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El Centro de Día cedido por el Ayuntamiento de Requena a Sanidad recibe ancianos desde otras localidades del Área de Salud.

Fiscalía investiga 20 residencias en la Comunitat con Covid-19 y pide «cautela» en la apertura de centros a familiares.

Requena, (13/05/20). Redacción.

Internos de una residencia de ancianos intervenida en Requena muestran su malestar por la forma en la que se ha gestionado la pandemia y denuncian que ha habido falta de medios y personal para hacerle frente. En concreto, han revelado que por la noche tan sólo hay una enfermera para hacerse cargo de las personas que la habitan, en materia sanitaria, aunque afirman que durante el día se ocupa también de ellos un médico.

Según las mismas fuentes, que han preferido no identificarse por “posibles represalias”, hay quien solicitó al principio del estado de alarma, dejar la residencia y trasladarse a su domicilio, lo que les fue denegado aduciendo que era competencia de sanidad, no decisión del centro. Las mismas fuentes han explicado a iv.revistalocal que a otros internos, a los que sus familiares quisieron ir a recogerlos tampoco les fue permitido, motivo por el cual se plantean denunciar ante la justicia.

Se quejan de muchas cosas, entre otras de que cuando se empezó a fumigar con desinfectante, se hizo en la zona exterior pero no fue hasta varios días más tarde cuando lo hicieron en el interior de la residencia, lo que pudo favorecer el incremento del número de contagiados por Covid 19. Además muestran su malestar porque, en algunos momentos, (seguramente los más duros de la lucha contra la pandemia), “llegamos a estar cuatro días sin servicio de limpieza en las habitaciones”, indican. Además, explican que la comida, “deja mucho que desear”, porque “todo lo que nos ponen es congelado”, en alusión a carnes y pescados.

Respecto al Centro de Día que el Ayuntamiento de Requena cedió a las autoridades sanitarias para que les diera el uso que considerara necesario, y en el que el ejército montó un pasillo con una residencia cercana, ha recibido personas provenientes de otros puntos del área de salud como de Cofrentes y Utiel, según indican las fuentes, en contra de lo que en su día manifestó la Conselleria de Sanidad, desde donde comentaron que no se habían realizado traslados de unas localidades a otras.


Fiscalía investiga 20 residencias en la Comunitat con Covid-19 y pide «cautela» en la apertura de centros a familiares

La Fiscalía mantiene abiertas diligencias proprocesales civiles en 20 residencias de la Comunitat Valenciana –dos más que la semana anterior– con el objetivo de hacer un seguimiento a los ancianos frente a la Covid-19, uno de los colectivos más vulnerables en esta pandemia.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press la coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza, quien ha concretado que en las últimas semanas se ha constatado la presencia de más material sanitario y test en residencias excepto alguna «disfunción puntual» que trasladará a la Conselleria de Sanidad.

La pasada semana había abiertas 18 diligencias –se trata de investigaciones civiles, no penales, para estar al lado de este colectivo que se ha visto tan perjudicado por el coronavirus– y actualmente se han sumado dos más, una de ellas por el número de residentes fallecidos y la otra tras comunicarle la dirección del centro una puntual falta de medidas de protección entre dos trabajadoras que no había afectado a la seguridad de los residentes.

En general, la situación sanitaria de las residencias está «mejorando», tal y como ha explicado la fiscal a Europa Press, en cuanto a la distribución de material de protección y a la práctica de pruebas –test rápidos y PCR– entre los empleados y residentes.

La puesta en marcha de estos test ha permitido detectar 16 casos positivos en residentes que eran asintomáticos, lo que permite adoptar medidas de prevención y evitar nuevos contagios, ha aseverado Ana Lanuza. «Hay que seguir con las pruebas. Son fundamentales», ha dicho.

Respecto al material, hay una única residencia que les ha trasladado que no dispone de suficiente, en concreto, batas, para poder atender a los residentes, y este extremo se trasladará también a Sanidad para que adopte las medidas oportunas.

Así mismo, la fiscal ha detectado que Sanidad no le había comunicado oficialmente a una residencia que quedaba intervenida bajo vigilancia sanitaria y la dirección ha lamentado haberse enterado de la noticia por la prensa. Tras ser intervenida, el protocolo se ha seguido correctamente, pero desde el centro se han quejado por la falta de comunicación desde Conselleria.

Desde el ministerio público consultarán los protocolos establecidos para la intervención de residencias al ver algunos centros con pocos residentes contagiados que sí están intervenidos, y otros con más afectados que no lo están, ha añadido Ana Lanuza sobre este asunto.

FALLECIDOS Y APERTURA DE CENTROS

La Fiscalía ha anotado un descenso en cuanto al número de fallecidos residentes por Covid, puesto que en la última semana se han quedado en 21 frente a los 41 de las dos semanas anteriores, lo que es una noticia alentadora.

Ana Lanuza se ha referido también a la posible apertura de estos centros para mayores a familiares y ha advertido de que es «peligroso», por lo que hay que tener «mucha cautela». Comprende la situación tanto de los internos como de las familias, los días de distanciamiento y aislamiento, «pero hay que ir con cuidado para no retroceder», ha alertado.

Y al respecto ha puesto como ejemplo de la necesidad de realizar los test el que en una residencia había un trabajador asintomático que generó, sin tener conocimiento de su situación, muchos contagios, algunos de los cuales fallecieron.

Por último, la fiscal ha querido destacar la labor que realizan todos sus compañeros del ministerio público con sus llamadas, preguntas y oficios a los centros de mayores para tenerlos más controlados y vigilados. Es un trabajo «duro y costoso» pero les permite tener un conocimiento detallado de la situación y evolución de cada centro.

Fuente Europa Press

Comparte: Internos en residencias de Requena temen hablar por miedo a posibles represalias