domingo, 22 diciembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
Según los datos actualizados y publicados el pasado jueves por el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta junio pasado se elevó por primera vez por encima del billón de euros (1.007.319 millones), alrededor de un 98,4% del PIB. La previsión que para el presente año el Gobierno establece viene a ser que la deuda alcance el 99,5 % del PIB.
La deuda pública, en consecuencia, volvió a elevarse en 10.336 millones desde el mes de mayo. Del total de la deuda del conjunto de las administraciones en el primer semestre, en cuya estimación 729.331 millones se correspondían a valores a medio y largo plazo, 74.652 millones a valores a corto plazo y 203.336 millones a créditos no comerciales, así como emisión de moneda y caja general de depósitos.
Dicha circunstancia supone que la deuda pública española se ha triplicado desde que comenzó la crisis económica, y ha pasado de suponer un 36,3 % del PIB en 2007 a rozar el 100 % en los momentos actuales.
Lo más grave de ésta situación viene a ser que (corrupciones aparte) las acciones brindadas por los estamentos públicos dirigidas a ser encaminadas a propiciar una auténtica reforma administrativa que facilitase el control y empleo del dinero público con eficacia y eficiencia resultan tan tímidas como inútiles, por lo que, el único camino mediante el cual la deuda no ha alcanzado unas proporciones descomunales ha sido el de los insociales “recortes” 3establecidos sobre nuestro estado de bienestar, los cuales han empobrecido notablemente la calidad de vida de una ciudadanía asolada por la consabida crisis.
Según un estudio presentado por la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (FEDEA), en España existen profundas diferencias en referencia a las dos estadísticas más utilizadas para medir la financiación de las autonomías. Por un lado está la capacidad fiscal bruta, entendida como los ingresos obtenidos por tributos cedidos con una escala de gravamen igual para todos, y por otro, la financiación homogeneizada (a iguales competencias y esfuerzo fiscal) por habitante ajustado.
En la primera clasificación, Madrid aparece situada en primera posición, con 23 puntos por encima de la media, seguida por Baleares, con 5,9 puntos por encima, y Cataluña con 2,8 puntos también por encima. En los tres últimos puestos de esta lista figuran Castilla-La Mancha, con 30,5 puntos menos que la media, Extremadura, con 37,6 puntos menos, y Canarias, con 55,6 puntos menos.
La clasificación de financiación homogénea muestra los cambios que sufre la primera una vez aplicados los mecanismos de nivelación y redistribución en función de las autonomías. Las que más ingresan son las más que aportan y las que menos son las que más reciben. El quid de la cuestión es que las primeras consideran que sufren una merma muy elevada frente a la primera clasificación.
La queja puede resultar poco menos que insolidaria, si es que verdaderamente podríamos considerar que la distribución de recursos fuese directamente proporcional a la inversión en desarrollo y productividad en las autonomías del fondo del ranking, pero lo que saca de quicio a los mayores aportadores de recursos, viene a ser la subsidiación de la sociedad en dichas comunidades, así como el abuso y despilfarro de recursos asignado a las mismas. De esta guisa, la inutilidad del PER y, muy especialmente, el escándalo de los fraudulentos eres y demás affaires corporativos, vienen a suponer una amalgama de alarma social reconocida hasta por el propio número dos del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, quien ha reconocido recientemente que no le sorprende el presunto fraude en cursos de formación en Andalucía que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ya que estos recursos han sido utilizados «en ocasiones» como vía de «financiación paralela por los organismos que los organizaban”.
Si pasamos a la otra comunidad supuestamente “subsidiada” Extremadura, recordemos, gobernada por el Partido Popular con apoyos de Izquierda Unida, según una información publicada en el diario digital “El Plurtal.com “, la flota de automóviles de la Junta de Extremadura actualmente había superado los 2.000 vehículos. Un parque automovilístico que, pese a las críticas en este sentido de José Antonio Monago cuando era jefe de la oposición, había seguido aumentando desde que el Partido Popular ocupaba el Gobierno extremeño.
Y en lo referente a las empresas públicas durante el pasado año en España, muchas de ellas sin actividades ni prácticas conocidas, según las escandalosas conclusiones de un informe que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados, más de 3.300 empleados de dichas empresas públicas gozan de un sueldo anual de más de 90.000 euros. Para poner en perspectiva esta cifra, tengamos en cuenta que el Presidente del Gobierno tiene asignadas anualmente la cantidad global de 75.000 euros.
Según dicho organismo, hay cinco entes dependientes de las Administraciones que no tienen actividad pero mantienen más consejeros que plantilla. El cálculo del Tribunal de Cuentas cifra en más de 5.000 millones el coste de mantener a 190.000 trabajadores en este ámbito laboral de las Administraciones. El sueldo medio que manejan es de 33.600 euros frente a los 22.800 euros que cobran, de media, el resto de trabajadores (incluyendo empleados ordinarios del sector público y trabajadores del sector privado).
No es razonable toda esta amalgama de datos que únicamente pone en evidencia la idea de que, si deseamos apuntalar la idea del reforzamiento económico que relance nuestra economía en unos momentos en los cuales se precisa de limpiar de obstáculos las vías para dicho despegue, para ello se precisa inapelablemente un reforma administrativa en profundidad que incluya una independencia de poderes del estado efectiva y real, así como una utilización de los recursos públicos hacia el orden productivo, mediante el consenso máximo político y social.
El caminar sobre el inseguro carril anteriormente anunciado solamente va a conducir a más precariedad, más enfrentamientos y menos posibilidades de empleo real, lo cual, indefectiblemente ya sabemos hacia dónde conduce.
Julián Sánchez
