lunes, 23 diciembre
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
Siguiendo las directrices implantadas en la nueva etapa de presentación del programa económico de Ciudadanos por su principal inspirador el profesor Luis Garicano, el máximo responsable de la formación Albert Rivera, lanzó una afirmación la cual no pasó desapercibida en el actual gobierno de la nación, dicha afirmación sonó como un aldabonazo en la muy concurrida sala: “Somos el primer país del mundo en alta velocidad, en término absoluto la segunda red más larga del mundo (la primera es China), pero si estamos en el puesto 39 en I+D+I, algunas cosas se habrán hecho mal. Vamos a equilibrar eso, porque si nos toca gobernar 1.000 millones de euros los dedicamos a la creación de una red de institutos para la investigación aplicada”.
He de reconocer que me siento un poco frustrado por la apreciación o reconocimiento que en principio experimentaba por un tipo como Albert, el cual aparecía en el panorama político nacional otorgando un aire fresco respecto a las ideas, el sentido de libertad y doctrinas de progreso y nuevas formas, pero observo que, en principio, pueda ser que el catalán haya comenzado un poco precipitado en orden al acompañamiento elegido, al menos en la visión de la organización del estado y sus prioridades futuras de desarrollo económico.
En primer lugar y en orden a la estrategia electoral, el enunciado no ha podido propiciarse como más oportuno a la estrategia gubernamental de recuperación del voto autonómico. En consecuencia no han tardado mucho tanto el propio Mariano Rajoy, como su ministra de Fomento Ana Pastor, para salir al paso de lo que consideran el primer desliz del que se perfila como uno de sus grandes competidores en este año electoral, haciendo llegar la prevención a las autonomías en las que está prevista la próxima llegada de la alta velocidad. En consecuencia, los partidos tradicionales y la prensa regional han levantado la voz de alarma y el victimismo localista. Sin duda ninguna un grave error estratégico en unos momentos clave para la futura composición de los gobiernos autonómicos y locales.
El propio Albert Rivera justifica la desinversión bajo el enunciado siguiente: «Los PGE de 2015 destinan 3.561 millones a alta velocidad. Esta es una inversión que no es rentable socialmente, ni económicamente, de acuerdo con todos los estudios realizados”.
Rentabilidad es la palabra. ¿Y qué podemos entender políticamente como rentabilidad? ¿Puede ser rentable un hospital? ¿Una oficina del INEM? ¿Una carretera rural? ¿Cuál es el sentido que en política podemos encontrar al vocablo rentabilidad?
Habrá que considerar en un principio que, en relación a la consideración política de la inversión, como obra pública la construcción del AVE se vino a efectuar con intención de cumplir con los objetivos sociales de vertebración del territorio. Otra cosa viene a ser que la capacidad de gestión de la infraestructura por sus actuales responsables vaya a ser la más adecuada, eso queda para la evaluación de cada cual. Y si lo que buscamos es la valoración de la rentabilidad económica de dicha inversión, la propia Ana Pastor, que alguna información de primera mano manejará al efecto, aseguraba el pasado miércoles que en 2014 el AVE generó un total de «9 millones de euros» de beneficios, lo que demostraría, sin la menor duda al respecto, que es una inversión rentable y, no únicamente eso, si no que sigue en aumento habida cuenta que, según un informe que publica la edición digital del diario Expansión del pasado lunes, los servicios de alta velocidad y larga distancia ferroviarios en España registraron 2.163.000 pasajeros durante el mes de febrero, lo que supone un incremento del 10,7%, o sea que se está comenzando a pensar en enterrar un “muerto” que está demostrando estar muy vivo y estas cosas ni política, ni económicamente, pueden considerarse meridianamente razonables.
En consecuencia ¿Por qué ese empecinamiento de nuestros políticos en paralizar lo que viene funcionando y dejar de lado otras rémoras o condicionamientos que podrían definitivamente acotarse propiciando su sustitución o absorción por otros servicios o proyectos de una supuesta mayor efectividad y raigambre? Pues es difícil de comprender, pero no es dificultoso el aportar alguna idea al respecto aunque sea desde este modesto observatorio.
