Agricultura, cuestión de Estado. Unidad de acción: soluciones concretas para el Campo

Requena (08/05/24)- CCPV-COAG

Ayer, 7 de mayo, tuvo lugar la rueda de prensa donde se presentó el siguiente documento reivindicativo:

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

1.- Una simplificación real de la PAC y eliminación de burocracia para agricultores y ganaderos. Desde el punto de vista del agricultor y ganadero, la nueva PAC incrementa de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables a la actividad agraria, constituyendo por sí mismas un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida fundamentalmente por microempresas, además de un coste adicional.

El Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura ha resultado decepcionante para nosotros, España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país y se centra de forma exclusiva en un paradigma ambiental con un enfoque burocratizado. Es desalentador que no se reconozca el compromiso con la sostenibilidad de la actividad agraria y los avances logrados en los últimos años en métodos respetuosos con el medio

ambiente, como son la producción integrada, la ecológica, el control biológico de plagas o la mejora de semillas que requieren menos tratamientos.

Actualmente, dentro de las negociaciones con las OPAs el Ministerio de Agricultura ha propuesto medidas de simplificación y flexibilización en la aplicación de la condicionalidad reforzada de las ayudas directas de la PAC y también de algunos eco-regímenes. Todas estas medidas suponen avances importantes sobre la situación de partida y facilitan la labor de nuestros agricultores y ganaderos. También se ha dado carácter voluntario al cuaderno

de explotación, a la vez que hay un compromiso para simplificar su contenido; y aunque existe un compromiso del MAPA, se debe seguir trabajando en conseguir una simplificación de la obligación de aportar fotografías georreferenciadas.

No obstante, seguimos pidiendo una revisión profunda de las principales políticas de la UE (PAC, comercio y medio ambiente) que se han impuesto sin tener en cuenta al sector primario.

COMERCIO INTERNACIONAL

2.- Cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales e introducción de las cláusulas espejo en los mismos. Las importaciones de productos agrarios y agroalimentarios a la UE sin cumplir las normativas europeas, reduciendo los precios internos y ejerciendo una competencia desleal, generan grandes impactos y un problema de competitividad en los agricultores y cooperativas. Los acuerdos de Libre comercio, generan impactos negativos en los agricultores y al mismo tiempo no tener las mismas reglas de juego genera una competitividad desigual en los mercados internacionales, en materia ambiental y social. En el comercio internacional y sobre las importaciones, es necesario establecer unas reglas productivas coherentes con la normativa de la UE, y esto no se cumple. Por otro lado, hay que asegurar un control efectivo y un respeto real de las importaciones con las normas comunitarias, observamos que en muchas ocasiones no se respetan los contingentes acordados ni se activan los mecanismos necesarios cuando se detectan alertas sanitarias en frontera. Proponemos la creación de una Comisión Permanente sobre importaciones.

CADENA ALIMENTARIA

3.- El objetivo de esta Ley de la Cadena Alimentaria debe ser garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, pero es muy difícil con regulaciones diferentes dentro de la UE, sin medidas de regulación de mercado y de protección de la producción europea en frontera. El Observatorio de la Cadena Alimentaria debe ser un instrumento de transparencia y referencia del mercado.

Debe respetarse el modelo de empresa cooperativa agroalimentaria, sacando del ámbito de actuación de la ley la relación entre el socio y su cooperativa, ampliamente regulada ya en su legislación específica estatal y de las CCAA. A efectos del registro de contratos alimentarios, las cooperativas agroalimentarias deben tener el mismo tratamiento que el resto de modelos empresariales, para evitar la desventaja competitiva que se está generando en estos momentos.

AGUA

4.- El Gobierno debe apostar de forma decidida por una Política hidráulica con inversiones en infraestructuras. La situación que vive el campo es desastrosa debido al déficit hídrico por la falta de lluvias, la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas y la falta de inversiones en infraestructuras durante décadas impide que, cuando llueve, esa agua pueda ser almacenada para utilizarla en épocas de escasez. Los agricultores no pueden mantener los niveles de producción y esto incide en el empleo en las cooperativas, que son las empresas que mantienen la economía en los pueblos. Es necesaria una apuesta decidida por el agua a nivel político, que incluya todas las fuentes posibles fruto de una estrategia consensuada entre administraciones, el agua no puede seguir siendo el arma arrojadiza entre distintas siglas políticas.

Concienciar de la importancia del regadío como sistema productivo, superando una imagen distorsionada de lo que significa y representa. Mejorar su imagen pública, y concienciar sobre su potencial productivo: un tercio de la tierra de labor supone dos tercios de la producción final agrícola.

GANADERÍA

5.- Reconocer la importancia de la ganadería extensiva e intensiva. El sector ganadero debe ser respetado y protegido ante ataques infundados. Están siempre en la diana de campañas de desprestigio que vinculan al sector con el calentamiento global o con enfermedades graves. La ganadería extensiva y el pastoreo es el mejor cortafuegos frente a las catástrofes ambientales, y la intensiva es una ganadería de precisión y eficiente que necesita de altas inversiones en impacto medioambiental y bienestar animal que las hace estar a la vanguardia del mercado mundial. Cualquier normativa que afecte a los sectores ganaderos, como las normativas de bienestar animal en granja y en transporte que se pretenden modificar en la UE, deben contar con estudios de impacto y debatirse bajo criterios de evidencia científica, no pueden poner en peligro la viabilidad económica y la competitividad de las explotaciones, especialmente en un mercado abierto.

Por otra parte, no podemos aceptar que las normativas españolas, en sanidad animal, bienestar animal, transporte, etc. incluyan exigencias que van más allá que las de la UE.

Rechazamos en ese sentido el plan sanitario integral, veterinario de explotación, etc.

