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Requena ( 11/01/26) Redacción
En el marco de la movilización comarcal contra proyectos de biogás, se leyó un manifiesto en el que vecinos y representantes sociales de Caudete de las Fuentes alertan de que la tramitación acelerada de una macroinstalación podría “modificar el entorno, la habitabilidad y condicionar el desarrollo de forma irreversible”.
Según el texto, el proyecto contempla una superficie construida de 11.106 m² dentro de un ámbito total de 24 hectáreas, con el objetivo de producir metano a partir de residuos orgánicos. El manifiesto denuncia que el procedimiento habría malinterpretado la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, pensada —según exponen— para facilitar actividades coherentes con el medio rural (como bodegas, almazaras o turismo rural) y no para equiparar un “macroproyecto” por escala, flujos de materia y procesos.
Uno de los puntos centrales es la exigencia de tramitar la Declaración de Interés Comunitario (DIC). El manifiesto recuerda que el PGOU del municipio incluiría la necesidad de esa figura para evitar arbitrariedades en suelo rústico y subraya que la DIC trasladaría la aprobación a un organismo autonómico competente, en lugar de dejar la supervisión técnica “en un ayuntamiento pequeño con escasos recursos”. También se critica que el proyecto quedaría, en la práctica, apoyado en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y en controles que el Ayuntamiento no podría asumir con garantías.
El documento incorpora cifras que, a juicio de los firmantes, muestran la dimensión real del proyecto: se habla de 145 millones de kg de residuos al año, lo que equivaldría a unos 400.000 kg diarios procedentes “de fuera” del municipio, al no corresponder —según el manifiesto— ni a su cabaña ganadera ni a una población de 725 habitantes. Se añaden además los efluentes y reactivos asociados al proceso: 145.000 litros diarios de un “fluido agotado de nutrientes” sin depósito de acumulación previsto; 23.600 kg diarios de solución de sulfato amónico almacenada en depósitos con 25 millones de litros de capacidad, y el uso de ácido sulfúrico, sosa cáustica y emisiones de ácido sulfhídrico (identificado como responsable de un “olor sofocante”).
En materia de calidad del aire, el manifiesto cuestiona la eficacia de los sistemas propuestos para olores (amoniaco y compuestos orgánicos volátiles) y alerta de una renovación de aire de 85.000 m³/hora en zonas de operación que, según el texto, terminaría vertiéndose a la atmósfera, sin detallar el destino de partículas en suspensión. En el plano urbanístico, se denuncia la ausencia de un cuadro completo de superficies, volúmenes y alturas, y se afirma que los digestores alcanzarían 22,7 metros, lo que sería incompatible con la altura ordinaria máxima de cornisa contemplada por el PGOU.
El manifiesto también reclama un plan de reversión (desmantelamiento y restauración del terreno) para cuando se agote la vida útil de las instalaciones, advirtiendo del riesgo de dejar un impacto paisajístico permanente y una superficie de 24 hectáreas expuesta a degradación o usos indeseados.
Como conclusión, el texto expresa el “descontento de gran parte de la población” por un procedimiento que consideran “relámpago” y exige información veraz, entendible y con tiempo suficiente para analizar el proyecto. “Somos de nuestro pueblo, sabemos lo que tenemos y lo que nos jugamos”, remarca el manifiesto.
El municipio de Caudete de las Fuentes se enfrenta a un proyecto industrial de gran envergadura que puede alterar de forma irreversible su entorno, su habitabilidad y su futuro. A través de este manifiesto, una parte significativa de su población expone las razones de su rechazo a la implantación de una macroplanta de biometano. El texto que sigue recoge las principales preocupaciones técnicas, urbanísticas y medioambientales de los vecinos.
