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El reconocimiento por el Parlamento Europeo de estos territorios desfavorecidos, con menos de 12,5 hab/km2, y con menos de 8, respectivamente, supone poder aplicar ya el art. 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
El nuevo mapa de la despoblación realizado por Pilar Burillo, con datos de 2018, muestra la debacle poblacional que se está produciendo en el 54% del territorio español, que debe declararse en situación de “catástrofe demográfica”
Requena (15/03/19) Fuente: La Serranía Celtibérica
El pasado 14 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes para el reparto de los futuros fondos europeos que reconoce, por primera vez, la despoblación, y los criterios que definen las áreas con desventajas y desafíos naturales o demográficos delimitadas por agrupación de unidades administrativas locales (LAU): el de las áreas escasamente pobladas, con una densidad de población inferior a 12,5 km2; y el de las muy escasamente pobladas, para las de menos de 8 hab/km2.
Este reconocimiento es un hito en la lucha contra la despoblación que se alcanza gracias a las alegaciones presentadas por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Valcárcel, respaldadas por unanimidad tanto por los eurodiputados españoles populares como socialistas.
Varcárcel conoció, víspera del período de presentación de alegaciones, el trabajo realizado por la investigadora de la Universidad de Zaragoza y experta en SIG y en análisis demográficos, Pilar Burillo, quien, aplicando una metodología única en Europa, desde la Asociación Instituto para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, en Teruel, había delimitado los territorios, aplicando estos parámetros que dieron lugar al primer mapa de la despoblación de España y Sur de Europa que se realizaba.
Este reconocimiento por parte del Parlamento Europeo implica, además, que el Gobierno de España puede aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 10 áreas escasamente pobladas o SESPAs. Esto supondría, entre otras medidas, que estas áreas desfavorecidas se beneficiaran de las ventajas que, hasta ahora, solo disfrutaban en Europa las insulares ultraperiféricas, como es el caso de Islas Canarias. Con el nuevo Reglamento, las áreas de baja densidad deben gozar de forma inmediata de medidas que, por ejemplo, favorecerían la creación de empleo, mediante la aplicación a las empresas de un IVA del 7% y de un impuesto de sociedades del 4%. También afectaría al ámbito sanitario, tan reclamado desde el rural, cuyo personal podría beneficiarse de un incremento salarial y de importantes descuentos fiscales si fijaran sus domicilios familiares en estos territorios. Unas ventajas que repercutirían, igualmente, en el ámbito de la Educación.
Es importante señalar que estos beneficios fiscales, que favorecerían la fijación de población en el medio rural, no implicarían grandes costes para el Estado, ya que, en el caso de Canarias, estas medidas están afectando a una población de 2.127.685 habitantes que viven en 7.447 km2 y una densidad de 283 hab/km2. En el caso de las áreas despobladas de España, repercutiría en una población censada de 2.520.651 personas que habitan en 272.995 km2, lo que da una densidad media de 9,23 hab/km2.
Una nueva tipología territorial
El acuerdo nº 2016 / 0393 de la Comisión Euroepa señalaba que se debía añadir a las tipologías territoriales de NUTs 2, o Regiones, y NUT 3, o provincias, otras nuevas que delimitaran las áreas rurales y urbanas. El objetivo, que Eurostat pueda ofrecer una información fidedigna “para reducir las disparidades entre las regiones europeas y fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en las regiones y zonas desfavorecidas, en el marco de la política de cohesión y desarrollo territorial”.
Las áreas urbanas ya están definidas desde el año 2000, como “Áreas Urbanas Funcionales”, de forma que incluyen las ciudades con más de 50.000 habitantes y las franjas periurbanas colindantes. Así la de Madrid tiene 6.717.713 habitantes, pues se extiende por los municipios colindantes de Castilla la Mancha, caso del corredor del Henares.
Sin embargo, las áreas rurales, que ya estaban delimitadas por la investigadora Pilar Burillo agrupando municipios hasta formar territorios continuos por debajo de 8 hab/km2 y 12,5 hab/km2, no estaban reconocidas hasta el acuerdo del 14 de febrero.
El papel de las entidades locales en la gobernanza multinivel.
Los nuevos criterios europeos recogidos en el Reglamento de Disposiciones comunes suponen, además, el reconocimiento de la autoridad de las entidades locales o municipios en el reparto de los fondos europeos como entidades finalistas, una gestión que se realizaría siguiendo un modelo de gobernanza multinivel impulsado por la Unión Europea. Llamando a la participación de los actores sociales, económicos e investigadores en la elaboración y ejecución de la política comunitaria.
El “Libro Blanco sobre la gobernanza” de la Comisión europea establece que una buena gobernanza debe basarse en cinco principios acumulativos: la transparencia institucional, la participación ciudadana, la responsabilidad de los agentes implicados, la eficacia en la toma de decisiones y un esfuerzo continuado de coherencia