TRABAJO

6.- Adaptación de la Reforma Laboral a las necesidades del campo por circunstancias de producción: aplicación de los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran. Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del SMI.

Se deben contemplar las particularidades del empleo agrario, que es de carácter temporal porque las campañas son limitadas en el tiempo, pero eso no significa precariedad laboral.

Además, exige un estudio profundo y de fondo referido tanto a la mano de obra como a las cargas sociales, y también coherencia y cooperación entre los diferentes ministerios activos en la materia, trabajo, migraciones e interior. También exigimos la reducción de cargas sociales, bonificaciones a los empresarios agrarios en seguridad social ante las continuas subidas reiteradas del SMI, el 54% en los últimos años, así como la adaptación y aplicación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrícolas.

RELEVO GENERACIONAL

7.- Medidas de apoyo reales al relevo generacional. Es necesario respaldar la incorporación de jóvenes hombres y mujeres a la actividad agraria y ganadera con medidas políticas, dándole prioridad en la concesión de ayudas, y económicas con bonificaciones.

Además, este reto exige no sólo asegurar la incorporación de los jóvenes al campo, sino también su permanencia, a través de la profesionalización y conseguir la rentabilidad de sus explotaciones. Para ello se debe fomentar su incorporación a empresas cooperativas agroalimentarias, así como activar programas de incentivación de jubilaciones anticipadas y transmisión de explotaciones a este colectivo. El relevo generacional es un reto estructural que necesita de una estrategia que vaya más allá del apoyo económico, dando prestigio a los profesionales del sector primario a través de la inversión en programas de formación y en servicios en las zonas rurales que las hagan más atractivas para la llegada y permanencia de las nuevas generaciones.

FINANCIACIÓN Y SEQUÍA

8.- Poner a disposición líneas de financiación bonificadas para 2024 (la actual línea ICO-MAPA-SAECA permite bonificar de forma general el 12 % del principal de los préstamos, y el 15% en el caso de los de las explotaciones ganaderas) para los sectores y territorios más afectados por la sequía, incluyendo aquellos agricultores de regadío afectados por la reducción de sus dotaciones. En este último caso, refinanciación de la amortización de los préstamos de modernización de los agricultores de regadío afectados por reducción de al menos un 50% de su dotación.

Las ayudas directas son necesarias para afrontar la sequía en consonancia con los costes de producción actuales, así como por el impacto en la comercialización de muchas cooperativas por la falta de producción. Aunque la cesta de la compra al consumidor haya alcanzado precios récord, la rentabilidad de las explotaciones brilla por su ausencia. El incremento de los costes productivos, unido a la merma de cosechas por la sequía, está llevando al sector a una situación límite, pues cuentan con la mitad de cosecha que les ha costado el doble producirla.

Por otro lado, las empresas cooperativas agroalimentarias deben contar con líneas de ayudas y de financiación propias para poder afrontar la falta de abastecimiento de sus productores socios, puesto que es una estructura con costes fijos que no pueden mantenerse sin producto que comercializar. Asimismo, las líneas de financiación bonificada aprobada deben adaptarse también a la realidad cooperativa, siendo sus límites máximos actuales claramente insuficientes para este modelo.

FISCALIDAD

9.- Adaptación de los límites de la Estimación Objetiva del IRPF (módulos) a 300.000 € en el sector agrario debido a la inflación de precios. Medidas para los agricultores y ganaderos en Estimación Directa del IRPF (incremento gastos de difícil justificación [10%], revisión amortizaciones, …)

SEGUROS AGRARIOS

10.- Garantizar el presupuesto necesario para cubrir las necesidades derivadas de los compromisos que se indican a continuación en seguros agrarios.

Atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático con fondos fuera del Seguro Agrario Combinado (SAC). Es IMPRESCINDIBLE separar los daños normales e indemnizaciones de los extraordinarios consecuencia del cambio climático. El Gobierno debe asegurar que estas indemnizaciones son atendidas con recursos ajenos al SAC. Asegurar la corresponsabilidad de las CCAA en el apoyo al SAC.

Revisar el actual sistema de subvenciones fijado en el Plan de seguros agrarios combinados.

Con el objetivo de definir las explotaciones prioritarias a la hora de destinar los fondos públicos. Se debe garantizar que los profesionales, jóvenes y socios de OPs (SS) lleguen al 70% de subvención.

Es preciso redefinir la subvención adicional por contratación colectiva (se trata de que los agricultores que contraten en colectivos que tengan asesoramiento a explotaciones, canalicen sus demandas a la Comisión general de ENESA, les apoye en la peritación, desarrollen programas de apoyo y fomento al seguro agrario, el colectivo tenga actividades más allá del seguro agrario… tengan 6 puntos de bonificación adicional).

MEDIO AMBIENTE

11.- Adaptar los compromisos y agenda del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor. El factor humano es clave para avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental. Los agricultores y ganaderos somos conscientes de nuestro papel como defensores de la tierra, y reconocemos la necesidad de continuar adoptando prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la protección de hábitats.

El sector productor es el responsable de aplicar todas las normativas que nos lleven a conseguir una sostenibilidad medioambiental, por lo que exigimos un diálogo continuado con el sector sobre los objetivos a conseguir, unos plazos posibles para cumplirlos, una financiación pública suficiente que compense los bienes públicos producidos que no paga el mercado y una coherencia entre las políticas medioambientales, por un lado, y las económicas y comerciales por otro. Por ello pedimos que se tenga en cuenta el papel de la agricultura y ganadería en las zonas rurales como parte esencial en la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la ley de la restauración de la naturaleza pretende suprimir la agricultura en determinadas zonas protegidas, algo inaceptable para nosotros.

FAUNA SALVAJE

12.- Suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).