Confundir la propiedad con el apropiamiento

EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SANCHEZ

El presente artículo debió de ver la luz el pasado jueves día 22 pero, con el propósito de evitar suspicacias y ser acusado otra vez más (pobre de mí) de supuesta interferencia sobre esa especie de pantomima de proceso electoral que nuestros políticos tenían establecida y que se vino a resolver el pasado domingo, en consecuencia decidí posponerlo para su publicación en el día de hoy, ya libre de toda especulación partidista.

El conjunto de bienes y servicios de titularidad pública deviene en un cúmulo de derechos y obligaciones inherentes a toda la ciudadanía en general y por lo tanto su propiedad es atribuible íntegra y exclusivamente al colectivo que lo sustenta y sufraga mediante el abono de sus impuestos.

Subyace ya como acepción normal que cuando nos referimos a los ayuntamientos y estamentos de administración pública de orden superior, la generalidad de referencia se llegue a asumir como propiedad privada de quienes han sido comisionados por la voluntad general de los ciudadanos/as mediante sufragio, a los efectos de que sean quienes gobiernen y administren ese patrimonio público y general de forma temporal y bajo determinadas condiciones. Unas veces toca a unos/as y otras veces a otros/as.

El tráfago progresivo y continuado de dicha acepción se hace crónico y deviene en divergente, de forma que hasta son los propios comisionados quienes llegan a reconvertir dicha delegación tan extremadamente que hasta asumen la consideración de que cualquier advertencia o manifestación de opinión contraria a la voluntad de los mismos, queda instituida como una ofensa hacia su espíritu de acción pública, negando cualquier derecho a disentir olvidando la mayor. Antonio Muñoz Molina lo viene a definir de la siguiente forma: “El vigor de la ciudadanía procede de la capacidad individual de disentir, y en ella el derecho y la obligación de la crítica y de la autocrítica son inseparables”(sic).

Existen líderes políticos, adulados y arropados por una cierta masa de aspirantes a algo y no pocos estómagos agradecidos, quienes llegan a autoproclamarse como genuinas encarnaciones en sí mismos de la esencia del pueblo, en consecuencia, cualquier crítica o acusación en contra de alguna actuación o acción, aún debidamente fundamentada, ejercida por un ciudadano/a libre en uso de sus derechos constitucionales, es valorada y contestada bajo un cierre de filas partidista como una soberana afrenta hacia la comunidad entera.

Hemos tenido recientemente algún caso de amplia repercusión mediática, donde un alto cargo político de Madrid, tras aparcar su vehículo en un lugar expresamente prohibido por la ley, arremetió irasciblemente contra los funcionarios quienes, ejerciendo únicamente su obligación laboral y funcional, tuvieron que asistir a un irascible comportamiento impropio de una personalidad con una imagen pública relevante, con lo cual, lo único que vino a conseguir este personaje fue dejar dicha imagen en evidencia ante propios y extraños.

Cualquier objeción que viene a hacerse sobre algún comportamiento no deseable de quienes son o han sido postulados para representar la voluntad de la ciudadanía en general, es tratada como una acción imperdonable en contra del partido que la recibe o de alguno de sus dirigentes y quien comete la “osadía” de realizarla, queda sumido bajo la sospecha perpetua de complicidad sistemática con el enemigo y por lo tanto calificado como refractario visceral e indigno de vivir dentro de la comunidad cuyos designios ellos dirigen o pretenden dirigir.

Según manifestó Orwel, “el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen a verdades y que sea respetable el crimen”. De esta forma (y no señalo a nadie), cualquier delincuente envuelto en una bandera queda automáticamente convertido en un auténtico héroe, ejemplos tenemos en España por doquier.

La verticalidad y ostentosidad de los partidos políticos ha ido adquiriendo peculios de rigidez cada vez más manifiestos a medida que se han ido convirtiendo en auténticas maquinarias depredadoras de recursos, así como agencias particulares de colocación pública, acaparadoras de favores en espacios que habrían de corresponder al acceso de la ciudadanía en general mediante las sagradas y legales premisas de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, negando sistemáticamente el debate y el activismo civil. Quienes en política no hemos jugado a estos papeles nos hemos tenido que marchar desengañados hacia nuestras ocupaciones particulares de cuyo desarrollo siempre hemos tenido la dignidad de vivir, en mi caso también durante los doce años de dedicación al ayuntamiento, dejando paso libre a otros muchos (no me estoy refiriendo a todos evidentemente) quienes, no observando otra forma de prosperar, van buscando en el servilismo y el clientelismo la formación de una, como ahora se denomina, “carrera política” mediante una militancia siempre dispuesta a la obediencia superior y al cierre de filas, y ya no entremos en otros temas que dan vergüenza ver y escuchar a diario en los medios de comunicación.

