domingo, 22 diciembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ
Estos días pasados, presenciando el magnífico programa “El Hormiguero” de nuestro paisano Pablo Motos, en un momento de la entrevista al no menos magnífico Antonio Banderas, el actor, en un alarde de sinceridad, apuntó un detalle que no dejó desapercibido a nadie que medianamente siguiese la actualidad socioeconómica mundial: “Mientras que en España la máxima aspiración de la gente se significa en llegar a ser funcionario, en Norteamérica la aspiración general es emprender”.
Y es que no hay nada mejor que lanzarse al mundo para conocer la auténtica realidad de sus circunstancias. Los países que progresan son los que huyen de toda política asistencialista y fomentan un sistema educativo donde el personal evolucione con una mentalidad propia de la tecnología avanzada que mueve el mundo. Pero esta circunstancia parece no haber llegado a parte de nuestro espectro político quienes viven permanentemente en la demagogia del asistencialismo, o el atraso de la disgregación, sin aparentar ofrecer otra alternativa que la promesa de algo de lo que no se dispone y que, con las políticas formuladas deviene inverosímil el poder llegarse a alcanzar.
Ya en artículos anteriores hacía mención a la imposibilidad de llevar a la práctica con éxito las diferentes políticas anunciadas por los gurús de los diversos partidos emergentes, las cuales habían de suponer, en el menor de los casos, un aumento de la dotación presupuestaria cercano a los 60.000 millones de euros, nada más, ni nada menos. Las advertencias que llegaban desde Bruselas ya hablaban de un desajuste del déficit público aproximadamente en un punto y medio, lo cual habría de suponer un recorte presupuestario de unos 15.000 millones de euros.
Pero, evidentemente la cosa no quedó únicamente aquí, ahora se nos hace llegar la realidad de que el déficit público de España alcanzó el año pasado los 56.608 millones, cifra que se reduce a 56.061 millones (5,2% del PIB) si no se incluye la ayuda financiera que no se tiene en cuenta a efectos de medir el cumplimiento del objetivo de déficit. En cualquier caso, España superó con creces el límite que acordó con Bruselas fijado en el 4,2% del PIB. En consecuencia y siguiendo lo antedicho, el conjunto de las AA.PP. españolas rebasó en 10.652 millones más el objetivo de déficit público para el año. Dicha circunstancia supone el mayor desvío de la actual legislatura.
Por consiguiente, la Comisión Europea ya no exige que la reducción a aplicar en nuestro actual presupuesto vaya a ser de 10.000 millones de euros, sino que el déficit se reduzca al 2,8%, lo que equivale a realizar un improbable ajuste de 24.500 millones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, echa balones fuera y culpabiliza de tan lamentable desvío a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, y también anuncia que Hacienda pondrá en marcha los mecanismos que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria para corregir el déficit público autonómico.
Lo cierto y verdad viene a ser que con los números en la mano, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia son las autonomías que cerraron el año 2015 con más déficit, e incluso las dos primeras suponen juntas más de la mitad de la desviación total de las comunidades en ese año, que ha supuesto el 0,96 % del PIB, pero ellos se defienden alegando que la redistribución es injusta y que por ello incumplen.
Y ¿Cuál ha de ser la alternativa?, sencillamente porque en un estado social y de derecho, ¿a quién o quienes se ha de recortar para que la justicia sea equitativa a todas las partes?, porque se habla de que los ricos deben ceder, pero resulta que las comunidades teóricamente más ricas son precisamente las que más incumplen y también las que más protestan, en consecuencia, que alguien me despeje la incógnita de esta ecuación.
Pero lo más significativo de ello viene a ser que el aumento del déficit se viene a producir cuando precisamente el déficit comercial español mejoró ostensiblemente sus cuentas gracias al incremento de las exportaciones. Por consiguiente, y, siempre según los datos publicados por el Ministerio de Economía, las exportaciones se incrementaron un 4% con respecto a las de hace un año, hasta alcanzar 52.280 millones de dólares, su máximo histórico en periodo equivalente, y las importaciones ascendieron 58.426 millones de dólares un incremento interanual del 3%. También en consecuencia a lo expuesto, será interesante exponer que el déficit energético se redujo un 12.6%.
