domingo, 19 mayo
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
El presidente del gobierno sigue empecinado en la idea propia de que a finales de este año habrá creación neta de empleo. Es decir que se crearán más puestos de trabajo de los que se destruyen, y el ministro de Economía Luis de Guindos, corrobora y puntualiza el optimismo del presidente mediante la afirmación categórica de que a finales de 2014 el desempleo habrá bajado 9 décimas (menos de un 1%). Sin embargo las cifras de la Seguridad Social siguen sin cuadrar, hasta tal punto que Rajoy ha sido el primer presidente de gobierno en España en atreverse a meter la mano en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo ha hecho cuatro veces en dos años, y este año vendrá a ser la quinta.
Cuando Mariano Rajoy tomó posesión del gobierno del estado español, la denominada hucha de pensiones mantenía un saldo positivo de 67.000 millones de euros. A pesar de que a Zapatero le tocó lo peor de la crisis, nunca sacó dinero de la hucha de las pensiones. Según podemos comprobar en los Presupuestos Generales del Estado, Rajoy sacará este año del Fondo de Reserva 11.029,70 millones de euros, son 382 millones de euros más de los que sacó en 2013. Rajoy se ha gastado ya más de un tercio de lo que había en el Fondo de Reserva en el momento de su acceso al poder.
La previsión que el Gobierno incluye en dichos Presupuestos para 2014 en lo relativo a la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social, supone una caída del 2’86% en referencia a 2013, pero dicha previsión se realizó sobre la base del optimismo anunciado por el propio Gobierno, toda vez que la realidad fue muy distinta, al publicarse el índice de recaudación real en el mes de noviembre, donde se vino a comprobar que la caída en cotizaciones alcanzaba el 8%, casi seis veces más del pronóstico del Gobierno.
El lastre del consumo interno, propiciado en gran parte por las crecientes subidas impositivas más las bajadas de poder adquisitivo de pensiones y salarios, han favorecido esta bajada de recaudación en referencia a cotizaciones por su efectiva incidencia en la creación de empleo por lo que, movido por la intención de paliar la evidente disminución recaudatoria en este sentido, el Ministerio de Empleo publicó el pasado 21 de diciembre un decreto por el que se aumentan desde principios de año los conceptos retributivos que deben incorporarse a las nóminas y, por tanto, cotizar a la Seguridad Social. Entre ellos están los pluses de comida, los seguros de salud o las aportaciones a planes de pensiones. Mediante dicha disposición reglamentaria, las empresas deberán pagar ahora alrededor de un 30% más por algunas percepciones salariales de sus empleados que hasta esa fecha estaban exentas totalmente o en parte de cotizar a la Seguridad Social. Por su parte, el trabajador también tendrá que aportar algo más del 6% de esos conceptos retributivos, con lo cual esa cantidad le será detraída de su bruto anual sobre estos pluses.
Ni que decir tiene que las empresas aseguradoras y las de restauración ya han clamado como consecuencia de la detracción que esperan en los acuerdos convencionales de empresas y trabajadores al respecto y por los perjuicios que dicha medida presumen van a ocasionar a ambos sectores. En este sentido se han venido pronunciando la Asociación de Emisores de Vales de Comida (Aeevcos), así como fuentes autorizadas de la CEOE y CEPYME.
Habrá que recordar igualmente, que el pasado 1 de enero entró en vigor el aumento de la cotización mínima de los autónomos con más de diez asalariados y la de los societarios. Esta base se ha elevado hasta equipararla con la mínima del Régimen General de asalariados. La medida pretende impedir, como ocurría hasta ahora, que estos pequeños empresarios coticen menos que sus empleados, por lo que aquí no se va a librar nadie.
Abundando en la continua pérdida de poder adquisitivo de los salarios, acaban de publicarse unas encuestas de ICSA Grupo y EADA Business School efectuada sobre más de 80.000 datos salariales, las cuales indican que los directivos son la única categoría empresarial que no ha perdido poder adquisitivo durante la crisis. En 2007, un ejecutivo cobraba 68.705 euros y hoy gana 80.330 euros, un 16,9% más. Durante ese mismo período (2007-2013), la inflación acumulada alcanzó el 13,5%. La retribución anual media de los empleados se ha incrementado por debajo del IPC y en los últimos siete años subió un 8,78%, lo que implica una pérdida efectiva de poder adquisitivo. Los mandos intermedios, nuevamente, son los que se llevan la peor parte. Su sueldo creció entre 2007 y 2013 un 4,5%, lejos del incremento de precios del 13,5%. Todo lo cual viene a indicar, sin interpretaciones espurias ni consideraciones de parte, la realidad incuestionable que, desde que la crisis tuvo su comienzo, el sacrificio establecido ha sido descargado prácticamente en su totalidad sobre las espaldas de las clases medias y bajas del país y que dicha política se sigue aplicando sin solución de continuidad ni visos de dejación de ello por parte del gobierno actual.
El Gobierno sigue en su política de divulgar sus visiones previas relativas a la manida presencia de los brotes verdes en nuestra depauperada economía pero, por lo que vamos comprobando, no tiene muy en claro que esta circunstancia vaya a producirse del todo, en consecuencia vuelve a apretar los tornillos impositivos a todo bicho viviente, o mejor dicho, a todo superviviente de la debacle económica y social que padecemos, pero ésta circunstancia ya no se puede soportar y las partes más débiles se rebelan, en consecuencia, los sindicatos proclaman que los convenios colectivos reconocen expresamente una cantidad que debe recibir íntegra y sin nuevos descuentos el propio trabajador por los suplidos expresados. En estos casos los comités de empresa podrán plantear que dicha cantidad debe recibirse totalmente por lo que el 6% de cotización adicional en los suplidos del trabajador indican que lo debería asumir también la propia empresa, a efectos de que el empleado no vea mermado el neto de sus pluses. O bien, de no haber acuerdo en este punto, están dispuestos a recurrir a los tribunales para que sean éstos los que diluciden a quien corresponde la cotización de esta parte hasta que venza el convenio en vigor.
Mientras que el Gobierno no realice un giro de 180 grados en su política fiscal y administrativa, mucho me temo que el estrangulamiento de las economías de empresas y trabajadores, unida al freno del poder adquisitivo de las pensiones, impidan un normal despegue del nivel de empleo, todo ello unido a una reforma administrativa y funcional que aligere el pasivo presupuestario, evitando de verdad los despilfarros mediante las duplicidades, los privilegios y las colocaciones políticas tan innecesarias como impeditivas de un balance general presupuestario razonable y equitativo, así como la culminación de la desviación mediante la implantación de una verdadera y efectiva ley anticorrupción para dejar de ser la vergüenza de Europa, pero esto es otro tema que trataremos con más profundidad la próxima semana.
Julián Sánchez
