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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena ha archivado la causa abierta por el corrimiento de tierras ocurrido en abril de 2015 en la carretera CV-428 y que aisló al municipio valenciano de Cortés de Pallás durante cerca de ocho meses.

El juez estima así la petición del Ministerio Fiscal que, tras examinar la documentación disponible, solicitó el archivo de las diligencias el pasado 11 de mayo, por entender que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En su auto, el instructor explica que «tras agotar todas las vías de investigación, no ha quedado acreditado la comisión del posible delito objeto de la investigación, siquiera de forma provisional e indiciaria».

El juzgado investigaba la comisión de un posible delito contra los derechos de los trabajadores ya que como consecuencia del derrumbe resultó herido un vigilante de seguridad de la central Hidroeléctrica de Iberdrola.

Los hechos sucedieron el 6 de abril del año 2015, cuando se produjo un desprendimiento de piedras y arena sobre la calzada de la carretera CV-428, a la altura del kilómetro 15. El desprendimiento afectó a los accesos de la central Hidroeléctrica La muela II, provocó lesiones leves a un vigilante de seguridad de la misma y dejó aislado al municipio de Cortes de Pallás.

En su resolución, el juez considera que que el Plan de Emergencia aportado por la empresa Iberdrola «contenía una previsión específica para el riesgo concreto que se materializó el día del corrimiento de tierras».

Además, el auto explica que del atestado recibido se desprende que «de forma inmediata se coordinó con la Guardia Civil y Bomberos un perímetro de seguridad, que se hizo un recuento de todos los trabajadores, y se encontraron todos en perfecto estado, excepto el vigilante de seguridad, que fue atendido en primera instancia por los servicios médicos de iberdrola y posteriormente fue trasladado en ambulancia hasta los servicios de urgencia».

Detalla, además, la intervención de la Diputación , que procedió a la colocación de mallas metálicas en diversos taludes para asegurar el terreno.

Examinados los informes técnicos aportados por las distintas partes, la Fiscalía solicitó hace quince días el archivo de la causa. El Juzgado estima esta petición y sobresee provisionalmente las diligencias.

El archivo de la causa en vía penal no impide que el trabajador herido en el siniestro pueda reclamar en la jurisdicción civil la indemnización que le pudiera corresponder por las lesiones que sufrió.

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