MANIFIESTO
El final de 2025 y entrada de este nuevo año, ha expuesto al Municipio de Caudete de las Fuentes y sus habitantes a un reto que puede modificar su entorno, su habitabilidad y condicionar su desarrollo de forma irreversible. Se trata de lo que podemos calificar como una tramitación exprés, de una obra con una superficie construida de 11.106 m2 sobre un total de 24 hectáreas y que tiene como finalidad la producción de gas metano a partir de residuos orgánicos. Exprés porque sin tener en consideración la magnitud de la obra, el flujo de materia y los procesos que supone su operación, en su tramitación se ha mal interpretado la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Esta estrategia se encuentra interesada en la protección y desarrollo de territorios desfavorecidos por escasa densidad de población (< 150 hab/km2 “Sistema Rural”), cuyo principal cometido es simplificar eximiendo la tramitación de la Declaración de Interés Comunitaria para la implantación de actividades coherentes con nuestro medio rural que fomenten nuestras señas de identidad. Hablamos de una granja, bodega, almazara, aula de interpretación de naturaleza, centro de turismo rural, etc, todo integrado en el entorno. Mal interpretada esta estrategia en cuanto equipara este macroproyecto, tanto por su extensión, flujos de materia y procesos, a una actividad propia de nuestro entorno (bodega, almazara, etc). Dejando únicamente la aprobación de la Autorización Ambiental lntegrada bajo responsabilidad de la Administración y delegando la supervisión técnica de parámetros urbanísticos y de operación al Ayuntamiento de Caudete, que cuenta con escasos recursos y que debería hacer en su lugar la Administración. Es más, entendemos que nuestro Plan General de Ordenación Urbana, nos asiste en cuanto a prevenir de esta situación, ya que en el apartado 3.2, en relación con las condiciones de edificación del suelo afectado, se cita literalmente “Para evitar arbitrariedades, será necesario la Previa Declaración de Interés Comunitario”. Esta figura DIC, nos garantiza que la actividad que se pretende desarrollar en suelo rústico se ajusta a la legalidad y su aprobación recae en un organismo dependiente de la Comunidad Autónoma competente y no en los servicios técnicos de un ayuntamiento pequeño como el nuestro. Sabemos, que el proyecto presentado no se ajusta a varios parámetros urbanísticos de nuestro Plan General de Ordenación Urbana, aún así, de forma sorprendente se afirma por el promotor que se cumplen. Para gran parte de los vecinos esto representa un abuso y se han presentado al respecto más de 250 alegaciones que vamos a completar a medida que tengamos un mejor análisis de la situación. Para ubicarnos, decir que los residuos que se van a tratar son 145 millones de kg anuales. Dichos residuos no proceden de los ganaderos del municipio, tampoco de los 725 habitantes de la población, eso supone que se traerán de fuera unos 400.000 kg de residuos diarios, se producirán 145.000 l diarios de un fluido agotado de nutrientes sin interés, para el que no se prevé un depósito de acumulación y tampoco sistema de depuración-vertido. Se producirán 23.600 kg diarios de solución de sulfato amónico, que serán almacenadas en dos depósitos con una capacidad de 25 millones de litros, quedando así para ser vendidos, ¿qué sucedería si hay un vertido? Se empleará ácido sulfúrico para recuperar ese sulfato amónico, el ácido sulfhídrico emitido en una parte del proceso que es el responsable de un olor sofocante, se neutralizará con una solución de sosa cáustica que también se deberá almacenar en algún depósito. Ésta es una reducida exposición del proceso, que se adivina complejo, por manejar compuestos químicos peligrosos, además la cantidad de materia procesada y efluentes producidos es muy considerable. La depuración del aire y sus olores (amoniaco y compuestos orgánicos volátiles) emitidos a la atmósfera se va a dejar a merced de unas bacterias que no se dice si son efectivas. La renovación de aire en los espacios de operación de personal de planta representa 85.000 m3/hora, cargados de ácido sulfhídrico de mal olor que se vierten directamente a la atmósfera, tampoco se habla de las partículas en suspensión que van a emitir en esa renovación de aire y dónde van a parar. A nivel urbanístico, detectamos la curiosa ausencia de un cuadro de superficies, volúmenes y altura de las edificaciones, construcciones e instalaciones. Es por esto mismo que vamos a exigir la tramitación del DIC, no hace falta profundizar mucho en el proyecto técnico para detectar que se proyectan unas edificaciones que superan la altura máxima ordinaria de cornisa, que los digestores tienen 22,7 m de alto, siendo estas circunstancias contrarias a nuestro PGOU. Otra razón, sería la ausencia de un plan de reversión, ¿qué pasaría cuando se agote la vida útil de las instalaciones o se quedaran obsoletas? Como no hay Declaración de Interés Comunitario que incluya el plan de reversión nuestros descendientes tendrían que asumir su reversión al estado original o bien dejar un defecto en el paisaje de forma permanente, que sea un centro de atracción de hurtos, etc, (recordemos que la superficie afectada es de 24 ha).
Con esto queremos expresar el descontento de gran parte de la población por este procedimiento relámpago en que se pretende tramitar este proyecto, reclamamos información veraz, entendible y con tiempo suficiente para entender, procesar y analizar. Es obvio que nos la van a facilitar y sobre todo que van cumplir con la legalidad y con los procedimientos que garantizan una tramitación segura. Tal como vemos la situación, no creemos que los atajos vayan a favorecer al promotor, porque somos de nuestro pueblo, sabemos lo que tenemos y lo que nos jugamos.
