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Un dictamen advierte que la propuesta de reglamento del uso de fitosanitarios “podría colocar a la UE en una posición más dependiente de los alimentos de terceros países”
Requena (19/12/22)- AVA-ASAJA
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera que el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios coincide con su preocupación al remarcar también, a juicio de la organización agraria, “la tremenda hipocresía e incoherencia que exhiben las instituciones comunitarias por aumentar a niveles draconianos las exigencias únicamente a los productores europeos pero seguir consintiendo y fomentando las importaciones agrarias foráneas sin exigirles estas mismas normas. En lugar de la lucha (mundial) contra el cambio climático, los burócratas de Bruselas solo quieren importar toda la comida de países terceros para que puedan pagar los bienes de servicios e industriales que les vendemos. Además, comienza a calar en la sociedad europea que la reducción de las medicinas de las plantas pueda traer a continuación el principio de la filosofía de la reducción de las medicinas para las personas”.
De este modo, el dictamen del CESE concluye que “la Comisión debe exigir reciprocidad de normas para que las importaciones de productos de terceros países tratados con productos no permitidos en el mercado de la Unión sean, al menos, equivalentes a las que se aplican en la UE”. Asimismo, aboga porque “se deben mantener unas condiciones equiparables en materia de comercio internacional. La coherencia entre las distintas políticas de la UE hace necesario mantener un cuidado extremo en la prohibición de la importación de productos alimentarios tratados con productos prohibidos en la UE”.
El informe alerta de los posibles efectos que esta legislación podría comportar, como “una drástica subida de los precios de alimentos como consecuencia de cosechas más reducidas y menos rendimientos”: “Una reducción de la producción agrícola podría colocar a la Unión Europea en una posición más dependiente de las importaciones de alimentos de terceros países con el consiguiente daño medioambiental, social y económico”.
Respecto a la supresión de fitosanitarios en el sector agrario europeo, el CESE recuerda a Bruselas que “la producción y la seguridad alimentaria es un objetivo estratégico de primer orden” y que los objetivos ambientales “deben basarse siempre en pruebas científicas que vayan acompañadas de las correspondientes evaluaciones de impacto”. En las definidas como ‘zonas sensibles’ donde se pretenden prohibir todos los fitosanitarios, el dictamen subraya que “tiene consecuencias de gran alcance y, por lo tanto, solo debe establecerse a partir de una sólida evaluación de impacto científico-agronómica”. En cuanto a los indicadores de riesgo armonizados (IRA) “resulta necesario contar con unas directrices claras y unos indicadores adecuados”.
En todo caso, el CESE asegura que “estos objetivos son ciertamente ambiciosos, por lo que se hace necesario establecer período de transición razonables” que tengan en cuenta las diversas condiciones climáticas en los distintos Estados miembros y la media de diez años que las nuevas herramientas de control tardan en llegar al mercado. Apuesta el organismo por “mejorar el acceso, la disponibilidad y la rentabilidad de las soluciones alternativas y las nuevas tecnologías” puesto que “por el momento estas soluciones no pueden reemplazar el uso de plaguicidas químicos”.
Pese a no ser vinculante, este dictamen deberá ser tenido en cuenta por la Comisión Europea una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