Es normal también que ante cualquier disidencia, aún fundamentada, se venga a escenificar de manera estridente un arrebato partidista efectuado de forma tan sectaria como irracional, llevado a cabo como una cortina de humo sobre la que tratan de ocultar sus verdaderos intereses corporativos, dejando en evidencia la enorme magnitud de su falta de sensibilidad, de programa, su incompetencia, su desinterés y laxitud sobre la propiedad pública general y también su extremada codicia por el poder que les ha llevado y les lleva a comprar voluntades y personas, de esto aquí se conoce algo.

Se reprime con saña y chulería al que disiente razonablemente, y por el contrario se permite una relajación en las formas y en los hechos en la convivencia, comenzando por las actitudes propias de los que deberían dar ejemplo, creando un aspecto de anarquía, dejadez y suciedad más ajustado al de una selva que a un municipio moderno, limpio y de futuro que debe propiciar ese orden no coactivo que unos deben fomentar y los otros asumir en aras impulsar la convivencia y el buen discurrir ciudadano.

Expuesto lo anterior y ya a nivel personal, deseo dejar claro ante quien se moleste en leer esto, que en modo alguno me he considerado, ni por supuesto me considero, bajo ningún concepto “árbitro de la vida política de Requena”, vamos que, ni política, ni social, ni nada de nada, ni, por supuesto representante de los intereses de partido político alguno, pero sí que tengo algo a lo que no pienso nunca renunciar, que es el derecho a expresarme con fundamento y rigor, tal y como se me reconoce, como ciudadano que no tiene cuentas pendientes en la sociedad a la que pertenece, en el artículo 20 de la vigente Constitución Española y, en consecuencia, no voy a aceptar bajo ningún concepto presiones ni intentos de amedrentamiento al efecto, que provengan de persona, partido o institución alguna. No lo lograron a mis 17 años en una época mucho más dura a este respecto que la actual, y tampoco lo lograrás ahora, eso sí que lo puedo asegurar.

Los dirigentes públicos y los partidos de donde aquellos necesariamente deben proceder para ejercer lo que debería ser un gobierno legítimo y democrático, deben ser los primeros en proteger, fomentar y salvaguardar el patrimonio general y, por lo tanto los primeros en aplicarse y aplicar las normas que obligan a respetar dicho patrimonio. No vale creerse en disposición de detentar el derecho a utilizar algo que a los demás les está vedado, ellos deben ser los primeros en dar ejemplo y si alguien se equivoca, se pide perdón a la ciudadanía y se rectifica. El error es de humanos, el persistir en él de necios o de prepotentes.

Como ciudadano, y sin pretensión de ninguna clase, ni servicio a nadie en particular, pienso seguir haciendo llegar mi opinión de ciudadano libre por los medios que sean oportunos, sea o no requerido para ello. Si como consecuencia de la presión institucional o partidista (no sería la primera vez que ocurriera esto en Requena) alguien trata, accionando beligerantemente sobre el medio en cuestión que dicha opinión no salga a la luz, lo haré mediante el boca a boca. NI sirvo ni he servido nunca a nadie excepto a mi familia y a la ciudad que me vio nacer, esa misma ciudad que muchos se llenan la boca en elogiar y defender, pero que, al a hora de la verdad no suelen quedar a la altura de las circunstancias.

Allá ellos con su proceder, como ciudadano mi propósito es seguir pagando puntual y reglamentariamente mis impuestos, aunque, como en el caso actual, los considere extremadamente injustos. Continuaré luchando por el patrimonio en general de mi ciudad, el verde y el de piedra. Seguiré deteniendo mi vehículo ante los pasos de peatones cuando existan personas o animales que pretendan circular por él. Continuaré utilizando las papeleras en lugar de la vía pública para depositar mis envoltorios y papeles, así como recogiendo los excrementos de mi perrita cuando defeque por la vía pública, para depositarlos dentro de la correspondiente bolsa reciclable en el lugar oportuno al efecto. Procuraré no alterar el orden, no aparcar sobre las aceras mi vehículo y, por supuesto, a la única violencia que me voy a atrever a incitar será a emplear las energías y voluntades para colaborar en el bien común. Y todo ello porque considero que mi casa comienza por las calles de mi pueblo, aldeas y alrededores, y también porque me agrada vivir en un entorno donde la imagen, el civismo y la convivencia sean el común denominador de su discurrir cotidiano, no en un reducto como el del legendario “Pancho Villa”, donde cada cual haga su propia voluntad sin importarle para nada los derechos y las libertades de los demás. A estas alturas de mi vida ya no pretendo otra cosa, por lo que, en consecuencia, me va a ser difícil cambiar mi modo de ser y de hacer.

Julián Sánchez