martes, 26 noviembre
sábado, 6 diciembre
Fuente Elperiodico.com / Laura L. David / Valencia
Fue la acción más rotunda de Greenpeace hasta la fecha en España y también la que le puede costar la mayor condena. A pesar de ello, quienes, según la acusación, «asaltaron» la central nuclear de Cofrentes el 15 de febrero del 2011 mantienen que no estaban organizados, sino que se desplazaron a título particular, convocados por un SMS «anónimo». Entraron, según relataron ayer en el primer día de juicio, «andando» de forma «pacífica», sin que «nadie» les impidiera el paso. Dicen que se sorprendieron de lo «fácil» que fue, gracias a varios agujeros en las vallas que ya estaban allí cuando llegaron. Ninguno vio una radial, el instrumento que, según la fiscalía, usaron los 16 activistas de Greenpeace y el fotoperiodista Pedro Armestre para romper la seguridad de la central. Se encaramaron a una torre de refrigeración, desplegaron una pancarta y pintaron: Peligro nuclear. Protestaban para que no se alargara la vida de la central, como finalmente se hizo. Ahora se enfrentan a dos años y ocho meses de cárcel por desórdenes públicos, lesiones y daños.
Los nueve -todos socios o voluntarios de Greenpeace- de los 17 acusados que declararon ayer en la primera sesión del juicio contra ellos en el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia negaron haber herido a personal de seguridad, como mantiene la acusación, ejercida por Iberdrola (propietaria de la instalación) y los vigilantes. «Los vigilantes y los perros estaban descontrolados», declaró Juan Ignacio Garnacho. «Vi a un vigilante que cayó al suelo porque el perro tiraba mucho de él», relató María Elena Sancho, quien añadió que otro de los vigilantes «que estaba muy cerca de un alambre de espino» tenía «un siete en la camisa y una pequeña incisión y dijo: ‘Mirad lo que me he hecho por vuestra culpa’».
Los acusados mantuvieron que había más personas protestando además de ellos. «Unas 50», dijeron. «Hay muchos movimientos en contra de la energía nuclear», respondió Fausto Paricio a la pregunta de la fiscalía de si fue Greenpeace quien los convocó. La entidad ecologista se enfrenta al pago de una indemnización de cerca de 360.000 euros como presunta responsable civil subsidiaria.
En las cuestiones previas, el abogado de Iberdrola solicitó incorporar como prueba una grabación de las cámaras de seguridad de la central del día de los hechos, algo que la compañía no hizo en los más de tres años de instrucción del caso. La defensa pidió su retirada al considerar que las imágenes podrían haberse «manipulado» y no disponer la sala del conocimiento técnico para discernir al respecto. La jueza, no obstante, admitió la prueba.
