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Requena (18/04/18)
A la Asociación Hablamos Español le quedan algo más de tres meses para reunir las 500.000 firmas certificadas que han de entregar en el Congreso de los Diputados, para que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a favor de la Libertad de Elección de Lengua, se debata en el Congreso.
Debido a las trabas y zancadillas de algunos ayuntamientos de comunidades autónomas con lengua cooficial, la asociación pro libertad de elección de lengua ha tenido que reestructurar su campaña y prescindir de recoger firmas con mesa y carpa en algunas ciudades, y va a llevar a cabo otro tipo de iniciativas para compensar el tiempo perdido luchando en rifirrafes con ayuntamientos.
Tras el anuncio en prensa del éxito de las recogidas de firmas con las que arrancó la campaña, en la asociación Hablamos Español se han ido encontrando con todo tipo de trabas, boicots, e incluso cancelaciones. La casuística de lo sucedido a lo largo de estos meses es variada, y va desde declarar prohibido un punto de la ciudad para este tipo de actividades, justo después de recibir la petición de Hablamos Español para ese preciso lugar, hasta enviar a la Policía Local para amenazar con multas con los pretextos más peregrinos. En algunos casos, después de haber sorteado todos los obstáculos y haber satisfecho las más variopintas peticiones del departamento correspondiente, no se les envió el permiso supuestamente concedido, o se les requirió para que aportaran un listado con nombres y teléfonos de todas las personas que pudieran en algún momento participar en la recogida de firmas, algo completamente innecesario y con visos de tener intencionalidad disuasoria, tratándose de localidades “oficialmente” hostiles a la libertad de lengua. En otros casos la Policía Local conminó por teléfono a la presidente de la asociación, Gloria Lago, a que se retiraran unas inexistentes pancartas bajo la amenaza de multa. En tres casos hubo que suspender la actividad por presiones de la Policía Local. Dos de ellos han dado lugar a una queja ante el ayuntamiento, y otro ha desembocado en una denuncia en Comisaría. En otros casos se eternizaba la concesión del permiso con todo tipo de pretextos, entre ellos alguno tan ridículo, como que el funcionario se sentía incapaz de interpretar la póliza de seguro de la asociación. Este tipo de problemas sucedieron en lugares de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. En Galicia está previsto iniciar la campaña en la calle en mayo, buscando una climatología más favorable. En otras ciudades de España los permisos se concedieron sin problemas.
Hablamos Español sigue cosechando un enorme apoyo, y allí donde se han podido organizar recogidas de firmas, se forman colas incluso antes de haber instalado la mesa, y las personas que acuden, protestan y se lamentan de lo absurdo que resulta que la gente de a pie tenga que organizarse para que se vean reconocidos unos derechos tan básicos como poder escolarizar en español a los niños en cualquier lugar del país, ser atendidos en la lengua común en todos los organismos oficiales de España, y no ser discriminado a la hora de acceder a un empleo público.
La asociación pro libertad de lengua ha optado por incrementar las recogidas de firmas en localidades más pequeñas y en las ciudades más problemáticas asistirá a lugares de grandes concentraciones, para recoger firmas sin mesa pero con grandes globos que les den visibilidad. Por otra parte, se ha intensificado la red de fedatarios, que ya en número de 1.700, distribuidos por toda España, recogen y dan fe de la autenticidad de las firmas.
La campaña de Hablamos Español, no solo tiene como meta lograr las firmas necesarias para llevar la ILP de Libertad de Elección de Lengua al Congreso, sino también informar, lograr que en toda España se sepa que este problema afecta ya a todas las comunidades autónomas con cooficialidad, y que la solución está en aplicar una ley como la que propone Hablamos Español, homologable a la legislación de todos los países con más de una lengua en parte de su territorio, un sistema positivo para los alumnos y para todos los ciudadanos, el único acorde a la vez con la doctrina del Tribunal Constitucional y con los tratados internacionales suscritos por España.
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