En este periodo destacó el aumento del 6.1% de las exportaciones a la Unión Europea, con un incremento del 5.5 % en la zona euro y del 8.2% interanual en el resto de la Unión. Y en cuanto a las exportaciones a destinos extracomunitarios, estas aumentaron 0.4% interanual, y representan ya el 35.4 % del total. Destaca al efecto el crecimiento de las exportaciones a Asia (excepto Oriente Medio) en 13%, en especial por el aumento de las ventas a las mayores economías de la región: Japón (45.3%), Corea del Sur (46.7 %) y China (14%), también continúa la reanimación de las exportaciones a Estados Unidos (19.9%), mermadas durante 2013.
Todo lo anterior no ha evitado sin embargo la evidencia constatada de que, como hemos podido comprobar, el sector público español registrase un agujero superior al 5% del PIB al cierre de 2015 y también un índice de deuda récord del 100% del PIB en dicho periodo. Por otra parte, sería interesante considerar el axioma contable consistente en que el déficit público tiene, por otro lado, un efecto en el incremento de la deuda pública. Aunque existen diferencias de contabilidad (el déficit se contabiliza por devengo y la deuda por criterio caja), y, consecuentemente, el crecimiento del agujero fiscal y de la deuda mantienen una tendencia similar.
Parece ser que, ya por fin, el mazo de Bruselas ha comenzado a hacer reaccionar a nuestros principales partidos políticos, excepción hecha de Podemos e Izquierda Unida, por razones obvias. En consecuencia, tanto PSOE como Cs, se comprometieron a intentar la manera de mantener el gasto social de 7.000 millones que recoge su pacto de Gobierno. No obstante, el responsable de economía del PSOE, Jordi Sevilla, señaló que “no habrá para muchas alegrías más” y todo ello justo antes de abrir negociaciones con Podemos. Este partido advirtió sobre la idea de que un Gobierno “del cambio” no puede usar el déficit para cercenar la agenda social, bueno pues, juegos de manos tampoco creemos que sea la solución al problema.
Y es que el descontrol del gasto ha sido siempre el exponente del desbarajuste en la economía del estado, en consecuencia, y para hacernos una idea, por cada 100 euros que España se había comprometido a gastar de más, finalmente ha acabado gastando 120. En consecuencia, los ciudadanos, ante este desmesurado anuncio del incremento del gasto social que propugnan los populismos, podríamos irnos preparando para lo que nos pueda venir, lloviendo ya sobre mojado. Porque recordemos que el gobierno actual, llegó con la promesa de bajar los impuestos para devolver al ciudadano la capacidad de decidir entre gasto y ahorro, y, por el contrario, lo que vino a hacer, fue aplicar la mayor subida de impuestos de la democracia. Y pese a que al gobierno Rajoy se llenó la boca de anunciar “agresivas rebajas fiscales” -palabras del propio Montoro-, lo cierto viene a ser que esa “agresividad” se vino a cifrar en unos 5.500 millones de euros, frente al expolio de 23.000 millones que los españoles, especialmente y como siempre, de forma fundamental quienes estamos sujetos a una nómina o pensión, fuimos el objetivo preferente de esta agresividad impositiva, no esos ricos etéreos que siempre anuncian, pero que nunca aparecen por ninguna parte.
