El Botànic se pelea por controlar el desarrollo del requisito lingüístico

Requena (04/02/20) Fuente El Mundo – Hector Sanjuan

En Compromís no se fían del PSPV y los socialistas no quieren ceder sus competencias y dejar la aplicación del requisito lingüístico en manos de su socio de gobierno. Una pugna entre los dos principales partidos del Botànic –Unides Podem parece un convidado de piedra en esta cuestión- que mantiene bloqueada, unos días más, la aprobación de la nueva Ley de Función Pública Valenciana.

LA NUEVA REDACCIÓN

• ¿Qué se propone? «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de conocimiento del valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística».
• ¿Qué se suprime? «No obstante, si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente Ley no se hubiere aprobado por el Consell el referido reglamento, el nivel exigible de los conocimientos de valenciano que habrán de acreditarse para el acceso en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, serán los siguientes: – A1, A2, B: Certificado C1- C1: Certificado B2- C2: Certificado B1- Agrupaciones profesionales funcionariales: Certificado A2».

Según ha podido saber EL MUNDO, la propuesta final que la Conselleria de Justicia llevó al Consellet del jueves establecía que, «en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley», el Gobierno valenciano aprobará «a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública [la Conselleria de Justicia que preside Gabriela Bravo (PSPV)], la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de conocimiento del valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunidad Valenciana».Esta disposición final tercera añade que esto se hará «previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística» [la Conselleria de Educación de Vicent Marzà (Compromís)].

Esta redacción que difiere bastante de la que se pactó en 2018 puesto que aquella proponía una aplicación inmediata del requisito si, un año después de la entrada en vigor de la ley, no se hubiera desarrollado el reglamento. Era la cláusula que incluía Compromís para asegurarse que Justicia no diera largas a la concreción de la exigencia de un mínimo nivel de valenciano para optar a un empleo público.El problema es que el Consell Jurídic Consultiu veía incongruente que se diera un plazo de seis meses para desarrollar un reglamento y que, si un año después no hubiera acuerdo, se aplicara directamente un requisito ya tasado en función del nivel del funcionariado.

Ante esta circunstancia se buscaron varias salidas pero la negativa de unos y otros a dejar en manos de su socio el control del proceso dinamitó un posible acuerdo. La redacción realizada por Justicia deja claro que la propuesta tiene que ser de ellos y el informe de política lingüística es «previo» pero no «vinculante» como reclamaba Compromís. «La última palabra la tiene que tener Función Pública», defendían ayer desde la Conselleria de Bravo.

En Compromís explican que los socialistas llegaron a tumbar sus tres alternativas: el informe vinculante de Política Lingüística; que Educación y Justicia elaborarán de forma conjunta la propuesta o que la dirección general de Rubén Trenzano estuviera en esa comisión. Según la coalición, Bravo dijo que no a todo.

Una versión distinta a la que ofrecen desde Justicia que apuntan que Compromís quería imponer los nombres de los integrantes de la comisión, tanto los de su parte como los del PSPV. Un extremo que en la coalición niega de forma rotunda. Un cruce de acusaciones que evidencia la poca confianza que los socios se tienen y cómo pelean por controlar el desarrollo del requisito lingüístico.