En España las diputaciones, las cuales recordemos son entidades corporativistas creadas hace dos siglos, según un exhaustivo informe elaborado por el Círculo de Empresarios, se vienen constituyendo en España de la forma siguiente: Treinta y ocho diputaciones provinciales, tres forales (correspondientes a cada una de las provincias vascas), siete cabildos y cuatro consejos insulares, los cuales suponen al erario público un gasto anual cercano a los 22.000 millones de euros. Recordemos que la actividad pública de las corporaciones se solapa con la de las autonomías de cada comunidad, lo que proporciona una duplicidad de servicios a todas luces innecesaria y totalmente prescindible.
Dichas entidades contabilizan más de un millar de diputados provinciales, emplean a cerca de 80.000 personas (casi la mitad de su presupuesto se va en personal y gastos de funcionamiento) y tienen otro punto débil en su deuda en estos momentos cercana a los 10.000 millones de euros. En el informe mentado del Círculo de Empresarios se recoge textualmente la observación: “Estos entes locales intermedios han quedado, en la mayoría de los casos, relegados, lo que los convierte en Administraciones redundantes”, además de añadir una “complejidad innecesaria que solo alimenta el gasto, la confusión competencial y la ineficiencia”. Poco más que añadir a la observación.
Otra clave de despilfarro público y, por lo tanto espacio para propiciar medidas de ahorro para propiciar más eficientes las cuentas públicas lo constituye la evidencia de que en España existen una totalidad de 8.114 ayuntamientos, de los que un 60 % tienen menos de 1.000 habitantes. Se puede buscar un ejemplo, ya que tan dados somos a fijar nuestros propósitos en los países septentrionales de Europa, en la reorganización municipal de Dinamarca que en 2007 acordó al efecto una reducción de 275 a 98 entidades locales, con el objetivo de dar respuesta a las crecientes dificultades que tenían para hacer frente a las múltiples competencias asumidas. Y también en los periféricos tal y como viene a ser el caso de Grecia movidos por la insostenible situación económica del país, aprobando por ley reducir de 1.034 a 355 el número de municipios en todo el estado.
Otro quiste en la economía nacional lo vienen a propiciar las innumerables empresas públicas, establecidas sin orden ni concierto. El propio Cristóbal Montoro, anunció un estudio dirigido a la reducción del número de empresas públicas, como consecuencia de la advertencia del Banco de España relativa a que una de las vías de agua de la disciplina fiscal de las autonomías -también en el punto de mira por sus déficits desbocados- está en las empresas públicas, cuya deuda se ha duplicado desde el 2004, pasando de 17.284 millones a más de 30.000. Hay que dejar constancia que de una totalidad de más de 4.000 empresas públicas, en números redondos unas 1.900 dependen de las comunidades y otras 1.700 de los ayuntamientos.
Y con respecto a instituciones cuestionables como podríamos considerar al Senado, que aunque la supresión de la cámara alta no se traduciría, en términos económicos, en un ahorro cuantioso, el debate sobre su utilidad se ha reavivado con la crisis. La integran 207 senadores electos y 56 más designados por las comunidades, y su presupuesto ascendió a algo más de 50 millones de euros. Son muchos los constitucionalistas que defienden su clausura en caso de que no se reforme, dado que se ha convertido en una cámara inútil.
Podríamos continuar con más organismos parasitarios, tal y como podríamos considerar las cámaras de comercio, embajadas autonómicas, etc., con cuya supresión y unidas a la reestructuración anterior se obtendrían sendos dividendos para las arcas públicas, pero desearía concluir con el informe que desde la organización de los Técnicos de Hacienda (Gestha) la cual viene a estimar que la tasa de economía sumergida en nuestro país constituye el 23,3 % del PIB, y que por ésta causa las arcas el estado dejan de ingresar anualmente nada menos que 90.000 millones por este concepto.
Y ahora la pregunta final; ¿verdaderamente es necesario recortar un proyecto moderno y vertebrador de nuestras infraestructuras públicas como podemos considerar el AVE para obtener de ahí recursos para otras actividades de desarrollo institucional?
Contesten ustedes mismos.
Julián Sánchez
