”. En consecuencia , tanto a derecha como a izquierda del espectro político europeo, vino a hacer su aparición el denominado “populismo”, ideología dimanante de los antiguos totalitarismos provenientes de uno y otro extremo ideológico, que junto a los pertinaces y tradicionales nacionalismos, han venido invadiendo la funcionalidad del sistema, desplazando de su función alternante, tanto a la socialdemocracia, como a la democracia cristiana, permeabilizando mediante sus demagógicas propuestas maximalistas sin base ni concepción sustancial alguna, la consistencia de un sistema en cuyo contexto les fue imposible coexistir hasta este momento.

¿Y qué viene a ser el populismo? Pues simplemente un ente extra ideológico  con vida propia que viene a trascender las tradicionales fronteras de las ideológicas, inspirado en las emociones en lugar de la razón, en las fantasías y no en la realidad, y en la promesa de destinación de recursos hacia quien no es persona dispuesta a obtenerlos mediante su capacidad y su esfuerzo. Todo ello a costa de esquilmar los bolsillos de pequeños empresarios, autónomos y demás trabajadores que se dejan media vida en el trabajo diario mediante la legítima intención de tratar de sacar adelante sus proyectos o su familia, colaborando por ende con el bienestar general. En resumen, una supuesta ideología sustentada sobre la base de falsas promesas que pretenden ofertar al individuo proclive, el concepto simple de la posibilidad de llegar a alcanzar a poseer fácilmente aquello que más desee, aunque ello devenga en un imposible.

Cuando el populismo se introduce en el poder, emerge mediante la compra de medios y voluntades, con idea de proporcionar prebendas a aquellos que se manifiestan como posibles afines, castigando, por el contrario, a la más ignominiosa muerte civil a quienes no se prestan a sus espurios intereses.

De esta forma es como Pedro Sánchez alcanzó el poder en el Partido Socialista y, aupado mediante la acción de unas bases poco ideologizadas, iniciaron su viaje hacia la incertidumbre de un sistema al que simultáneamente  también desembocaron las huestes populistas de origen comunista, encabezadas por un Pablo Iglesias que había llegado a la política bajo la promesa de destruir una supuesta “casta” de privilegios a la que no tardó en incorporarse él mismo, presa de su propia contradicción.

La negación de la iniciativa privada como concepto, preconizada por el populismo de izquierdas, heredero del más rancio y reaccionario pensamiento del marxismo más decimonónico, ha quedado en evidencia al verse obligado el gobierno populista de Pedro Sánchez, a ordenar la vuelta al trabajo de los componentes del sector productivo de carácter privado denominado como “no esencial», aún con el peligro de hacerlo mediante un más que  seguro repunte de las más que probables infecciones que seguramente dicha incorporación habría de producir, como consecuencia de no disponer todavía de los materiales necesarios para salvaguardar la salud de los ciudadanos en cuestión.

Sin duda ninguna, la reincorporación de este sector propio de la iniciativa privada al sistema productivo, se tuvo que decretar al constatar el propio gobierno que la iniciativa pública es imposible que alcance a sustanciarse en el medio y largo plazo, sin el aporte de los recursos que viene a proporcionar la acción de la actividad privada. Con otras palabras, que un vehículo no puede , ni siquiera moverse sin el consiguiente aporte de combustible que ha de propiciar la explosión de su motor.

El abandono por Pedro Sánchez del espíritu socialdemócrata que llevó a su partido a proporcionar a su país unos índices de progreso y bienestar económico y social desconocidos en el pretérito, inducido y apoyado por el populismo comunista de un Pablo Iglesias, más ocupado en éstos angustiosos días en lanzar mensajes apocalípticos a la economía privada y a los ahorros de los propios ciudadanos, recurriendo a la exposición sesgada del artículo 128 de la C.E, ocultando intencionadamente que este precepto constitucional tiene su complemento de  desarrollo compensatorio en la prescripción prevista en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1998, en lugar de haberse dedicado en cuerpo y alma, como realmente venía a ser su responsabilidad a la vigilancia del estado de las residencias de ancianos de nuestro país, principal foco de incidencia de la pandemia, de haberlo hecho así, a lo mejor se podría haber minimizado bastante la magnitud de la tragedia. Algún día, alguien pedirá responsabilidades por esta supuesta imprevisión que tantas vidas humanas se ha llevado por delante.

Retóricas maximalistas aparte, lo que si habrá que considerar es la evidencia de que la crisis económica que va a acaecer, va a ser de magnitudes imprevisibles y que para salir de ella paulatinamente, va a ser imprescindible que el sector de iniciativa privada de nuestra economía entre en acción con todas las garantías de apoyo y libertad institucional que el panorama requiere. Se acabó la gran mentira del populismo demagógico del nuevo siglo, o se potencia la economía privada, o no habrá tampoco servicio público de garantías, sin combustible los vehículos no marchan.

Se acabó el tiempo de las retóricas decimonónicas, la dinámica del día día se nutre de acción, no de evocaciones ni romanticismos trasnochados y manifiestamente fracasados. Las mentiras duran hasta que la realidad las evidencia y la realidad que nos viene encima no está para experimentos de patio de colegio mayor. No hay otra, o la iniciativa privada sale al rescate con todas sus potencialidades, o el futuro social y económico  de España no tendrá factibilidad, mírese por donde se mire.

Julián Sánchez