Y es que el populismo, que siempre malinterpreta a Keynes a la hora de justificar sus injustificables y obsoletos planteamientos, sin tener en cuenta, yo creo que más por desconocimiento que por malicia, que el verdadero pensamiento de John Maynard Keynes a la hora de establecer el fundamento de su filosofía económica, lo solía exponer hacía mención a la advertencia expresa de que existe en toda circunstancia un enorme riesgo a la hora de incrementar la deuda pública con gasto improductivo, con clara discriminación entre políticas de inversión y gasto. En consecuencia, lo que Keynes quería claramente advertir era del grave peligro que significa el aumentar la deuda por encima del crecimiento del PIB y todavía más grave si el endeudamiento se realizaba sobre gastos asistencialistas e improductivos, que en momento alguno vaya a compensar el esfuerzo mediante la reversión.
En consecuencia, según el pensamiento keynesiano, los gobiernos no deben financiar jamás los déficits de gastos corrientes a base de políticas de endeudamiento sobre el PIB, por lo que deberían en todo caso, lo eficaz debería ser el buscar la rentabilidad real proponiendo que las inversiones públicas se sufraguen con fondos prestados que se auto sufraguen a lo largo de la vida del propio proyecto.
Por consiguiente, si el próximo gobierno que se haga cargo de subsanar la tremenda papeleta económica que tenemos pendiente con Bruselas, desea mantener el avance en el gasto social sin efectuar recortes en las estructuras básicas de nuestro estado de bienestar (pensiones, sanidad, educación, etc.), no va a tener más remedio que proceder de una vez por todas al acometimiento de la reducción o eliminación, según el caso, de la enorme cantidad de gasto improductivo que pulula por las estructuras burocráticas de un estado que necesita renovarse desde ya mismo. Mientras no se ataque el problema del gasto corriente, no hay solución para este país.
Fuera diputaciones, reducción de estructuras autonómicas, Senado y reducción drástica de ocho mil actualmente existentes a poco más de mil ayuntamientos, tal y como se vino a efectuar en los países europeos más avanzados. Fuera televisiones autonómicas y radios de ayuntamientos. Fuera empresas públicas creadas a miles por los ayuntamientos y diputaciones para enchufar a gente del partido. Solo con eso se acabó el déficit manteniendo un estado de bienestar aceptable.
Pero es mucho más fácil engañar a la gente con la demagogia asistencialista cuyos recursos pretenden obtener de unos ricos que nunca aparecen. Y el peligro puede venir para los componentes del próximo gobierno que, tarde o temprano, deberá hacerse cargo de la situación de nuestras cuentas pública, el tener que recortar otra vez sectores de nuestro estado de bienestar ya enormemente castigados con anterioridad, especialmente las pensiones. A estos efectos sería conveniente el recordar con qué intención se aprobó la reforma en 2013. La ministra Fátima Báñez incluyó una cláusula especial en la parte dedicada al nuevo Índice de Revalorización (IRP), la cual, habrá que recordar, que con intención de que este índice se interpusiese para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema. Los expertos que el Gobierno convocó plantearon una fórmula dirigida a equilibrar los ingresos y los gastos a lo largo del ciclo.
Pero se da la circunstancia real de que, si el resultado del índice que garantiza la sostenibilidad es negativo año a año, y el límite mínimo del 0,25% entra en juego en todos los ejercicios, el sentido de la reforma queda sin efecto, y su incidencia sobre la sostenibilidad deviene prácticamente determinante. En consecuencia, si el resultado del IRP sale en negativo superior al 0,25% del mínimo establecido todos los años, pero se aplica el límite mínimo del +0,25%, el propio sistema habrá finiquitado su propia definición de sostenibilidad, porque no tener en cuenta el índice que regulariza gastos e ingresos.
A ver quien explica a nueve millones de pensionistas que, a poco espacio de tiempo sus pensiones pueden menguar. Buena papeleta para nuestros nuevos gobernantes.
Nota: Finalizando el presente artículo accedo a la noticia de que Mariano Rajoy anuncia una propuesta de medidas para la reducción de la jornada laboral. O sea, que propone atacar la sequía con más calor. Queda claro que el populismo, como ideología de los necios no será lo más efectivo y aconsejable, pero que sí parece ser lo más contagioso. A las pruebas me remito.
Julián Sánchez
