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Requena (15/11/18) Redacción
El Gobierno, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha desempolvado una vieja obligación contenida en la subasta del concurso por el que se adjudicó en 2011 a estas operadoras las licencias de cuarta generación de telefonía móvil (4G) para obligarles a llevar la banda ancha veloz a casi seis millones de personas que viven en el ámbito rural. Las tres compañías deberán repartirse ahora los municipios y el coste del plan, ya que no cuenta con ayudas públicas pese a la propaganda del anterior Gobierno. Para ello, han contratado a la consultora externa Aptica y presentarán su plan de despliegue al Gobierno antes del 31 de diciembre
Antes del 1 de enero de 2020, el 90% de los ciudadanos de los municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán que tener una conexión de banda ancha de 30 Mbps, y este porcentaje no podrá ser inferior al 85% en ninguna de las comunidades autónomas La medida afectará a cuatro millones de hogares y a casi seis millones de personas que viven en el ámbito rural, según fuentes del sector.
Pero esa extensión de Internet de calidad correrá a cargo de las compañías privadas y, pese a la propaganda oficial de los sucesivos gobiernos, no contará con un solo euro de ayudas públicas. De esta manera, España podrá cumplir (casi) con uno de los objetivos de la Agenda Digital que establece para el año 2020 extender hasta el 100% de cobertura las redes de 30 Mbps. El otro objetivo es alcanzar un 50% de penetración de servicios de al menos 100 Mbps.
El 19% de la población española tiene un nivel de cobertura menor a los 30 Mbps según los últimos datos oficiales correspondientes al 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital dependiente del Ministerio de Economía.
El Boletín Oficial del Estado publicaba la orden por la que se activa este plan de extensión de banda ancha que, en realidad, data de una obligación que se incluyó en la subasta de frecuencias de 800 Mhz del 4G en 2011. El plan no se ha podido poner en marcha desde entonces porque los operadores no dispusieron de esas frecuencias hasta bien entrado 2015, debido a que estaban ocupadas por las televisiones. Posteriormente, el Gobierno fue dilatando los plazos del también llamado plan 800 hasta que el actual Ejecutivo lo ha puesto en papel oficial.
De acuerdo con la orden ministerial, los operadores tienen dos meses para presentar una propuesta conjunta en la que se indique el número de ciudadanos a los que prevé proporcionar cobertura adicional cada una de las firmas. Eso sí, el Ministerio les da libertad para usar cualquier solución tecnológica, es decir, podrán utilizar fibra óptica, cable, ADSL o tecnologías inalámbricas.
El plan, no obstante, cuenta con los recelos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que estima que el reparto del mercado podría dar lugar a la configuración de «monopolios zonales» y a la eliminación de facto de la competencia en el mercado minorista de banda, entre los tres operadores licenciatarios y frente a terceros.
