domingo, 22 diciembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
El Gobierno estimó para 2013, y así lo acordó con Bruselas, que el déficit público únicamente podría experimentarse en un porcentaje máximo del 6’5%, del PIB pero, lo que verdaderamente sucedió, vino a ser que la comprobación oficial del mismo a finales de año, según datos que ahora aparecen, arrojó una realidad del 6’62%, lo que viene a suponer, sin duda ninguna, es la constatación de que, el índice de referencia deficitaria de España en el último ejercicio se convirtió en un nuevo incumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte de nuestro país en referencia al déficit público en sus compromisos con la zona euro. Y no viene a ser la primera ocasión en que el gobierno de Rajoy incumple dicho compromiso, toda vez que en 2012 debimos cerrar el acuerdo de déficit en el 6,3% y lo hicimos en el 6,8%, lo que todavía agrava más la credibilidad de nuestro estado, si tenemos en cuenta que llueve sobre el mojado de la contravención, como consecuencia de que, desde el 2008 España nunca ha cumplido sus objetivos en materia de déficit público, pese a haberse comprometido en cada ejercicio a llevarlo a cabo.
Pero, lo más grave de esta cuestión viene a ser la más que fundamentada sospecha de maquillaje de las cuentas públicas que el gobierno de España, si hacemos caso a la denuncia de la agencia norteamericana Bloomberg LP, publicada en un reciente informe, que el dato de déficit del 6,62% del PIB que se experimenta nuestro país, se alcanza entre unas más que verosímiles sospechas de maquillaje contable comprobado por distintas vías. En relación a ello, se considera que el déficit público contabilizado en España entre el tercer y cuarto trimestre de 2012 creció en 16.500 millones, mientras que en 2013, se indica que lo ha hecho únicamente en mil millones más (17.500), cuando se esperaba una cantidad mucho mayor como consecuencia de que se restableció la paga extra a los empleados públicos por un total de 5.000 millones de euros. En consecuencia existen indicios más que fundamentados para sospechar que la mayor parte de los gastos de diciembre de 2013 se han trasladado a enero de 2014, permitiendo así presentar unas cifras de cierre de año algo más compuestas.
La idea del ministro Montoro de jugar con el déficit viene a nacer de la supuesta permisividad que abriga consistente en los nuevos criterios propuestos por Eurostat, mediante la idea de propiciar la próxima revisión del método para calcular el PIB, permitirá recargar su cuantía y, por tanto, minorar algunas décimas la ratio de déficit sobre PIB para el año 2013. Una forma como otra de jugar al póker de farol para engañar al contrario.
En consecuencia, que Hacienda no tiene el más mínimo propósito de contener el déficit público recortando los gastos. Su objetivo ahora mismo es aguantar hasta las próximas elecciones generales sin que Bruselas ponga demasiadas pegas al particular. Se trata simplemente de guardar las formas mientras el fondo sigue tan viciado como estaba. Porque sí el fondo de las finanzas públicas españolas está manipulado, el ajuste del gasto público consiguientemente sigue pendiente (el déficit continúa rondando los 70.000 millones de euros) y no existe margen responsable para una rebaja sustancial y sostenible de los impuestos. Por lo tanto, seguimos dejando pendiente el crecimiento y el empleo que viene a ser la madre del cordero de la crisis actual.
No puede existir reducción razonable del déficit público sin un cambio real en la reducción de los gastos generales de la contabilidad pública y su repercusión hacia la inversión estructural, partiendo de la base consistente en la idea de que, en una democracia de partidos, la regulación de las fuentes de financiación se convierte en un requisito imprescindible no sólo para garantizar limpieza en las reglas del juego, sino también para consolidar un modelo de democracia moderna y avanzada. Desgraciadamente, en un contexto de desafección hacia la política, en el que todas las encuestas, oficiales y privadas, señalan la consolidación de una tendencia de fuerte desconfianza hacia los partidos políticos y hacia los políticos, se puede tener la tentación de legislar a golpe de titular periodístico, o de conveniencia coyuntural, y no para resolver las inevitables oscilaciones del sistema.
