domingo, 28 julio
EL OBSERVATORIO DEL TEJO /JULIÁN SÁNCHEZ
Tras la euforia patentizada por los componentes y seguidores del partido griego Syriza, homólogo del español Podemos tras su victoria en las pasadas elecciones griegas, vino el anuncio de las primeras medidas a adoptar por parte del gobierno de Alexis Tsipras, alguna de las cuales han venido a ser consideradas incompatibles con los planes de ajuste acordados con la Comunidad Europea. En consecuencia dichas medidas han propiciado algo que ya se esperaba, una fuerte salida de depósitos de la banca griega y la debilidad que ello supone para sus respectivos balances que reflejan el verdadero crédito internacional hacia su gestión.
Según datos que facilitan diversas agencias económicas, en diciembre del pasado año los griegos retiraron 3.000 millones de euros en depósitos, una cifra que se ha multiplicado casi por cuatro en el mes de enero, hasta llegar a alcanzar los 11.000 millones de euros.
Pero esto no viene a ser todo; tan sólo entre el periodo que va del 19 al 23 de enero, justo antes de las últimas elecciones, la retirada de fondos de los bancos vino a alcanzar una cantidad incluso mayor que la que sufrió el país en mayo de 2012, durante los peores momentos de la crisis de deuda europea.
En noviembre de 2014, los bancos griegos mantenían en sus balances un total aproximado a los 164.000 millones de euros en depósitos. Desde entonces, esta cifra se ha reducido en un 8,5%, por debajo de los 151.000 millones registrados en los peores momentos de 2012.
El temor al “corralito” está consiguiendo que una gran parte del dinero retirado tenga como destino el denominado “colchón de seguridad domiciliario”, habida cuenta que el personal prefiere el riesgo incierto a la inseguridad domiciliaria que el seguro a la reducción del ahorro mediante la quita estatal.
Otra de las medidas temerarias que el gobierno prometió, vino a ser el aumento prometido electoralmente de elevar el salario mínimo interprofesional en 200 €, sin tener en cuenta la situación de la economía griega en relación a su PIB. En consecuencia, si dicha promesa se hiciese efectiva, la competitividad de las empresas griegas se vería enormemente perjudicada como consecuencia del elevado coste salarial que deberían soportar en referencia a su ya débil posición en el mercado. Con un índice de desempleo de más del 25% y un PIB que ocupa el lugar 17 del ranking europeo, el anunciado incremento salarial vendrá a propiciar ineludiblemente la realidad de que una empresa griega que contienda en un mercado competitivo obtendrá un incentivo para reducir su número de trabajadores hasta ajustar el total de sus salarios reales a su productividad. El equilibrio del mercado requiere que el salario real del trabajador iguale necesariamente el valor de lo que produce, caso contrario el incremento del índice de desempleo irremediablemente vendrá servido.
Otra incertidumbre deviene de la posible actitud del nuevo gobierno griego en referencia a la renegociación de la deuda soberana. En principio han dejado claro que no reconocen a la denominada Troika como interlocutor y que en consecuencia su negociación deberá ser efectuada a máximo nivel. En tal caso habrá que tener en cuenta que Francia y Alemania han declarado no aceptar la concesión de una quita en los préstamos de la zona euro a Grecia (más de 200.000 millones de euros, de los que España ha aportado 28.000 directamente), pero Berlín y, sobre todo París, si parece ser que se muestran dispuestos a suavizar los términos de los préstamos y relajar los objetivos de superávit fiscal (4,5% este año, sin contar el pago de intereses), lo que seguramente habría de dejar cierto margen a Tsipras para poner en marcha una parte de su programa social.
En referencia a la calificación de la deuda griega, hay que constatar que a principios de este mismo año, la agencia Ficth revisó de estable a negativa la deuda de Grecia y la mantuvo en la calificación «B» (categoría de algo grado de especulación o bono basura), debido a que la incertidumbre política ha aumentado los riesgos para su solvencia y, según declaraciones de Douglas Renwick, director sénior del departamento de Deuda Soberana de Fitch, si para la próxima revisión que la agencia piensa hacer efectiva en el mes de mayo no se experimenta un progreso en las conversaciones con la UE, o se dé la apariencia de que puedan estar fracasando, por supuesto que habría un nuevo motivo para considerar una nueva rebaja.
En este mismo sentido, también la agencia Moody’s consideró esta semana que el resultado de las elecciones generales en Grecia es negativo para el crédito en el país, ya que prolonga el riesgo de financiación, liquidez y crecimiento económico y «debilita la confianza de los inversores»(sic).
Grecia no tiene mucha salida a una reivindicación soberana habida cuenta que sus consecuencias no le afectarían únicamente a ella como país. Si los compromisos no se realizan salvaguardando el interés común europeo, podría darse el caso de que las ventajas que se ofreciesen a la nueva situación griega fuesen reclamadas en rol de equidad igualmente por los gobiernos de España, Portugal, Italia e Irlanda y, en consecuencia, no hay miel para tanto panal.
Este es un encuentro que se viene jugando con idénticas reglas para todos, reglas que ya se conocían desde que se establecieron en la primaria convención de Maastricht y que todos se comprometieron a aceptar. Sería ilógica la idea de que a medias de jugar la temporada dichas reglas fueran modificadas a conveniencia de algunos, en consecuencia sería tanto como adulterar la competición y, no creemos que nadie en su sano juicio desearía participar en una competición adulterada en su contra.
Tomemos nota de esta situación habida cuenta que, nosotros también estamos inmersos en dicha contienda y por lo que se va viendo, aunque existen notables diferencias de fondo, en las formas vamos iniciando un camino paralelo que ya se comienza a cuestionar.
Julián Sánchez