Y si eso no fuese ya absolutamente grave, una denuncia publicada en un informe de reciente aparición por el británico Institute of Economic Affairs, elaborado por Christopher Snowdon, viene a indicar que la tributación indirecta (impuestos indirectos), vienen a repercutir en un 30% de reducción a las rentas más bajas, lo que viene a dar una idea de la saturación real impositiva que gravan el panorama social en general actualmente.
En este orden de cosas, será conveniente repasar la realidad consistente en la idea de que, en torno al 75% de los ingresos de los dos grandes partidos españoles procede de financiación pública. Y también que el actual sistema, que favorece la presencia parlamentaria y el número de votos obtenidos, no abre la puerta precisamente a nuevas opciones que sí que pueden contar con simpatías populares para agitar las dormidas aguas de la política nacional. Por consiguiente, la realidad consistente en que el sistema está viciado de origen ya no es tema que venga a discutir nadie.
Tampoco ayuda al efecto la última encuesta de la Unión Europea sobre corrupción (Eurobarómetro), publicada en Febrero de 2014. En dicha encuesta España figura entre los cinco países donde la percepción de la corrupción está más extendida. Si la media de dicha apreciación es de 76, en nuestro país es de 95, es decir, al mismo nivel que República Checa, Lituania, Italia y Grecia.
La mayor fuente de corrupción de los gobernantes es la que genera la financiación de los partidos políticos. Que, además, es la mayor causa de rechazo ciudadano de quienes ejercen cargos públicos y de la generalizada desconfianza en las instituciones democráticas y la pantalla que impide el control de la limpieza en la gestión pública vienen a ser, sin duda ninguna, los aforamientos.
La corrupción ya no se muestra de forma coyuntural o puntual, es un auténtico sumario de putrefacción sistemática. Así lo demuestran los vergonzantes casos ERE, la Gürtel, Bárcenas, Pallerols o este último escándalo de la operación Edu en Andalucía, donde la implicación política supuestamente aparece combinada con una significativa complicidad síndico-empresarial. Ya no existen salvedades, ni a izquierda, ni a derecha, ni mediopensionista: “Coge el dinero y corre”.
En consecuencia, la autoprotección que España dedica a sus políticos, mucho más que ningún otro país de su entorno, al protegerles con la figura del aforamiento, la cual afecta a 2.300 de ellos, entre los que se encuentran los miembros del Gobierno, diputados nacionales, autonómicos y senadores, sería algo a lo que debería ponerse fin desde ya mismo.
Pero no son, en consecuencia, los únicos favorecidos, también son aforados jueces, fiscales, vocales del Poder Judicial y hasta el Defensor del Pueblo. En España hay un total de 10.000 aforados, según publica el diario “El País” y, no considerando el asunto suficiente, ahora se pretende ampliarlo a la Reina y los Príncipes de Asturias.
Deviene claro que la circunstancia de la concesión de privilegios a correligionarios y cargos públicos, así como de otorgarles una protección que les haga llegar a la práctica impunidad, no viene a ser el mejor camino para el restablecimiento de una sociedad igualitaria y ostentadora de unas posibilidades de desarrollo futuro reales. En lo referente a corrupción, es evidente que quien aporta fondos irregularmente a un partido político u otra entidad de carácter corporativo, no puede tener otra finalidad si no la de obtener una ventaja presente o futura, sobre todo cuando quien hace la aportación es una mercantil la cual ha sido, o puede ser, adjudicataria de una obra o servicio público o beneficiaria de una decisión urbanística.
Si el sistema no se regenera y cada cual alcance a responder a nivel igualitario con el resto de la ciudadanía de sus acciones, y si el propio Estado no restablece su economía hacia unos niveles razonables de funcionamiento, la burbuja estatal que Zapatero creó y Rajoy robusteció, nos seguirá devorando. Pero lo más grotesco viene a ser que, ni siquiera con estas reglas de juego amañadas y modificadas a conveniencia, el propio Montoro haya sido capaz de confirmar sus compromisos.
Las trampas al solitario no son otra cosa que engaños sobre uno mismo ¿Qué beneficios nos pueden aportar? Medítese la cuestión, pero realmente, ya hace tiempo que lo estamos comprobando.
Julián Sánchez
